jueves, 20 de abril de 2017

Artículo de opinión "Los arquitectos municipales y las vías de la ilegalidad"

CORRUPCIÓN POLÍTICA | CORRUPCIÓN: POLÍTICA, URBANISMO Y SANIDAD

Sr. presidente de la Diputación de Guadalajara, señoras y señores diputados:

Me llamo Fernando Jabonero Orasio y soy concejal-portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Pastrana.

Con seguridad Vds. conocen que desde hace años vengo poniendo en público conocimiento, entre otras cosas, la situación de imposible ajuste a la legalidad en el Ayuntamiento del que ahora soy concejal de numerosas actuaciones sobre todo de índole urbanístico. También, en lo referido la extendida práctica de usurpación de funciones reservadas a funcionarios de carrera, en particular la información preceptiva y la inspección urbanística que, por aplicación del art. 36 de la Ley 7/85 y el art. 4 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 de junio de 1978, corresponde desempeñar a la Diputación de Guadalajara a través de los arquitectos de la misma. Cosa que por cierto hacen de siempre unos cuantos municipios y para documentarlo consulten su memoria anual. Y en el ámbito de la Inspección Urbanístico la condición de inspector funcionario es también requerida por el artículo 41 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Castilla la Mancha de 26 de abril de 2011.

Sin duda, y me consta que todos Vds. lo conocen, en la mayoría de los ayuntamientos de la provincia se otorgan ilegalmente las licencias con escritos que fingen ser informes preceptivos a cargo de quienes acaban por comparecer públicamente como Arquitecto Municipal y ser identificados y certificados como tales por los Secretarios Municipales que de esa manera certifican e informan en contra de la realidad documental y documentada de la Plantilla Municipal y de la Relación de Puestos de Trabajo, en su caso.

De hecho, entre Vds. hay unos cuantos alcaldes que hacen que las cosas discurran por las vías de la ilegalidad palmaria y de la nulidad de pleno derecho de las resoluciones de otorgamiento de licencias, y por ejemplo y sólo para ilustrar los dicho en Yebra e Illana.

Quien les escribe esta nota se ha dirigido por teléfono al Ayuntamiento de Almoguera; ni siquiera fue precisa instancia. Fue el 28 de julio de 2014, interesándose ante la entonces secretaria municipal por los modos de otorgarse las licencias municipales. En el Pleno de 4 de agosto de 2014 se decidió prescindir de una honorífica, de modo que el alcalde vino desde entonces requiriendo del Servicio Técnico de esta Diputación los informes correspondientes a los expedientes municipales urbanísticos, incluido uno sancionador por causa de una nave ilegal que el alcalde consintió a menos de 500 metros del casco urbano sin licencia. El Pleno de Almoguera creó y dotó la plaza pública municipal de arquitecto municipal, que mediante oposición se cubrió de manera que ahora en Almoguera las tramitaciones urbanísticas al menos son legales en cuanto al desempeño de potestades reservadas a funcionarios técnicos. Otra cosa es que se hayan tramitado más de 300 licencias ilegales que en su momento serán objeto de solicitud de legalidad de pleno derecho. De similar resultado en cuanto a prescindir de su(s) falso(s) arquitectos municipales fueron las actuaciones ante el Ayuntamiento de Valdeaveruelo o ante la alcaldesa de Torija.

Resulta de especial trascendencia en el ámbito del urbanismo la inspección urbanística, actividad de especial cuidado en su tramitación por ser invasora de derechos individuales pues el inspector hasta puede entrar en una obra sin permiso judicial y levantar un acta de inspección, que es un documento público. Reflexionen: documento público levantado por una persona incompetente; seguro que les rechinan los dientes. A pesar de que Vds., algunos con licenciatura en derecho, conocen todo esto de sobra, incluidos aquellos en cuyos ayuntamientos se vulnera con intensidad la ley en lo que conviene a este escrito, me permito, y disculpen el atrevimiento habida mi nula formación jurídico-legal, transcribirles lo que sigue que obrará en Escrito de Formalización de Demanda elevada al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Uno de Guadalajara, en procedimiento ordinario sobre nulidad de pleno derecho de todas las resoluciones urbanísticas del Ayuntamiento de Pastrana desde la aprobación del POM, en 2004, incluidas las que corresponden a la expoliación reciente de su Colegiata, premiada por esta Institución con una ayuda de 100.000 euros para consolidar esa infracción muy grave tanto desde el punto de vista urbanístico como contra el Patrimonio histórico Artístico y posiblemente penal por ser de aplicación los artículos 321 a 323 del C. Penal. Como saben Vds. el Acta de Inspección es un documento público y sobre ello les dejo para su personal o colectiva valoración lo que sigue:

En cuanto a la inspección urbanística, como la que se supone se les hizo a los vecinos de la plaza de la Hora por protestar con sábanas en sus balcones en contra del quiosco, el documento técnico básico es el Acta de Inspección, documento público con presunción de veracidad que debe firmar un Inspector Urbanístico, funcionario que en pueblos como Pastrana sólo puede ser el Arquitecto Municipal, y constar en los archivos municipales en los libros de Visitas y de Actas de Inspección urbanística que se refieren en el RDU, arts. 39 a 61.

Si interviene un no funcionario o funcionario incompetente, hasta aflora el tipo penal de usurpación de funciones, aparte de contaminar con nulidad de pleno derecho y sin remedio el expediente administrativo.

Una aproximación al concepto de documento público se encuentra en el Código Civil, CC, y en su Ley de Enjuiciamiento, LEC. El art 1216 del CC cataloga como documentos públicos “los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la Ley” y de ello pueden derivar algunas consecuencias. La primera, que el documento público ha de provenir de un notario o funcionario público; la segunda, que el notario o funcionario sea competente, es decir que tenga atribución específica, y la tercera, que la emisión del documento sea efectuada con las solemnidades requeridas.

Desde luego que firmar un Acta de Inspección, considerado documento público, un falso Arquitecto Municipal, como es el caso de los arquitectos honoríficos de Pastrana y de los que pululan por el Ayuntamiento con un contrato de prestación de servicios es una verdadera intrusión en una tarea reservada a funcionarios y constituye usurpación de funciones.

La LEC, en su art 317 enumera los documentos que a efectos de prueba en el proceso se consideran públicos; y el punto 5: “Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones”. La STC 76/1990 contiene que “…ningún obstáculo hay para considerar a las actas y diligencias de inspección como medios probatorios…., tampoco cabe objeción alguna a su calificación legal como documentos públicos en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y con las solemnidades o formalidades legalmente establecidas”.

Y ante ello ¿cómo puede considerarse “legalmente facultado” para firmar un acta de inspección, obligatoria incluso para otorgar la licencia de primera ocupación y por supuesto para instruirse expedientes sancionadores o de restauración de la legalidad urbanística, considerada documento público, y su informe, a un “arquitecto honorífico” o a un asesor externo? De ninguna de las maneras admisibles en Derecho, esa es la respuesta correcta a la pregunta, y ello incide de pleno en la nulidad de las presuntas actas correspondientes a los expedientes tramitados en Pastrana, sancionadores y de restauración de la legalidad, incluida la resolución de otorgamiento de la licencia de expolio de la Colegiata –demoliciones y ampliaciones en un edificio con declaración BIC con la categoría de Monumento-.

Por tanto si se quiere mantener el carácter probatorio de la actuación inspectora ha de ser ejercida por funcionarios públicos competentes y habilitados, en aras de una imparcialidad recogida en el art 103 CE y del derecho reconocido en el art. 23 de la misma CE. Además de funcionario se requiere al personal inspector, aptitud, conocimiento, y formación adecuada al sector en el que opera. De este modo, los documentos que aporten estos funcionarios tendrán fuerza probatoria, acorde a la línea jurisprudencial consolidada que da prevalencia al dictamen pericial sobre el resto de los medios probatorios.

No podrán Vds. alegar desconocimiento de lo acabado de comunicar de modo que en lo venidero y en cuanto a la aceptación de expedientes pasados por los Ayuntamientos de la Provincia a su Servicio de Recaudación serán conniventes, consentidores, con una situación de plena ilegalidad que incluso constituiría vía de hecho. Y por supuesto que Vds. tienen la obligación de proceder a reponer la legalidad a los expedientes que ese Servicio tramita a sabiendas de la imposibilidad de tramitación de los expedientes municipales de origen dentro de ley sino que lo han sido con presunta incursión en tipos penales como la prevaricación, el nombramiento ilegal y su aceptación, la usurpación y la malversación de caudales, sin dejar de lado la patente falsedad de los documentos firmados por los Secretarios Municipales que adveran, incluso ante los juzgados, la condición de Arquitecto/Inspector Municipal de quienes ni figuran ni pueden figurar en la Plantilla Municipal ni en la Relación de Puestos de Trabajo Municipal

Me permito sugerirles, para acabar, que amplíen la plantilla del departamento de Arquitectura porque si no será imposible cumplir con la potestad indeclinable, y por ello obligación, de dar la asistencia técnica a los ayuntamientos que la requieran”.

Fernando Jabonero, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Pastrana.

 Para conocer mas:








   
 




miércoles, 19 de abril de 2017

Curso on-line: Sistemas de Información Geográfica 13ª edición




Ecologistas en Acción, a través de su Plataforma de Formación on-line, ofrece una selección de cursos en torno al Ecologismo Social y a materias que viajan paralelas a él. Desde ahora, gestionamos un entorno virtual de aprendizaje y conocimiento como complemento a la oferta formativa presencial que esta organización lleva años realizando. Todos los cursos están tutorizados por técnic@s especializad@s y formador@s con una dilatada experiencia en los conocimientos a impartir.


PDF - 287.1 KB
Tríptico Curso on-line Sistemas de Información Geográfica
Sistemas de Información Geográfica para la Defensa del Territorio 12ª edición
Datos del curso
Duración: 7 semanas (45 horas), de 25 de abril al 6 de junio de 2017
Precio de inscripción: 150 €. Para socio/as de Ecologistas en Acción 130 €.
Fecha de inscripción: hasta el 25 de abril. Plazas limitadas.
Profesor: David Mateos Pascual de Terrativa S. Coop. Mad., consultoría de medio ambiente.
Criterios para obtener los certificados: Al final del curso, Ecologistas en Acción extenderá un Certificado de Participación si se cumple al menos el 80% de las tareas, y de Aptitud, si se cumple el 100 %, además de valorar la actitud durante el curso y la adquisición de los conocimientos previstos.
Requisitos: Acceso a Internet. Ordenador en el que se puedan instalar programas (mínimo: Pentium III / 256 MB RAM). Recomendable: Pentium IV / 512 MB RAM. Conocimientos básicos de informática e internet.

Información e inscripciones: formacion@ecologistasenaccion.org / Tf: 915312739

Descripción del curso
En los últimos años se ha generalizado el acceso a la información geográfica y con ello la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la ordenación del territorio, la gestión de espacios naturales y la planificación urbanística entre otros muchos usos.
Las personas que dedican sus esfuerzos a la defensa del territorio y del medio ambiente pueden encontrar en los SIG una herramienta útil de cara a elaborar mapas, analizar impactos ambientales o interpretar datos geográficos proporcionados por las administraciones.
En este curso se proporcionarán los conocimientos teóricos básicos para desenvolverse con cualquier SIG y se realizarán prácticas utilizando gvSIG, un programa de software libre de gran calidad desarrollado en nuestro país. El uso del software libre permite al alumnado descargar y usar el programa en cualquier equipo, de forma gratuita y legal, sin necesidad de comprar licencias.
Destinatari@s:
Dada la amplia gama de aplicaciones de los SIG, el curso se dirige a grupos ecologistas, estudiantes, investigadores/as, organizaciones relacionadas con el medio ambiente o personas interesadas en el análisis del territorio y la elaboración de mapas.
No es necesario tener conocimientos previos en estos temas, aunque sí es necesario estar familiarizado/a con el uso de ordenadores y de internet.
Objetivos
Al finalizar el curso, los y las participantes:
  • Aprenderán los conceptos básicos para manejar un SIG e interpretar la información geográfica.
  • Serán capaces de consultar, editar y analizar información geográfica utilizando el programa gvSIG.
  • Podrán diseñar mapas temáticos.
  • Conocerán las principales aplicaciones de los SIG en el ámbito de la defensa del territorio y sabrán resolver casos prácticos.
Metodología
El curso se realizará desde la Plataforma on-line de Ecologistas en Acción mediante el programa Moodle. Los requisitos para su utilización son tener acceso a internet, disponer de un ordenador en el que se puedan instalar programas y tener conocimientos básicos de informática e internet.
Este curso está divido en seis módulos que se desarrollarán a lo largo de 6 semanas, incluyendo cada uno de ellos una parte teórica y una parte práctica.
Durante el desarrollo del curso, los contenidos teóricos y prácticos se complementarán con una serie de elementos para favorecer el aprendizaje:
  • Foros de debate en los que aportar experiencias y resolver dudas colectivamente.
  • Lectura de textos de apoyo y noticias de actualidad sobre el mundo de la información geográfica y el medio ambiente.
  • Tutorías periódicas de los formadores.
  • Enlaces a fuentes de datos geográficos.
  • Casos prácticos.
Programa del curso
Módulo 1: Introducción a los Sistemas de Información Geográfica y al gvSIG
1.1: Presentación de los Sistemas de Información Geográfica
1.2: Introducción a la cartografía y la geodesia
1.3: Instalación y configuración de gvSIG
1.4: El gvSIG: tomando contacto
Modulo 2: Datos geográficos
2.1: Modelos de datos: raster y vectorial
2.2: Formatos de archivo
2.3: Datos OGC
2.4: Carga y visualización de datos
Módulo 3: Consulta y edición de datos
3.1: Consulta de datos
3.2: Herramientas de edición gráfica
3.3: Edición de tablas
Módulo 4: Herramientas de Geoprocesamiento
4.1: Análisis de proximidad
4.2: Análisis espaciales
Módulo 5: Diseño y edición de mapas
5.1: Simbología
5.2: Etiquetado
5.3: Composición de mapas
Módulo 6: Casos Reales
6.1: Estudio de casos de uso de SIG para la defensa del territorio
6.2: Fuentes de datos geográficos

martes, 18 de abril de 2017

Informes del secretario en expedientes y supuestos Afines



Primero.- En el ejercicio de la profesión de Secretario de Ayuntamiento, resulta fundamental dilucidar, cuando le corresponda informar en los diversos expedientes administrativos.

Conviene recordar que los informes a estos efectos se dividen en preceptivos y facultativos, y vinculantes y no vinculantes tal como dispone el artículo 80 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), recogiendo lo que ha sido una tradicional división en nuestro Derecho Administrativo.

Los informes de los Secretarios de Ayuntamiento como ocurre en general con los de los funcionarios públicos, no tienen carácter vinculante, por lo que esta diferencia no afecta a los mismos.

No obstante, debe ponerse de manifiesto que pese a esa falta de vinculación, su valor en los expedientes es importante, de forma que apartarse de los mismos, al resolver el procedimiento, requiere expresa motivación, según determina el artículo 35.1.c) de la LPAC, siguiendo igualmente la regulación tradicional del procedimiento administrativo español.

Esta importancia ha sido puesta de manifiesto por la jurisprudencia tanto en el orden contencioso – administrativo como en lo penal, pudiéndose señalar sin ánimo de exhaustividad, algunos criterios:

  1. En el ámbito del orden jurisdiccional contencioso – administrativo, las consecuencias de apartarse del contenido de los informes sin una adecuada motivación, suelen ser similares a las de la omisión del mismo. En este sentido la jurisprudencia no resulta pacífica, y oscila entre considerar que el acto en estos casos sería nulo de pleno derecho (por ejemplo en las STS 22-9-1987, 22-5-2000 o 2-12-2003.) o meramente anulable (SSTS de 21-6-2001, 7.2.2000 16-09-1995) siendo más frecuente la segunda consideración.
  2. En el ámbito penal, no siendo frecuente la jurisprudencia, cabe señalar que en los últimos tiempos se viene a otorgar una capital importancia a los informes preceptivos de modo que actúa en contra de los mismos, puede constituir delito de prevaricación, aún cuando existan otros informes de terceros (definidos por el TS como de complacencia) en otro sentido. Importantísima en esta línea resulta la STS 4949/2013, de 11 de octubre, en la que destaca siguiente párrafo:
  • “La Constitución, (artículo 103.1), exige que la Administración pública sirva con objetividad los intereses generales y que actúe con sometimiento pleno a la ley y al derecho. En relación con esta previsión constitucional reviste una especial importancia la función de los técnicos que prestan su servicio a la Administración y cuya intervención está prevista por la ley en los distintos procedimientos administrativos. Función que, en ocasiones, se traduce en la emisión de informes en los que se advierte de una posible ilegalidad. En general, para justificar la elección de la opción de cuya ilegalidad se ha advertido no basta la mera aportación de un informe externo de sentido contrario, con la finalidad de contrarrestarlos. Ya en el marco del proceso penal, será preciso entonces, no solo descartar la posibilidad de que se trate de un informe de complacencia, confeccionado ad hoc, sino, además que el Tribunal examine la racionalidad y consistencia de unos y otros informes o dictámenes. Siempre teniendo presente que, como se ha dicho más arriba, la arbitrariedad exigida por el tipo penal no se apreciará por la mera contrariedad con el derecho, sino cuando no sea posible sostener lo actuado con ninguna interpretación de la ley que sea realizada con un método racional y, como tal, admitido en derecho”.

Segundo.- Supuestos de informes preceptivos.

En el ámbito local y por lo que se refiere a la Secretaría del Ayuntamiento en el ejercicio de la función de asesoramiento legal preceptivo, previsto en el artículo 92. bis de la ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL) resulta evidente que tienen el carácter de informes preceptivos los contemplados en los artículos 54 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local ( TRRL), 173 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre que aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales (ROF) y 3 del Real Decreto 1174/1987 de 18 de Septiembre por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional, a cuya lectura me remito. No obstante, cabe decir que mientras que los artículos 54 TRRL y 173 del ROF, se refiere específicamente a informes que han de obrar en expedientes administrativos, y constituyen un trámite en la instrucción de los procedimientos, el artículo 3 del Real Decreto 1174/1987 incluye tanto supuestos de esta índole en los apartado a. b. y c, como otros que responden a un asesoramiento jurídico de carácter verbal como los de las letras d) y e) que no se plasman en informes propiamente dichos.

El apartado que puede resultar mas problemático es el c) del artículo 3 del 1174/1987 desde el momento en que señala que el informe del Secretario es preceptivo, siempre que un precepto legal expreso, así lo establezca. Esta previsión parece requerir la existencia de norma con rango de ley formal para incluir supuestos adicionales de informes, pero es bastante habitual que normas de carácter reglamentario e incluso actos administrativos no normativos, procedentes de Administraciones distintas de la municipal, requieran la emisión de informe por parte del Secretario General.

Parece que estas normas reglamentarias y actos, carecen de rango para efectuar esa exigencia, siendo dudosa su adecuación al Ordenamiento jurídico, y resultando problemática la actuación del Secretario en estos casos ya que puede verse obligado a efectuar un informe para el que aparentemente carece de respaldo normativo. Esta circunstancia podría solventarse si el Alcalde o Presidente de la Entidad local ordena que se emita este informe al amparo del artículo 3 a) del Real Decreto 11741/1987 o incluso del 79.1 de la LPAC en cuyo caso nacería la obligación de de informar ( si bien en este caso, el informe respondería a la condición de facultativo y no preceptivo), por estos preceptos siendo más problemático el supuesto si dicho orden no se produce.

 Tercero. Supuesto del 172.1 ROF.

Un supuesto especial de informe es el del artículo 172.1 ROF que señala que En los expedientes informará el Jefe de la Dependencia a la que corresponda tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio.

Se trata de un supuesto que aparenta ser de informe preceptivo, si bien presenta algunas dificultades prácticas que va a intentar enunciarse.

Para empezar señalar que este artículo impone una obligación general, por un lado se refiere a los expedientes en general, por lo que debe entenderse que se está refiriendo a todos los previstos tanto en el artículo 70 de la LPAC como del 164 ROF, y por otro utiliza una expresión imperativa, tal como “Informará”.

Parece pues que crea un supuesto de informe preceptivo, que no corresponde necesariamente al Secretario General, por no ser, con carácter general, el Jefe de las dependencias (con la salvedad de los relativos a funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, tal como determina el artículo 1.3 del RD 1174/1987), salvo que ocupara tal Jefatura ,por referirse a servicios bajo su dirección, ya sean por referirse a funciones reservadas o por ejercer funciones complementarias atribuidas en la Relación de Puestos de trabajo o instrumento análogo.

Pero una de las mayores dificultades que acarrea este artículo es la de referirse a una figura como es la del Jefe de Dependencia, que no está definida ni regulada en la normativa vigente. Dicha figura fue prevista en el Decreto de 30 de Mayo de 1952 por el que se aprueba el Reglamento de funciones de la Administración Local, que lo regulaba ampliamente, pero con la excepción de este artículo 172 ROF tal expresión no ha sido recogida por la normativa vigente, que utiliza términos distintos para referirnos a los servicios administrativos.

Habrá que definir, en primer término que se entiende por dependencias y quien debe ocupar su jefatura.

En ausencia de normativa estatal o autonómica, esta laguna debería rellenarse por cada Administración Local, bien a través de norma reglamentaria o de instrumento de gestión del personal, como podía ser la relación de puestos de trabajo, que parece un instrumento adecuado para asignar esa Jefatura de dependencia, al menos a efectos de efectuar estos informes.

Cabe decir que existen autores como el profesor Federico Castillo Blanco que considera que este artículo 172 no está vigente por contradecir el contenido del artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986 que aprueba el Texto Refundido de la Ley disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRRL), en un artículo publicado en Internet en la Web de ACAL (http://www.acalsl.com/blog/author/federicocastillo), pero no comparto esa opinión, dado que el RL 1174/1987 es posterior al TRRL y no me consta que los cerca de 30 años que ha transcurrido desde su aprobación, dicho artículo haya sido cuestionado por ningún Juzgado o Tribunal, para quede reseñada la opinión del profesor Castillo.

Cuarto.- El artículo 177 ROF ¿Supuesto de informe?

Resulta conocido que la anterior advertencia de ilegalidad que correspondía tradicionalmente a los Secretarios de Ayuntamiento, fue derogada por la LBRL y el RD 1174/1987, de manera que no corresponde al Secretario informar fuera de los supuestos expresamente previstos.

Esta posición ha sido puesta de manifiesto en diversas Sentencias, resultando muy interesante la de la Audiencia Provincial de Granada número 373 de 8 de Junio de 2.015 que señala lo siguiente: “Ya se hizo mención, en la parte final de nuestro tercer

razonamiento jurídico, a la inexistente advertencia de ilegalidad como función genérica del Secretario municipal, funcionario que en concreto y en la actualidad, posee las

funciones reguladas en la D.A. 2ª de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleo Público, como se señaló, la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. No cabe por tanto asumirse ya la general aceptación de la pretendida condición, históricamente atribuida al Secretario Municipal, de garante último y único de la regularidad jurídica de los actos de la Corporación. El propio Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la administración local, establece en su art. 3 el contenido de aquella función de asesoramiento legal, afirmando que la misma comprende la emisión de informes en aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o lo soliciten un tercio de los Concejales, la emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos cuya aprobación exija una mayoría especial, la emisión de informes previos siempre que un precepto legal expreso así lo establezca, e informar, en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie requerimiento de quien presida, acerca de los aspectos legales de los asuntos que se discutan con el objeto de colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse…”

Pero ¿significa que el Secretario no puede emitir informe fuera de los supuestos expresamente previstos aunque aprecie que el acto que va a aprobarse incurre en una manifiesta ilegalidad?

No es fácil la respuesta, y no puede ignorarse que en muchas ocasiones el Ministerio Fiscal o las autoridades judiciales ha apreciado posible responsabilidad penal en Secretarios por no informar, en contra de actuaciones contrarias a la Ley, pese a que no parecía existir obligación de ello, la propia Sentencia de la AP de Granada, antes citada es representativa, el Secretario de ese municipio fue imputado, juzgado y sólo al final del proceso absuelto, pese al criterio contrario de la Fiscalía, que insistía en la posible prevaricación por omisión.

Ya hemos señalado que no existe dicha advertencia de ilegalidad, pero sí, un mecanismo que es el del artículo 177.1 del ROF que determina que conclusos los expedientes, se entregarán en la Secretaría de la Corporación, que después de examinarlos, los someterá al Presidente.

No parece que este precepto suponga una advertencia de ilegalidad, pero si que permite que un Secretario pueda examinar un expediente antes de su aprobación. Lo que no aclara este artículo, son las consecuencias de este examen, pero parece lógico que antes de someterlos al Presidente puedan efectuarse observaciones, tanto para comprobar si están completos (lo que parece desprenderse claramente del precepto, al hablar de expedientes conclusos.) o más dudosamente, si son conformes a la ley en cuanto al fondo.

Creo que no se trata de un supuesto adicional de informe, no tiene por que efectuarse, sobre todo si no se aprecia ninguna irregularidad, pero puede ser un mecanismo para evitar que se puedan aprobar actos administrativos con claros defectos formales ( más evidente la posibilidad según el tenor literal del artículo) o de fondo (menos evidente que pueda efectuarse ese análisis sin otro título para informe) así como para salvar responsabilidades tanto del Secretario como del propio autor del acto.


José Luís López Guío
José Luís López Guío Licenciado en Derecho, Funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, subescalas de Secretaria de categoría superior y Secretaría-Intervención. Secretario del Ayuntamiento de Algeciras ( Cádiz).

De la obligación de facilitar información ambiental

Por

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -tiene fecha de 19 de diciembre, asunto c-279/12-, analiza el deber de facilitar información ambiental e impedir que se frustren las peticiones que ciudadanos responsables recaban sobre la situación del entorno o el riesgo de la contaminación. Responde la Corte europea a varias cuestiones prejudiciales que le había planteado un Tribunal de apelación inglés a raíz del conflicto que enredaba a una conocida asociación de protección ambiental (Fish Legal) y a otra ciudadana con las empresas encargadas de los servicios de abastecimiento de agua. Las solicitudes de información sobre aspectos del saneamiento y la distribución de las aguas habían sido ignoradas y desatendidas por las compañías privadas. De ahí que, primero, esos interesados se dirigieran, según establece el Derecho británico, al “Comisario de información” y, tras denegar esa autoridad su petición con el argumento de que se trataba de sociedades privadas, presentan el recurso ante el Tribunal de apelación.

El hecho de que durante la tramitación las empresas se aquietaran y entregaran los datos solicitados no impidió ultimar el proceso en la sede de Luxemburgo. Como bien argumentó el Abogado General, el Prof. Cruz Villalón, seguía teniendo interés un pronunciamiento porque esa entrega había sido voluntaria y tanto las empresas, como el Comisario y el Gobierno inglés seguían sosteniendo que no existía en rigor ninguna obligación para facilitar esos datos. Por ello, los magistrados entraron a analizar las cuestiones planteadas, relativas a la interpretación del Derecho europeo. En resumen, qué ámbito encierra la delimitación de “autoridad pública” en la Directiva 2003/4, que establece el marco de ese derecho de acceso a la información ambiental de los ciudadanos, pues son distintas las expresiones recogidas en las versiones inglesa y francesa. Por cierto, la perezosa traducción al español alude a “público”, en lugar de ciudadanos como sujeto de derechos y deberes, lo que ha contaminado desgraciadamente también a nuestro legislador al incorporar esas previsiones en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Los razonamientos de la sentencia de la que me hago eco se anudan y nos resultan en parte conocidos. En primer lugar, se recuerda que, si bien es cierto que compete a los Estados miembros precisar y conformar a sus “autoridades públicas”, es el Derecho de la Unión el que determina si las funciones atribuidas están sujetas a la Directiva comunitaria que regula el derecho de acceso a esa información. Esto es, es el ejercicio de “funciones administrativas”, de prestar servicios públicos, de ser responsable de asuntos públicos.., lo que supone esa comprensión más extensa de la locución “autoridad pública”. Predomina, pues, una interpretación funcional o material frente a lo que podría ser otra más estricta basada únicamente en el criterio subjetivo. En segundo lugar, se reconoce que un criterio que ayudará a los Tribunales ingleses será confirmar que en las relaciones que traban esas empresas privadas para el ejercicio de sus funciones poseen unos poderes exorbitantes, unas facultades especiales a la hora de imponer obligaciones sin un previo acuerdo voluntario con los ciudadanos. Y, en tercer lugar, que esas empresas deben estar dentro del ámbito de control de otras autoridades públicas, esto es, sometidas a su regulación o supervisión, sin que ello impida su actuación con un reconocible margen de autonomía empresarial.

Hay que insistir en la obligación de facilitar la información ambiental que tienen todas las Administraciones y organismos públicos, como también las empresas que prestan servicios públicos o tienen encomendada alguna actividad pública. Incidan o no en la protección ambiental. Porque es suficiente que cuenten con información en su poder para tener la obligación de facilitarla.

Otra interpretación supondría quebrar la efiMercedes Fuertes López es Catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Vocal permanente de la Comision General de Codificación. Es jurista de reconocido prestigio que ha publicado innumerables obras de referencia.cacia del Ordenamiento ambiental. En concreto, el Convenio internacional de Aarhus suscrito en 1998, auténtico instrumento impulsor de los derechos ciudadanos para la protección ambiental y que ha generado precisiones en varias Directivas de la Unión europea. Entre ellas la que es objeto de análisis en esta sentencia.

Atender sólo a una interpretación estricta de “autoridad pública” dejaría fuera de esas obligaciones a tantos organismos y sociedades en ese baile de máscaras que a veces parece el sector público con tantos entes con un estatuto especial o un régimen singular. Pero también a las empresas mixtas, concesionarias de servicios u otras compañías encargadas de actividades de interés público. Todas están obligadas a difundir y facilitar información. Porque resulta imprescindible, para el buen desenvolvimiento de una sociedad abierta, una mínima información. No sólo para hablar y participar en los asuntos públicos con un cierto conocimiento, sino porque esa información ambiental permite ser consciente y comprender el patrimonio natural que disfrutamos y que debemos respetar, advertir los riesgos o amenazas de contaminación, así como, exigir en su caso las correspondientes responsabilidades. Tanto a las autoridades públicas, como a las empresas privadas.

Pero la responsabilidad sólo la deberían exigir los ciudadanos informados.

 Mercedes Fuertes López
Mercedes Fuertes López es Catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Vocal permanente de la Comision General de Codificación. Es jurista de reconocido prestigio que ha publicado innumerables obras de referencia.