jueves, 5 de enero de 2012

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EN ESPECIAL, LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS MEDIOAMBIENTALES.


RECOMENDACIÓN GENERAL DEL ARARTEKO 12/2011, DE 28 DE DICIEMBRE


DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EN ESPECIAL, LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS MEDIOAMBIENTALES.


Vitoria-Gasteiz

RECOMENDACIONES

• El Gobierno Vasco -partiendo de la legislación básica estatal- debe proponer una ley que regule la participación ciudadana en los asuntos públicos dentro de nuestra Comunidad Autónoma. Esa norma deberá fijar un marco jurídico propio y regular el derecho de las personas de forma individual o a través de organizaciones, a participar conforme a los principios incluidos en esta recomendación.

• En relación con el medio ambiente también resulta prioritario que el Gobierno Vasco adecue estos principios y los derivados en el Convenio de Aarhus en la Ley 3/1998, de 27 de mayo, General de Medio Ambiente.

En esta norma deberá establecerse los mecanismos suficientes para garantizar la participación real y efectiva en las distintas actividades sujetas a control ambiental (autorización ambiental integrada, evaluación de impacto ambiental, licencia de actividad clasificada así como en las actividades comunicadas) y en aquello planes, programas, políticas públicas o instrumentos normativos que puedan tener un efecto significativo sobre el medio ambiente.

• Ordenanzas municipales. Los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán promover la aprobación de reglamentos que regulen la participación ciudadana, en especial, la medioambiental.

• Las administraciones públicas vascas deberán dotarse de los medios suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de esta legislación. En especial, las administraciones locales deben hacer los esfuerzos necesarios para dotarse de los medios técnicos, materiales e incluso personales para que los procesos decisorios resulten efectivos. Asimismo, deben ponerse medios para dotarse de planes de educación ambiental dirigidos a la ciudadanía, a las personas responsables de la tramitación de estos procedimientos y a las autoridades encargadas de tomar las decisiones.

• Es necesario que las administraciones públicas propicien mecanismos de participación para la gestión de conflictos derivados del funcionamiento de actividades que implican afecciones al medio ambiente en los que esté representada la ciudadanía y las asociaciones interesadas. En estos foros es fundamental mantener un constante acceso a toda la información disponible y establecer cauces de comunicación entre las distintas partes. Asimismo los procesos de participación son válidos para conseguir una adecuada gestión de otros conflictos generados por actividades de escasa incidencia medioambiental pero con una amplia repercusión social.

• En relación con los procesos de participación existentes consideramos que las administraciones concernidas deben poner los medios y la voluntad política suficiente para cumplir con unos estándares básicas de calidad para la participación en asuntos ambientales basados en los siguientes planteamientos:

- Las autoridades y el personal de la administración deben propiciar el respeto mutuo de todos los agentes participantes en los procesos participativos y, en especial, de las asociaciones constituidas en defensa de los intereses colectivos.

- La administración debe identificar al público interesado en los expedientes medioambientales para instarle, de oficio, a personarse en el expediente como parte interesada. Ese llamamiento está principalmente dirigido a aquellas asociaciones surgidas o ubicadas en torno al proceso ambiental objeto de participación. En aquellos casos en los que se prevea una importante contestación social la administración deberá propiciar un debate previo entre promotor y público interesado.

- Con carácter previo al proceso de participación, la administración debe poner de manifiesto, por los medios adecuados, toda la información que obre en poder de la administración. La administración debe buscar formulas electrónicas para favorecer la difusión, al menos entre las personas interesadas, de los nuevos documentos o trámites que se vayan siguiendo.

- Los plazos previstos para la participación deben dejar tiempo suficiente para que esta cumpla su finalidad. La legislación tendrá en cuenta los periodos vacacionales a la hora de fijar plazos para la participación pudiendo plantear la prórroga de los plazos previstos cuando el periodo coincida con el mes de agosto de los plazos.

- Los procesos de participación deben partir de una propuesta abierta. Dentro de las opciones a valorar en la evaluación ambiental estratégica debe tenerse en cuenta la opción de no intervenir (la alternativa 0). El proceso deliberativo debe estar dotado de medios que permitan acceder a toda la documentación, plantear todas las observaciones y propuestas por escrito o mediante otras técnicas de participación para propiciar ese diálogo (los foros ciudadanos, jurados populares).

- Asimismo, es fundamental que todas las personas interesadas en el procedimiento reciban información sobre el resultado que deberá incluir información sobre la decisión, sobre las alegaciones presentadas y sobre la influencia del proceso de participación en el proceso.


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El Ararteko pide un control ciudadano de los planes que afectan al medio ambiente


El Ararteko pide un control ciudadano de los planes que afectan al medio ambiente

Reclama un proyecto de ley que regule la participación de particulares y colectivos en los proyectos que generan «contestación social»

05.01.12 - 02:26 -
El Ararteko, Íñigo Lamarca, ha pedido al Gobierno vasco que elabore un proyecto de ley para reconocer y regular el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y, en particular, para propiciar debates sobre los proyectos que tienen efectos sobre el medio ambiente y generan «una importante contestación social». La propuesta del 'ombudsman' figura en una recomendación dirigida a las instituciones que fue conocida ayer. En ella sugiere al Ejecutivo vasco que, partiendo de la legislación básica estatal, elabore un texto para que los ciudadanos puedan intervenir, bien de forma individual o a través de organizaciones sociales.
Lamarca cree que las diferentes administraciones de la comunidad autónoma tienen la obligación de garantizar el protagonismo «real y efectivo» de los vecinos en todos aquellos planes, programas, políticas públicas o instrumentos normativos que puedan tener efectos significativos sobre el entorno. En ese sentido cita una serie de casos concretos: la autorización ambiental integrada, la evaluación de impacto ambiental y la licencia de actividad clasificada.
El Ararteko cree que las instituciones deberían identificar al público interesado en los expedientes medioambientales para instarlo, de oficio, a personarse en los procedimientos como parte interesada. Y en los casos en los que es de esperar una fuerte controversia, la Administración competente tendría que facilitar un debate «entre promotor y público interesado», abriendo la puerta a la ciudadanía y a las asociaciones implicadas en la polémica.
En opinión de Lamarca, los poderes públicos no solo han de poner «los medios y la voluntad política suficientes» para que la sociedad disfrute de cauces de participación, sino para que lo haga, además, «con unos estándares básicos de calidad». Por ese motivo sugiere la búsqueda de «fórmulas electrónicas para favorecer la difusión» de los nuevos documentos y de los trámites que se vayan sucediendo en relación a un determinado proyecto. Al mismo tiempo exige que el resultado del procedimiento sea comunicado finalmente a todas las personas que estaban interesadas en él.

Plazos suficientes
Lamarca subraya que la legislación sobre participación ciudadana solo tiene sentido si contempla unos plazos que dejen «tiempo suficiente para que cumpla su finalidad». A su modo de ver, los ayuntamientos tienen que mejorar los instrumentos para que los vecinos manifiesten su parecer. Para ello sugiere reglamentos que encaucen el sentir social tanto de carácter general como específicamente para los temas ecológicos.
El 'ombudsman' recuerda que los debates también son útiles para lograr una «adecuada gestión» de muchas polémicas generadas por actividades con escasa incidencia medioambiental pero «con una amplia repercusión social».

domingo, 1 de enero de 2012

La protección del suelo no urbanizable ¿Un camino sin vuelta atrás?

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2011, en relación con el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, abunda en la jurisprudencia ya consolidada acerca del régimen de clasificación del suelo no urbanizable y su azarosa regulación desde la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (por todas, sobre el Plan General de Madrid). De nuevo rechaza el Tribunal el carácter reglado de la potestad de clasificación de suelo urbanizable como residuo de la clasificación igualmente reglada del suelo urbano y no urbanizable. Tal fue la pretensión del legislador estatal para inundar España de suelo urbanizable, cuestionada formal y materialmente por una parte sustancial de administrativistas y urbanistas, rechazada por el Tribunal Constitucional y Supremo.Poca discusión cabe al respecto tras las Sentencias del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, y 164/2001, de 11 de julio. El Estado carece de competencias suficientes para limitar, por un lado, la regulación autonómica de la clasificación en tanto técnica urbanística condicionando el modelo urbanístico que corresponde a cada Comunidad decidir y para eliminar, por otro, toda discrecionalidad en aplicación de dicha regulación por parte de administraciones autonómicas y municipios en el planeamiento general. Cualquier regulación de la clasificación o la calificación del suelo que trascienda de lo puramente instrumental, de lo indispensable para concretar las condiciones básicas de la propiedad urbana, prefigurando un modelo urbanístico, sería contraria a la Constitución por resultar lesiva de las competencias autonómicas y municipales. Constitucionalmente los interrogantes parecen resueltos por más que la posterior Sentencia del Tribunal Constitucional 54/2002, de 27 de febrero, apelase a los vagos “límites de la realidad” en relación con el suelo urbano.

La gran novedad de la Ley 6/1998 fue el intento de convertir el suelo urbanizable la resultante de la aplicación de criterios reglados de clasificación del suelo urbano y fuertemente reductores de la discrecionalidad en la clasificación del suelo no urbanizable. Era concluyente el apartado segundo de su exposición de motivos al señalar el propósito de “facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado”. Sin embargo, tal propósito difícilmente podía hacerse realidad con un régimen de clasificación del suelo que, aun alterando la clase residual, otorgaba un amplio margen de discrecionalidad para clasificar el suelo no urbanizable, en el que era posible distinguir el directa y especialmente protegido como resultado de la aplicación de leyes o instrumentos de ordenación sectoriales prevalentes respecto del planeamiento urbanístico, el protegido por éste conforme a los criterios legalmente establecidos y el preservado del desarrollo urbano por considerarlo inadecuado para el mismo. Por eso el Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, trató alcanzar el objetivo propuesto por el legislador eliminando toda referencia expresa a la posibilidad de que planificador urbanístico pudiera clasificar terrenos como no urbanizables, intentando suprimir así la tercera categoría de suelo no urbanizable de las anteriormente enunciadas. Sorprendentemente, la Ley 10/2003, de 20 de mayo, resultante de la tramitación parlamentaria del Real Decreto-ley 4/2000 tras su convalidación reintrodujo la posibilidad de clasificar suelo no urbanizable por inadecuación para el desarrollo urbano “bien por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística”. Una vez más nos hallamos ante el péndulo normativo español funcionando a pleno rendimiento.

En cualquier caso, aun cuando la normativa expuesta afectase gravemente al régimen jurídico de la clasificación del suelo tradicional en España y a la práctica de planeamiento, el resultado final dependía en primera instancia de lo establecido en la legislación autonómica y, a la postre, de la propia planificación. Sería, en definitiva, el planeamiento general el que adoptase las decisiones procedentes sobre el ámbito del suelo no urbanizable, incluso sobre la base de criterios de oportunidad, discrecionales, acerca de la adecuación al modelo de desarrollo urbano. El planificador delimitaría el ámbito del suelo urbano, diseñaría un modelo de desarrollo urbano y definiría en función del mismo el ámbito del suelo no urbanizable, de manera que el suelo urbanizable así clasificado residualmente resultase coherente con dicho modelo.

El caso de la revisión del Plan General de Zaragoza, objeto de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2011, que da pie a este comentario, permite entender perfectamente las distorsiones y problemas que la normativa expuesta produjo y, de forma póstuma, puede llegar a producir en el futuro. La revisión de dicho Plan se aprobó inicialmente antes del Real Decreto-ley 4/2000, provisionalmente tras él y antes de la Ley 10/2003 y definitivamente mediante acuerdos sucesivos del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón de 13 de junio de 2001, con determinadas prescripciones, suspensiones y recomendaciones, 23 de julio de 2001, 25 de septiembre y 19 de diciembre de 2002, antes pues de la Ley 10/2003. Posteriormente, se redactó un texto refundido al cual el propio Consejo mostró conformidad y fue objeto de aprobación mediante acuerdo de 20 de junio de 2008.

En el contexto temporal y normativo expuesto, lejos de asumir el municipio los objetivos del legislador estatal (pese a que Estado y municipio eran gobernados por el mismo grupo político), el ayuntamiento optó por ampliar en la aprobación provisional el suelo no urbanizable especialmente protegido acreditando la existencia de valores que determinaban la necesidad de protección, adoptada bajo la redacción de la Ley 6/1998 derivada del Real Decreto-ley 4/2000 y la Ley aragonesa 5/1999, de 25 de marzo, urbanística (coherente con la redacción original de la Ley estatal). Para ello se incorporó a la Memoria del Plan un “Estudio sobre el medio natural, productivo agrario, paisajístico y cultural del término municipal de Zaragoza” realizado por un equipo de investigadores del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza que propone y justifica la clasificación de la práctica totalidad del suelo no urbanizable del Plan General de 1986 como suelo no urbanizable especialmente protegido por razón de la concurrencia de valores concretos y no por su inadecuación para el desarrollo urbano o la coherencia del modelo territorial del Plan. En concreto, se afirma en dicho documento que “el cumplimiento de estos objetivos se materializa en la definición de categorías de protección urbanística de los ecosistemas naturales y productivos, así como en la protección de los bienes del patrimonio cultural y del paisaje en el espacio natural y rural. Se justifica, por otra parte, la inclusión como espacio no urbanizable de áreas con peligrosidad natural y situaciones de riesgo” (página 18). El objetivo general, que se desagrega en el documento en objetivos concretos, es “el restablecimiento de relaciones equilibradas entre la ciudad y su entorno exige restaurar el espacio rural degradado y revitalizarlo ecológica, cultural y económicamente para satisfacer las nuevas demandas sociales de calidad de vida” para frenar el “crecimiento irracional y continuado de la ciudad […]. Multitud de agresiones y ocupaciones no sólo rompen la estabilidad del espacio agrícola y los ecosistemas naturales, sino que hacen desaparecer las oportunidades y beneficios que éstos pueden proporcionar a la ciudad. Los barbechos sociales invadidos por vertederos ilegales junto a carreteras y caminos o actividades oportunistas como depósitos de chatarras y desguaces, son la consecuencia de un planeamiento urbanístico concebido desde la lógica autista de la ciudad que define su entorno como la negación de lo urbano” (página 18). Identificar valores determinantes de protección del desarrollo urbano y clasificar en función de los mismos son, pues, ejes esenciales del estudio hechos suyos por el planeamiento.

El suelo no urbanizable genérico quedó prácticamente reducido a la nada y el suelo urbanizable, aun cuando creció, en modo alguno lo hizo a satisfacción de la legislación estatal. Subyacía la convicción municipal de la inexistencia de discrecionalidad para clasificar suelo no urbanizable genérico, que sin embargo ha admitido ahora explícitamente el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de marzo de 2011, FJ 4). El municipio ni quiso perder ni perdió su capacidad directiva del modelo de ocupación del territorio. Tal fue la situación resultante de un proceso de revisión como el del Plan General de Zaragoza, que convivió con cuatro normas legales estatales (desde la aprobación inicial hasta el definitivo texto refundido) y una autonómica (obviando las reformas posteriores a la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, en gran medida inocuas para un plan general aprobado mucho antes de su entrada en vigor). En el siguiente comentario expondré cómo valoró la situación el Tribunal Supremo y qué efectos futuros pueden seguirse en supuestos como éste en función de las consideraciones del Tribunal y la normativa actualmente ambiental, de patrimonio natural y biodiversidad y de suelo actualmente vigente.

En mi anterior comentario quedaba expuesta la situación normativa y los criterios con los que se clasificó el suelo no urbanizable en el Plan General de Zaragoza. Actualmente la normativa estatal nada establece acerca de la clasificación que, por tanto, es cuestión que queda por entero remitida al legislador autonómico. Sin embargo, la perspectiva adoptada por la misma al abordar el régimen del suelo en tanto recurso natural subordinado a las exigencias del principio de desarrollo sostenible, entre otros, hace que, al definir el suelo rural, de nuevo se condicione el régimen jurídico y la práctica de la clasificación. Debe tenerse presente, a este respecto, que está en la situación de suelo rural en todo caso el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización “que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos otros con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística” [art. 12.2.a) Ley de Suelo, texto refundido aprobado mediante Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio]. Esto supone la asunción como contenido vinculante para el planificador territorial y urbanístico de contenidos propios de otros planeamientos que, en cuanto introduzcan las determinaciones señaladas el precepto trascrito, deberán comportar la preservación del suelo de su transformación y su consecuente clasificación como no urbanizables. Tal será el efecto de la existencia de infraestructuras viarias, hidráulicas, portuarias, aeroportuarias, entre otras, o de la existencia de instrumentos de protección ambiental, entre los que debe mencionarse especialmente la inclusión en la Red Natura 2000, o del patrimonio cultural, u otros que identifiquen riesgos naturales o tecnológicos, tales como los que plasmen los mapas de ruido o los mapas de peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgo por inundación que habrán de elaborarse antes del 22 de diciembre del 2013 en cumplimiento de la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

Preservado el suelo, sólo la desaparición de los valores que determinaron tal preservación puede justificar que el planeamiento, eliminándola, autorice su transformación. Los términos categóricos del artículo 13.4 de la Ley de Suelo no pueden interpretarse de otro modo. Así, si por un lado “la utilización de los terrenos con valores ambientales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice”, por otro “sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada”, imponiéndose la regla, además, para garantizar la participación en tal decisión de exclusión de la Red Natura 2000, que “la alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación”.

De este modo se garantiza, primero, el mantenimiento de los terrenos con los valores enunciados en su estado natural preservándolos en todo caso y, luego, se impide la desprotección salvo que desaparezcan los valores correspondientes conforme a criterios científicos, excluyendo, por tanto, cualquier posible ponderación de intereses en el marco de las exigencias del principio de desarrollo sostenible. No podrán sacrificarse tales valores en aras de las exigencias de desarrollo, lo cual reforzará en gran medida el mantenimiento de los espacios protegidos conforme a las Directivas 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En lo que respecta a esta última tales espacios fueron delimitados por Decisión 2006/613/CE, de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. En esta línea avanza, también, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la biodiversidad, que establece la consideración de los lugares de importancia comunitaria, las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves como espacios protegidos, con la denominación de espacio protegido Red Natura 2000 (artículo 45.2), exige la conexión de las diferentes áreas que la integran mediante corredores ecológicos (artículos 20 y 46) y ratifica las restricciones a su descatalogación total o parcial a aquellos supuestos en que así lo justifiquen los cambios provocados por la evolución natural, científicamente demostrada, de tales espacios (artículo 51).

La Sentencia de 3 de julio de 2007 sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid reforzó una jurisprudencia rotunda acerca del régimen jurídico de la clasificación del suelo no urbanizable especial o protegido (anteriormente, Sentencias de 3 de noviembre de 1998, 17 de febrero de 2003, 25 de octubre de 2006 y 11 de mayo de 2007) conforme a la cual “en la modificación del suelo «no urbanizable especialmente protegido» el autor del planeamiento no dispone de una plena discrecionalidad, no siendo posible el cambio de clasificación del suelo cuando no concurren las circunstancias físicas que lo hacen posible. Mientras no se acredite que se han perdido los valores «agrícolas», «forestales», «ambientales», o, «de otro tipo» que justificaron la adscripción original el cambio no es posible” (Sentencia de 3 de julio de 2007, FJ 10; posteriormente, en sentido similar, Sentencias de 3 de julio de 2009 y 12 e febrero, 14 de mayo y 7 de junio de 2010). Dicha jurisprudencia va más allá de lo establecido en la Ley de Suelo y en la Ley 42/2007, pues alcanza a todos los valores determinantes del establecimiento del régimen de protección en el instrumento de planeamiento que se trata de modificar. Sólo la pérdida de tales valores, sin precisar en qué circunstancias, puede permitir la vuelta atrás en la decisión de protección.

Llegamos así a la Sentencia de 25 de marzo de 2011 sobre el suelo no urbanizable del Plan General de Zaragoza. Vaya por delante la constatación de que no altera la jurisprudencia del Tribunal que se acaba de exponer pues, aun cuando estima el recurso de casación por haberse infringido en instancia las reglas sobre valoración de la prueba, desestima el recurso contencioso-administrativo porque “es errónea la interpretación que ofrece la sentencia recurrida cuando incardina en el ámbito de discrecionalidad de la Administración la apreciación de si existen o no valores a preservar y, en definitiva, si debe otorgarse o no al suelo una especial protección. Tal interpretación de la Sala de instancia es contraria a la establecida en la jurisprudencia que hemos reseñado” con independencia de que concurra algún régimen especial de protección incompatible con su transformación (sujeción formal del plan) o de que sin llegar a ser así la clasificación resulte necesaria para salvaguardar determinados valores concurrentes aun cuando exista un cierto margen de apreciación que en modo alguno convierte la potestad en discrecional (Sentencia de 25 de marzo de 2011). La discrecionalidad para clasificar suelo no urbanizable empieza donde acaba la necesidad de proteger el suelo para salvaguardar los valores legalmente establecidos y alcanza, en ese ámbito, todos los suelos que hayan de excluirse del desarrollo urbano por coherencia con el modelo incorporado al planeamiento general. Afirma en este sentido el Tribunal que “existe una jurisprudencia consolidada que afirma que la categorización del suelo no urbanizable de protección especial no es potestad discrecional, sino reglada, resultando obligado asignar esa clasificación específica cuando concurren valores merecedores de tal protección” (FJ 5).

En el caso de Zaragoza, por tanto, la cuestión se contrae a la valoración de la motivación de la clasificación del suelo como no urbanizable especial por parte del Ayuntamiento, por un lado, y de la prueba practica por las partes, por otro (Sentencia de 25 de marzo de 2011, FJ 6). El Tribunal Supremo consideró suficientemente motivada la decisión municipal y autonómico, determinante de la necesaria clasificación del suelo como no urbanizable especial, y consecuentemente desestimó el recurso. Cuestión distinta es que, probablemente, la prueba practicada por la parte recurrente no fue bien planteada pues se dirigió no a combatir las razones esgrimidas por la administración para justificar la clasificación sino a acreditar la idoneidad de los terrenos para ser transformados urbanísticamente. Es decir, la parte planteó una prueba útil en el caso de que los terrenos hubieran sido clasificados como suelo no urbanizable genérico, aunque en ese caso aun hubiera sido objeto de discusión la motivación, coherencia y racionalidad de la decisión de clasificación atendiendo al modelo de desarrollo del Plan General, esta sí de naturaleza discrecional, pero obvió la necesidad de cuestionar la concurrencia de los valores determinantes de protección que, según sostiene el Tribunal Supremo, obligan al municipio y a la administración autonómica a clasificar tales terrenos como suelo no urbanizable especial.

La posición del Tribunal resulta, pues, muy clara. Tan clara que complica extraordinariamente el futuro del urbanismo de municipios que, como el de Zaragoza, optaron por ampliar la protección del suelo no urbanizable especial a la mayoría de su término municipal para combatir los criterios de clasificación de la normativa estatal de 1998-2000. Y es que, sentado el carácter reglado de todo el suelo no urbanizable especial actualmente clasificado como tal, como afirma la Sentencia de 3 de julio de 2007 “mientras no se acredite que se han perdido los valores «agrícolas», «forestales», «ambientales», o, «de otro tipo» que justificaron la adscripción original el cambio no es posible” (FJ 10). Ni más ni menos. Para desproteger serán precisos más estudios, rigurosos, que en el caso de terrenos incluidos en la Red Natura 2000 deberán además acreditar que la desprotección la justifican “los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada”. Casi nada.

* Julio Tejedor Bielsa es Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y Abogado. Durante los últimos años ha ocupado diversos cargos políticos. Es autor de diversas obras de referencia sobre el Estado autonómico, derecho deportivo, ordenación del territorio, urbanismo y política de vivienda.