jueves, 4 de mayo de 2017

Obstáculos para acceder a la información medioambiental y urbanística

Los Ayuntamientos de Mundaka, Sukarrieta y Busturia ponen todo tipo de obstáculos para acceder a la información medioambiental y urbanística en sus tablones de anuncios, WEBs Municipales, y redacción de actas o Decretos de Alcaldía.

Aducen los secretarios y asesores legales de esas tres entidades locales que  "el acceso a la información contenida en determinados expedientes y proyectos de obras, dado que entienden que la estimación de la solicitud podría afectar a derechos e intereses legítimos de terceros, propietarios proyectos de obras, de edificios y titulares de actividades".

Sin embargo esta argumentación es continuamente rebatida por el Defensor del Pueblo (Tanto el Estatal como el Autonómico) que afirma que tal actitud "es contraria al tenor literal de las leyes y también al sistema y principios de acceso a los documentos que obran en los expedientes administrativos. Lo que pretendía el interesado al solicitar copia de dichos expedientes era comprobar la adecuación de esos edificios u obras a la normativa urbanística local vigente".

Existe una abundante jurisprudencia que sostiene que el ejercicio de la acción pública se reconoce a favor de los ciudadanos, incluidas tanto las personas físicas como las jurídicas, y que no requiere una especial legitimación, como puede ser la derivada de un título de propiedad; de manera que la actuación de los ciudadanos que instan poner en marcha un proceso, es lícita y ajustada a Derecho aunque sólo invoquen el interés de cualquier ciudadano en la preservación de la legalidad urbanística, aun sin pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada.

En suma, el derecho de información, genéricamente referido a cualquier actuación administrativa, tiene especial relevancia en el derecho urbanístico, donde el control de la observancia de la legalidad, así como la de los planes y demás instrumentos de ordenación y de gestión urbanística, puede ser instada por cualquier ciudadano, conforme al artículo 4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008). En los expedientes urbanísticos todas las personas disponen de la condición de interesadas sin necesidad de acreditar legitimación especial.

En un acta del Ayto. de Busturia (incorrecta)

En lo relativo al suelo y al urbanismo este derecho a la información y al acceso a los expedientes está directamente relacionado con la acción pública, que faculta para actuar a cualquier ciudadano o grupo sin necesidad de acreditar interés directo para asegurar el cumplimiento de la legalidad. Ello implica que disponen del derecho de acceso y de obtener copia de los expedientes administrativos en cualquier momento de su tramitación (artículo 35.a de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) o de los documentos que forman parte de expedientes concluidos (artículo 37.8). El artículo 4.c de la Ley del Suelo, Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008,  establece como un derecho "el  Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora".

Para garantizar el derecho a la información urbanística se articulan dos mecanismos: el examen material y directo de los actos administrativos y la información directa por escrito. Además, este derecho lleva aparejado el de poder obtener copia de la documentación de los planes y proyectos, así como la documentación de los expedientes urbanísticos en que han sido tramitados.
Ayuntamiento de Mundaka (Correcta)

No es causa válida de denegación del acceso a la información la expresada genéricamente como “afectar a derechos e intereses legítimos de terceros, propietarios de edificios y titulares de actividades”. La motivación debería incluir en este caso una mínima indicación de qué derechos e intereses se verían afectados; y cómo quedarían afectados: presumiblemente el Ayuntamiento se refiere a perjuicios, no a beneficios que el acceso a la información vaya a reportar a los terceros propietarios de edificios y titulares de actividades. Pero no hay modo de saberlo dado el carácter genérico de la causa de denegación aducida y de su expresión en la motivación.

Tampoco cabe sostener que el acceso a un proyecto técnico divulgado que obra en los archivos municipales y que además, sirvió de soporte para otorgar una licencia vulnere los derechos de terceros. No se atisba qué derechos de terceros ciudadanos han de protegerse con la denegación o qué afectación negativa para el interés público o general derivaría del acceso. De nuevo pues se aduce una causa genérica sin fundamento real con que contrastarla.

Si un Ayuntamiento estima que ciertos datos que integran un proyecto son confidenciales, entonces de ser posible los separará de la información ambiental y urbanística solicitada y pondrá ésta parcialmente a disposición del solicitante (artículo 14 de la Ley 27/2006). Las administraciones públicas deben facilitar la información urbanística y ambiental que sea posible separar de la afectada por una causa de denegación tasada por la Ley. En consecuencia, si los proyectos que pretende el interesado consultar contienen datos personales cuya confidencialidad deba ser garantizada por la Administración, basta con facilitar únicamente copia en la que se hayan desagregado los datos personales referidos, por ejemplo tachándolos.

Una interpretación contraria o distinta no se correspondería con la letra y finalidad de la Ley 27/2006, que claramente pretende otorgar a los ciudadanos un derecho de acceso a la información disponible en las administraciones públicas lo más amplio posible; de ahí las referencias a toda la información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma (artículo 14 Ley 27/2006,), y de ahí también que las causas de restricción del derecho se encuentren estrictamente tasadas.

Por tanto, carece de respaldo normativo excluir del concepto de información ambiental la de carácter técnico o gráfico, o la de los proyectos de obras o las licencias otorgadas. Tampoco cabe motivar una denegación con causas genéricas e incontrastables.
  • Los Ayuntamientos deberían facilitar --sin excusas-- a los ciudadanos la información urbanística que soliciten en el ejercicio del derecho que les está reconocido en esta materia, conforme a los artículos 1, 2.3.a y 14 de la Ley 27/2006 y artículo 4.c de la Ley del Suelo, Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio. 
  • Los Ayuntamientos deberían facilitar --sin excusas-- al interesado el acceso a la documentación que integran los proyectos técnicos, soporte de unas obras para las que ha de obtenerse autorización municipal y que además figuran en expedientes administrativos (artículos 2 y 23 de la Ley 27/2006). 
  • Los Ayuntamientos al redactar las Actas deberían hacer efectiva el derecho a saber, y en particular facilitar los datos suficientes para que la ciudadanía pueda conocer basicamente el contenido, identificación de autor de las obras, ubicación dentro del municipio, y alcance de las licencias otorgadas --todo ello redactado en un lenguaje sencillo--  y, asegurar el acceso a los registros de licencias municipales de obras se encontraría amparado por lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con el artículo 37 de la Ley 30/1992, interpretado a la luz de lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013.

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Acceso a la información urbanística


Tipo de actuación: Recordatorio

Fecha: 16/03/2016
Administración: Provincia de Murcia. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
Respuesta de la Administración: Aceptada

Queja número: 15011538

Resumen

Facilitar a los ciudadanos la información urbanística que soliciten, conforme a las leyes del suelo y del derecho de acceso a la información ambiental
Texto


Se ha recibido su escrito referido a la queja arriba indicada.


Consideraciones


1. En primer lugar, se ha de reseñar que el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, referido al derecho de acceso a la información pública, dispone de una nueva redacción conforme al apartado dos de la disposición final primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Dicho artículo dice lo siguiente: “Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación”.

Por tanto, han quedado derogados varios de los apartados que cita el técnico del departamento de Disciplina Urbanístico en su informe, en los que se basa para proponer la denegación de la solicitud formulada por la interesada.

2. El legítimo ejercicio del derecho a obtener información en materia urbanística y ambiental está contemplado en el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, así como en la Ley 27/2006, de 18 julio, que regula ampliamente los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Conforme a dichas disposiciones, el solicitante de acceso a la información urbanística y ambiental puede acceder a datos o documentos contenidos en un procedimiento pese a que no ostente la condición de interesado en el mismo y pese a que dicho procedimiento no esté finalizado. También puede acceder a cualquier tipo de información o documentación que obre en poder de las administraciones forme parte o no de un expediente. Todo ello con las excepciones que fijan dichas leyes y que permiten denegar el acceso.

3. Además, se infiere del informe técnico aportado que ese Ayuntamiento ha resuelto no admitir la solicitud formulada por la Sra. (…) para que se le permita el acceso a la información contenida en un expediente de obras, dado que entiende que la estimación de la solicitud podría afectar a derechos e intereses legítimos de terceros.

Esta causa aducida por esa Administración local para denegar su petición es contraria al tenor literal de las leyes y también al sistema y principios de acceso a los documentos que obran en los expedientes administrativos. Lo que pretendía la interesada al solicitar copia de dicho expediente era comprobar la adecuación a la normativa de unas obras que se estaban realizando delante de su vivienda. De hecho presentó un escrito en ese Ayuntamiento a fin de aclarar que su intención era simplemente comprobar la altura máxima permitida por la licencia y constatar que las ventanas que se estaban realizando en la fachada cumplían la normativa urbanística.

Es pública la acción para exigir la observancia de la legislación urbanística y de los planes, programas, proyectos, normas y ordenanzas. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante su ejecución y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.

En materia urbanística, la acción pública permite que cualquier ciudadano pueda solicitar la supervisión de determinadas obras y la Administración tiene el deber de inspeccionarlas y de comprobar si cuentan con la preceptiva licencia y se están ejecutando de conformidad con ésta y con el resto de la normativa que le sea aplicable. Además, existe una abundante jurisprudencia que sostiene que el ejercicio de la acción pública se reconoce a favor de los ciudadanos y que no se requiere una especial legitimación, como puede ser la derivada de un título de propiedad; de manera que la actuación de los ciudadanos que instan poner en marcha un proceso, es lícita y ajustada a Derecho sean o no propietarios de parcelas o cualquier otro inmueble, y lo es aunque solo invoquen el interés de cualquier ciudadano en la preservación de la legalidad urbanística, aún sin pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada. Ello implica que disponen del derecho de acceso y de obtener copia de los expedientes administrativos en cualquier momento de su tramitación.

4. En suma, el derecho de información, genéricamente referido a cualquier actuación administrativa, tiene especial relevancia en el derecho urbanístico, donde el control de la observancia de la legalidad, así como la de los planes y demás instrumentos de ordenación y de gestión urbanística, puede ser instada por cualquier ciudadano, conforme al artículo 5 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre). En los expedientes urbanísticos todas las personas disponen de la condición de interesadas sin necesidad de acreditar legitimación especial.

Para garantizar el derecho a la información urbanística se articulan dos mecanismos: el examen material y directo de los actos administrativos y la información directa por escrito. Además, este derecho lleva aparejado el de poder obtener copia de la documentación de los planes y proyectos, así como la documentación de los expedientes urbanísticos en que han sido tramitados.

5. No es causa válida de denegación del acceso a la información la expresada genéricamente como “afectar a derechos e intereses legítimos de terceros, propietarios de edificios y titulares de actividades”. La motivación debería incluir en este caso una mínima indicación de qué derechos e intereses se verían afectados; y cómo quedarían afectados.

Si ese Ayuntamiento estima que ciertos datos que integran el proyecto son confidenciales, entonces de ser posible los separará de la información ambiental y urbanística solicitada y pondrá ésta parcialmente a disposición del solicitante (artículo 14 de la Ley 27/2006). Las administraciones públicas deben facilitar la información urbanística y ambiental que sea posible separar de la afectada por una causa de denegación tasada por la Ley. Una interpretación contraria o distinta no se correspondería con la letra y finalidad de la Ley 27/2006, que claramente pretende otorgar a los ciudadanos un derecho de acceso a la información disponible en las administraciones públicas lo más amplio posible; de ahí las referencias a toda la información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma (artículo 14 Ley 27/2006), y de ahí también que las causas de restricción del derecho se encuentren estrictamente tasadas.

Por tanto, carece de respaldo normativo excluir del concepto de información ambiental la de carácter técnico o gráfico, o la de los proyectos de obras o las licencias otorgadas. Tampoco cabe motivar una denegación con causas genéricas e incontrastables.

6. Finalmente, han de considerarse los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo.

Decisión

1. Esta institución ha resuelto formular a esa Administración el siguiente:

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES
  • Facilitar a los ciudadanos la información urbanística que soliciten en el ejercicio del derecho que les está reconocido en esta materia, conforme a los artículos 1, 2.3.a y 14 de la Ley 27/2006 y artículo 4 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

2. Asimismo, se formula la siguiente:

SUGERENCIA
  • Facilitar a la interesada el acceso a los documentos que forman parte de los expedientes D.U. 22/2015, y 119/06 relativos a las obras mayores ejecutadas en la calle Ramón y Cajal, de modo que pueda ejercer la acción pública urbanística o cualquier otra que pueda corresponderle, todo ello con arreglo a las citadas disposiciones legales.
Se agradece de antemano su colaboración y se solicita, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica, que a la mayor brevedad posible, comunique si acepta o no el RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES y la SUGERENCIA, indicando en este último supuesto las razones en que funde su negativa.

Le saluda muy atentamente,

Soledad Becerril
Defensora del Pueblo

¿SOBRESALIENTES EN TRANSPARENCIA?


 VIÑETA DEL PAÍS - SERGIO LOPEZ ESTEPONA

“No hay política seria sin secreto ni disimulación”
(Pierre Zaoui, La discreción o el arte de desaparecer, Arpa editores, Barcelona, 2017, p. 31)


Ciertamente, sorprende ver cómo tenemos tantas instituciones públicas que sobresalen en transparencia. Si se consultan los rankings de transparencia se observará de inmediato que en este país, al parecer, hemos interiorizado en muy pocos años lo que en otros llevó largo tiempo implantar: una cultura de transparencia. El último ranking difundido es el del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que tiene por objeto los órganos constitucionales y órganos reguladores (autoridades independientes), así como otros sujetos institucionales obligados a cumplir la Ley de Transparencia. (Ver: http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2017/04/20170419.html#.WPuNpbjluSE).

Allí, salvo tres casos “anecdóticos” que simplemente aprueban (Consejo de Estado, Fiscalía General del Estado y Consejo Económico y Social), se puede observar cómo el resto de instituciones escrutadas se mueven entre un notable alto y la más pura excelencia, destacando dos de ellas Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial, también el Tribunal de Cuentas. Mejor no hablar mucho, pues la imagen que se transmite es que todo es transparente en esas instituciones. Sin embargo, este panorama idílico no parece ajustarse a la situación real que tales instituciones destilan entre la ciudadanía. La manida “confianza”, esa institución invisible que siempre está alerta, no parece avalar tan magníficas puntuaciones.

Si resulta verdad que, como dice la tesis ortodoxa, la transparencia refuerza la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, estaría muy claro que esas tres instituciones citadas (así como alguna otra, como por ejemplo las Cámaras parlamentarias) dispondrían de un reconocimiento ciudadano innegable. Como digo, no parece ser el caso.

Tampoco nos debemos creer en exceso que buena parte de nuestras Comunidades Autónomas o un número razonable de las Diputaciones o ayuntamientos sean, asimismo, instituciones sobresalientes en transparencia, tal como los índices de Transparencia Internacional confirman cada vez que son difundidos. De ser así no se entendería que determinadas entidades públicas autonómicas o locales salgan con excelentes calificaciones en el ámbito de la transparencia y, sin embargo, tengan casos de corrupción por doquier o, al menos, prácticas de funcionamiento irregulares y así constatadas por los tribunales de justicia (Véase al respecto el repositorio sobre casos de corrupción judicializados del Consejo General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-los-principales-indicadores-de-la-actividad-judicial-contra-la-corrupcion-en-un-repositorio-de-acceso-publico-).

La ecuación más transparencia menor corrupción, que es válida para buena parte de los países democráticos avanzados, no parece ofrecer en nuestro caso una identidad perfecta; son demasiadas las excepciones o, al menos, algunas muy relevantes. Algo falla. Y no creo que sea precisamente el método o métodos de evaluación aplicados (sin perjuicio de que se puedan mejorar algunos indicadores e incorporar otros tantos nuevos). El problema, a mi juicio, es más conceptual que técnico: una inteligencia alicorta de la transparencia que viste mucho institucionalmente, pero que poco tiene de efectiva en el funcionamiento real de las organizaciones públicas. El cambio de cultura organizativa y de funcionamiento institucional que deriva de una transparencia correctamente aplicada está aún muy lejos de lograrse. Es un camino muy largo. Estamos a años luz, por mucho que nos pongamos medallas una y otra vez.

El mal enfoque del problema viene, principalmente, por dos cuestiones que lo lastran de forma evidente. La primera cuestión es que se confunde (interesada o ingenuamente) transparencia con mera publicidad activa. O si se prefiere, con el cumplimiento de las obligaciones legales que deben alcanzar las entidades e instituciones públicas (así como otras privadas). Ese cumplimiento de estándares legales y su visualización a través de los portales de transparencia y páginas Web, es el paradigma de la buena transparencia. Si además se publican más datos e informaciones, ya la excelencia es la distinción. Volcar información en masa no es transparencia, por muy ordenada y accesible que esta sea. Es informar y punto.

Es ese un concepto pobre de transparencia que poco aporta, pero que tantas energías político-institucionales conlleva. Partíamos de tan bajo, que llegar a ese primer y elemental estadio lo hemos confundido con alcanzar la cumbre. Es verdad que “colgar” información relevante de la actividad pública, aparte de cumplir las obligaciones legales, representa (al menos en teoría) un medio adecuado para prevenir malas prácticas o, inclusive (algo más discutible), la propia corrupción. Tener que difundir determinada información puede disuadir, en efecto, de malas prácticas.

Pero seamos honestos, volcar mucha información por medios telemáticos tampoco satisface la finalidad última de la transparencia, que no es otra que controlar la actividad de los poderes públicos por parte de la ciudadanía. Como decía el filósofo Alain hace casi un siglo, “todo poder es malvado desde el momento que lo dejamos en libertad, todo poder es sabio desde el momento que se siente juzgado” (El ciudadano contra los poderes, Tecnos, Madrid, 2016). Además, hay otro error de percepción al considerar que la transparencia incrementa la confianza pública en las instituciones, pues eso puede ser así o puede no serlo. La transparencia correctamente entendida comporta la verdad: lo que hay es lo que se ve. Y la confianza se basa, como bien expuso Buyng-Chul Han, en lo que no se conoce. La confianza se deposita en personas o entidades que no sabemos qué harán, pero presumimos que sus comportamientos serán ajustados, pues son merecedores de nuestra confianza. Si algo se sabe, ya no hay recorrido para la confianza. Al menos en ese punto.

Por parte de los poderes públicos se ha invertido mucho en publicidad activa, tanto en recursos tecnológicos como personales o económicos, pero los resultados de tan ambiciosos y cuantiosos proyectos (algunos aún en marcha) no pasan de ser pírricos: la ciudadanía transita muy circunstancialmente por los Portales de Transparencia para buscar información con esa finalidad antedicha. Tampoco ejercen apenas el “derecho al saber” (derecho de acceso a la información pública), del que al parecer casi nadie sabe de su existencia.

Pero siendo eso lo importante, no es lo principal. El problema central radica en que, según nuestro esquema legal, esas obligaciones normativas de cumplimiento de la transparencia-publicidad activa se encargan al sujeto institucional que debe ser paradójicamente objeto de control por parte de la ciudadanía o de sus entidades. Sujeto y objeto se mezclan espuriamente. Y, así las cosas, cabe suponer cuál será el resultado de tan particular brebaje. Si la finalidad última de la transparencia es el control democrático de la actividad pública (político-administrativa), cabe presumir que ninguna autoridad pública se ahorcará a sí misma: los datos se vuelcan, la información se difunde, pero a su vez se maquilla, oculta o disfraza. Hay mucho travestismo de datos y de información. Se muestra lo que interesa, lo demás puede estar “visible” pero de muchos modos y maneras o, simplemente, no estarlo. Solo así cabe entender que algunas instituciones públicas con baja o muy baja legitimidad ciudadana o, incluso, salpicadas con malas (y continuadas) prácticas administrativas o ciertos casos de corrupción, salgan bien situadas en esos rankings de transparencia.

El error monumental que se ha colado en el marco normativo vigente en materia de transparencia es encargar del cumplimiento de los estándares de publicidad activa a la misma institución que debe ser escrutada por su actuación. El gran descubrimiento para perfeccionar ese sistema parece ser ahora endurecer el régimen sancionador en materia de incumplimiento de obligaciones de la transparencia. Sendero por el que ya han caminado algunas Comunidades Autónomas (por ejemplo, Cataluña), con resultados muy gráficos. ¿Cuántos procedimientos sancionadores se han incoado en más de dos años de vigencia de la Ley?: Ninguno. La transparencia con sangre no entra. Es un error de percepción. También de concepto. Pero mientras tanto, algunos agujeros negros están sin resolver en una regulación legal perforada de ausencias. Convendría darle una vuelta de tuerca.

Tampoco cabe entender que, vinculado con la idea anterior, la solución estribe en atribuir las funciones de seguimiento y control (también sancionadoras) a una Autoridad “independiente” de la Transparencia, o a las ya creadas. Todos sabemos la dependencia que tienen en España esas autoridades denominadas independientes. La captura política está a la orden del día y, en su defecto (o si esa no es muy intensa), todo se resuelve estrangulando sus recursos y castrando sus posibilidades de acción. Es muy sencillo. Ya se ha hecho con otras muchas instituciones (al final de resultados inútiles o con bajo rendimiento institucional) de nuestro panorama público. Sobran ejemplos. Y ahí siguen. Sin pena ni gloria.

En fin, no es este breve espacio lugar adecuado para plantear posibles soluciones, complejas en todo caso. Mientras la cultura de la transparencia no se interiorice en la actividad pública de modo sincero (ya lo decía Jankélévitch: “transparencia es sinceridad”), continuará siendo una moda, como reconoció en su día el colectivo Politikon. Quien mejor ha descrito, a mi juicio, la necesaria transformación que implica la idea de transparencia es un Secretario de Ayuntamiento, José Antonio Fernández Celada, quien en una intervención pública describió la ruta necesaria para que todo cambie: “necesitamos transformar la transparencia de una moda en un modo efectivo de funcionamiento de toda la institución y de la organización administrativa”. Sobran palabras y sobran asimismo ejercicios de autocomplacencia institucional fruto de lo bien que hemos salido en la foto del último ranking. Se necesitan hechos. A la espera estamos. Mientras tanto los poderes taumatúrgicos de la transparencia se van evaporando, como el humo de los cohetes tras los fuegos artificiales.

BUENA GOBERNANZA: UN RETO PARA LOS NUEVOS GOBIERNOS





AUTOR: RAFAEL MARTÍNEZ ASENSIO
https://rafaeljimenezasensio.com/

“La transferencia de poder, la participación y la división en la toma de decisiones son los elementos clave de la gobernanza inteligente; capaces de reconciliar la democracia informada con la meritocracia responsable” (Berggruen/Gardels, “Gobernanza inteligente para el siglo XXI, Taurus, 2012, 46-47).


“Los países que puedan dotarse de ‘buena gobernanza’ tendrán muchas más posibilidades de proporcionar a sus ciudadanos niveles de vida decentes. Aquellos que no puedan hacerlo, estarán condenados a la decadencia y la disfunción” (Micklethwait/Wooldridge, “La cuarta revolución. La carrera global para reinventar el Estado”, Galaxia Gutenberg, 2015, p. 13).


En un reciente libro editado por la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL (Ejes de la Política Local Vasca 2015-2019: http://www.eudel.eus/destacados/formacionpolitica/), la “Buena Gobernanza” se configura como uno de los ejes estratégicos del presente mandato en los gobiernos locales. Por su parte, las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa han hecho una apuesta evidente también por nuclear el cambio institucional sobre esa noción de “Gobernanza”, reflejando esta idea en sus propias estructuras gubernamentales (con rango de Departamento foral en Gipuzkoa y con nivel de Dirección General cualificada en Bizkaia).

También la Transparencia, como elemento central de la noción de Gobernanza, ha sido uno de los puntos fuertes de los Ayuntamientos vascos, de alguna de sus Diputaciones Forales y del Gobierno Vasco. Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao fue premiado en 2011 por el Instituto Europeo de Administración Pública por un programa de gestión del sector público. Y el de Ermua ha impulsado recientemente una experiencia de profesionalización de niveles gerenciales. La Red Vasca de Transparencia de los Ayuntamientos Vascos también está dando su fruto. Y el Programa Basque Score Card (autoevaluación en materia de integridad institucional con el apoyo del Consejo de Europa) en quince ayuntamientos vascos fue asimismo (aunque planteado como programa piloto) una experiencia también pionera.

En la misma línea, el Gobierno Vasco está liderando desde hace algún tiempo un Modelo Avanzado de Gestión (Aurrerabide) que traslada alguno de los elementos centrales de la idea de Gobernanza (por ejemplo, la Transparencia, Eficiencia, Buen Gobierno o la Rendición de Cuentas) e impulsa como eje singular la Innovación. También ha iniciado un proceso de planificación estratégica de recursos humanos (Plan de Empleo) ciertamente innovador, donde diagnostica certeramente las consecuencias del envejecimiento de plantillas y de la pérdida de conocimiento en la Administración Pública, aportando algunos remedios. Si a ello se suma la apuesta decidida que el propio Ejecutivo vasco adoptó en su día por la construcción de un Sistema de Integridad Institucional mediante la aprobación del Código Ético y de Conducta, bien se puede concluir que algo importante se está moviendo en Euskadi desde la perspectiva de mejora institucional y de la gestión pública.

No parece que, al menos hasta la fecha, ese empuje de cambio institucional y de gestión disponga de réplicas marcadas en otros contextos estatales, aunque algunas estructuras de gobierno locales y autonómicas están dando pasos en esa dirección. La Administración del Estado (con algunas excepciones de iniciativas impulsadas desde el INAP) sigue, sin embargo, anclada en su formato más convencional. Cierto es que “la moda” de la Transparencia (desarrollada en buena parte tras la aprobación de la Ley básica estatal) sí que ha arraigado con fuerza (al menos en términos normativos) en diferentes Comunidades Autónomas (por ejemplo, en Cataluña), así como en determinados gobiernos locales (donde se están llevando a cabo experiencias de interés: Ayuntamientos de Alcobendas, Gavà o Sant Cugat del Vallès, por poner algunos ejemplos). Pero, en otras facetas, las respuestas están siendo más tímidas o, incluso, menos consistentes. La ética institucional, la eficiencia o la propia noción de gobierno abierto, no terminan de pasar –salvo excepciones singulares que ahora no pueden ser citadas- el estadio programático para convertirse en una acción central y efectiva de las diferentes políticas gubernamentales.

La noción de Gobernanza tiene, sin embargo, largo recorrido. No es igual, pese a nuestra evidente confusión legal, al Buen Gobierno. Aquella engloba a este. En verdad, los postulados iniciales de la Gobernanza eran limitados y han venido enriqueciéndose con el paso del tiempo. Así, el Libro Blanco de la Gobernanza Europea de 2001 se asentaba sobre cinco pilares o principios: participación; transparencia; rendición de cuentas; eficacia y coherencia. Más adelante, en un importante documento del Consejo de Europa sobre Estrategia para promover la Innovación y la Buena Gobernanza en el nivel local de gobierno, esos principios se enriquecieron hasta un total de doce.

Lo realmente importante en el diseño de una Política de Buena Gobernanza en las instituciones públicas radica en comprender bien el concepto. A ello ayuda alguna que otra contribución doctrinal (por ejemplo: La Gobernanza hoy: 10 textos de referencia, obra publicada en 2005 por el INAP y coordinada por A. Cerrillo).

La gobernanza –como expuso en su día Renate Mayntz- no es otra cosa que “una nueva manera de gobernar, diferente del modelo de control jerárquico”. Pero ese cambio no puede ser retórico. Representa un paso más (aunque complementario y no excluyente) frente a la implantación efectiva del modelo burocrático profesional y a las medidas impulsadas en su momento por la Nueva Gestión Pública (New Public Management). Esta puso el foco de atención sobre aspectos intraorganizativos, centrándose en objetivos y resultados; mientras que aquélla (la Gobernanza) reexamina, según el profesor Rhodes, “la caja de herramientas del Gobierno” y persigue dar respuesta a escenarios más complejos y redes interorganizacionales, como estudió en su día Joan Prats o puso de relieve hace años en una interesante contribución el profesor mexicano Luis F. Aguilar (“Gobernanza: normalización conceptual y nuevas cuestiones, Cuadernos de Liderazgo 17, Esade, 2008).

Pero, la gobernanza inteligente exige asimismo una apuesta decidida por la integridad institucional, minimizar la política cortoplacista, impulsar una meritocracia efectiva y construir canales óptimos de participación ciudadana (o de “multitudes inteligentes”). En esto las redes sociales son una ventana de oportunidad y un enorme reto, pero también hay que ser conscientes que una mala aplicación de tales redes puede provocar efectos no deseados. Como expusieron Berggruen y Gardels, “sin frenos ni contrapesos, la democracia directa propulsada por la energía del ciberespacio podría socavar la buena gobernanza en lugar de reforzarla”.

En efecto, no me centraré aquí (lo estoy haciendo en otro lugar) en uno de los puntos débiles (o si se prefiere, peor resueltos) de la Gobernanza: la rendición de cuentas. La “horizontalidad” de la Gobernanza combina mal con la todavía articulación “vertical” de las responsabilidades en las estructuras gubernamentales y administrativas. La Gobernanza, por definición, pretende situar en un mismo plano “deliberación” y “representación”. Pero algo falla en la arquitectura del modelo cuando la rendición de cuentas (accountability) por los resultados de esas políticas solo puede ser endosada a quienes ejercen tareas representativas o ejecutivas.

En cualquier caso, los que ahora importa es que la noción de Gobernanza se ha venido enriqueciendo con el paso del tiempo. Lo que sí parece obvio a estas alturas –y de ello nuestros gobernantes deberían tomar nota- es que el futuro de nuestras instituciones públicas, el “mejor gobierno”, la sostenibilidad del modelo y de las prestaciones públicas a los ciudadanos, así como de la propia democracia, depende estrechamente de que cada nivel de gobierno sea capaz de armar una agenda coherente y creíble de Buena Gobernanza e Innovación con la vista puesta en los próximos diez años. Quien lo haga, sentará las bases del futuro. Quien no se dé por enterado, condenará a sus organizaciones al letargo, cuando no a la decadencia. Lean (con sentido crítico) los sugerentes libros de los que se extraen las citas expuestas en el encabezamiento de esta entrada y ratificarán (presumo) este lapidario juicio.

miércoles, 3 de mayo de 2017

BOLETIN ECOLOGISTAS ACCION. ABRIL 20/2017



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Novedades del 24 al 30 de Abril de 2017.
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La Política Agraria Común (PAC) es el mecanismo en la Unión Europea por el que cada año se canalizan los fondos para pagos directos a la agricultura, la regulación de los mercados y el desarrollo rural en la Unión Europea. [Leer más...]
El titular del Juzgado de El Puerto de Santa María ha citado a declarar en calidad de investigado a Alfonso Candón Adán, ex alcalde de El Puerto de Santa María y actual diputado nacional. [Leer más...]
El arroyo de Valcorba (Soria) se ha hormigonado ilegalmente, y se han producido vertidos durante varios meses que han afectado al Duero en el Soto Playa sin que las administraciones hayan adoptado medidas cautelares para evitarlos. [Leer más...]
La Junta de Castilla y León pretende suprimir el Refugio Regional de Fauna de El Espinar. [Leer más...]
Varias organizaciones presentan una querella en la que se suman a las diligencias que está desarrollando el juez Velasco en la Operación Lezo. [Leer más...]
La Junta ¿ahora? reconoce que el PGOU de El Puerto no se ha sometido a Evaluación Ambiental Estratégica, lo que puede conllevar su anulación y la de todo el planeamiento de desarrollo. [Leer más...]
Se pretende convertir una tranquila carretera local, que atraviesa los incomparables paisajes ganaderos de Campo Azálvaro en una vía rápida que uniría El Espinar y Ávila. [Leer más...]
El 26 de abril de 2017 se cumple la efeméride de los 80 años del bombardeo de Guernica, y tal y como lo reconocen varios documentos e historiadores en el mismo participaron tres aviones italianos que tenían su base en el aeródromo de Garray. [Leer más...]
Vuelven las irregularidades: se ha reabierto la mina mediante un cuestionado concurso y sin permiso de investigación que ampare la actividad minera. [Leer más...]
Es compleixen 31 anys de l’accident de Txernòbil, que recorda els enormes riscos de l’energia nuclear, dels que no estan exemptes les centrals espanyoles. [Leer más...]
La Carrasca-Ecologistes en Acció demana que aquesta qüestió es debatisca tranquil·lament en el Consell de Participació de Medi Ambient. [Leer más...]
Ante la corrupción generada por el Partido Popular, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, de la que forma parte Ecologistas en Acción, reivindica la depuración de responsabilidades políticas y sociales. [Leer más...]
Ecologistas en Acción considera que no se ha avanzado desde el desastre del Oleg Naydenov e insiste en la incapacidad del Puerto de Las Palmas para gestionar estos incidentes. [Leer más...]

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Transiciones hacia una economía ecológica. Plaguicidas. Renovables. Yayo Herrero. Gas en Doñana. Mina de uranio. Cueva de Chaves. Pueblos en transición. [Leer más...]
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