El Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao ha condenado al Ayuntamiento de Sopuerta a indemnizar con 15.000 euros por despido improcedente al anterior arquitecto municipal, con el que había suscrito un contrato mercantil que fue rescindido.
El arquitecto suscribió un contrato mercantil "De prestación de Servicios" en calidad de autónomo con el Ayuntamiento, pero el juzgado ha estimado que se trata de un contrato laboral al disponer de un horario fijo y utilizar las propias instalaciones municipales y recursos del consistorio durante ocho años.
El abogado del demandante, ha destacado en un comunicado que la sentencia "puede sentar un precedente importante, pues muchos ayuntamientos actúan de forma similar en la contratación de los servicios profesionales".
El Ayuntamiento de Sopuerta ha decidido no recurrir la sentencia, que condenaba al Consistorio a indemnizar al arquitecto con 14.986 euros o a readmitirle como personal laboral indefinido no fijo, y ha optado por indemnizar al arquitecto.
El Ayuntamiento suscribió en 2008 con el arquitecto un contrato mercantil de dos años de duración, por el cual el profesional se comprometía a realizar tareas de consultoría y asistencia en dos jornadas de 6,5 horas cada una, con un coste de 26,63 euros/hora más el IVA correspondiente.
El contrato administrativo se fue renovando hasta que en 2016 el Consistorio le comunicó que lo rescindía al dar por finalizada la prestación de servicios y que se había decidido la contratación de otra firma de arquitectos para la realización de esa misma labor.
El arquitecto decidió interponer una demanda contra el Ayuntamiento de Sopuerta al entender que su contrato administrativo debía de comprenderse como un contrato laboral, ya que tenía un horario semanal establecido de dos días por semana en el mismo horario que los trabajadores municipales.
«Su contrato decía que finalizaba cuando se cubriera la plaza y ya se ha contratado a otra persona», explicó ayer el alcalde de Sopuerta, Emilio Reina (de la Agrupación Electoral Independiente). El regidor señaló que la nueva contratación para el puesto de arquitecto se llevó a cabo por un procedimiento negociado sin publicidad en el que se invitó a tres profesionales a presentar sus propuestas. Reina apuntó además que la nueva contratación tiene como único objetivo reducir costes para las arcas municipales. «Hemos conseguido unas condiciones más ventajosas para el Ayuntamiento. Esos 15.000 euros de la indemnización los vamos a tener ahorrados en un semestre», aseguró.
En la vista del caso testificó el alcalde de Sopuerta durante la pasada legislatura, Joseba Andoni Llaguno, de EH Bildu, así como una concejal que había formado parte del departamento técnico y que pudo dar testimonio de cómo desarrollaba su labor en el Consistorio. «Explicaron que trabajaba allí dos veces por semana con horarios periódicos y con medios municipales, y que incluso el personal del Ayuntamiento le fijaba las citas a las que él no se podía negar. Las mismas condiciones que cualquier trabajador por cuenta ajena», relató el abogado. También los periodos de vacaciones se fijaban de manera acorde al resto de trabajadores municipales.
Días de antelación
El abogado del arquitecto ha señalado que, según el Estatuto de los Trabajadores, "este contrato cumplía con todos los requisitos para ser considerado como un contrato de trabajo", por lo que se acudió al juzgado.
Centenares de ayuntamientos españoles conceden licencias sin tener en plantilla arquitectos municipales. Según una denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, al menos 1.500 consistorios de Cataluña, Madrid y Castilla la Mancha han contratado “arquitectos honorarios”, “arquitectos honoríficos” o “asesores urbanísticos” en lugar de sacar a concurso público la plaza de arquitecto municipal.
ResponderEliminarSegún dicha denuncia, estos consistorios, 850 en Cataluña, 600 en Castilla la Mancha y 100 en Madrid, “desempeñan funciones públicas, reservadas a funcionarios y por tanto a empleados públicos”. Un hecho que podría conllevar “la posible nulidad de pleno derecho de los expedientes administrativos y la posible incursión en los tipos penales de prevaricación, malversación de caudales, nombramiento ilegal y usurpación de funciones públicas”.
El origen de esta denuncia contra los consistorios españoles se encuentra en el caso de Marta Pujol Ferrusola. La segunda de los siete hijos del ex presidente catalán, Jordi Pujol, trabajó como “arquitecta municipal” casi 20 años en el municipio barcelonés de San Vicente de Montalt, sin haberse presentado a un concurso público para adquirir la plaza.
Marta Pujol Ferrusola cobraba un sueldo de 2.264 euros mensuales por trabajar 9 horas semanales. La contratación de la “arquitecta” se decidió por un acuerdo del pleno municipal como designación directa. El contrato tenía una validez de 6 años, prorrogable a 4 más, sin embargo, realizó su labor de 1996 hasta 2015 sin haberse renovado nunca.
El consistorio barcelonés gobernado por CIU decidió entonces sacar la plaza a concurso tras recibir un informe jurídico de la Diputación de Barcelona donde se señalaba que “las respectivas plazas de arquitecto, arquitecto técnico e ingeniero se han de crear en la plantilla de persona como funcionarios y en la escala de administración general”.
Escrito de la Diputación de Barcelona sobre Marta Pujol Ferrusola.Escrito de la Diputación de Barcelona sobre Marta Pujol Ferrusola.
La respuesta de la hija del ex presidente catalán a la medida adoptada por el consistorio barcelonés fue demandar al ayuntamiento al considerar que la plaza le corresponde por “antigüedad”.
Entre las funciones que deben realizar los arquitectos municipales, se encuentra el informe previo antes de la concesión de las licencias urbanísticas, de actividad, funcionamiento o ambientales. La denuncia presentada contra los consistorios de Cataluña, Madrid o Castilla la Mancha podría ampliarse al resto de regiones españolas, ya que esta práctica es habitual entre los consistorios pequeños y medianos.
Más casos
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha aludía en una sentencia de este año a la ilegalidad que suponen los falsos arquitectos municipales, tras presentarse una denuncia que afectaba al municipio de Pastrana en Guadalajara: “Los informes técnicos deberán ser redactados por persona titulada competente o en caso de ausencia de este por el personal con igual calificación de la correspondiente Diputación”.
Hace dos semanas, la Inspección de Trabajo reclamaba 3 millones de euros a 187 ayuntamientos de la provincia de Valencia. Según este organismo del ministerio de Empleo, los técnicos de arquitectura e ingeniería contratados por estos consistorios se deberían incluir en el régimen general de la Seguridad Social y no como autónomos.
Es el mismo caso de los Ayuntamientos de Mundaka, Sukarrieta, Busturia, Murueta y Forua (entre otros) en la reserva de la Biosfera de URDAIBAETZ que luego tiene consucuencias fatales y malas prácticas urbanísticas de esos falsos arquitectos munocipales
ResponderEliminarTodo ilegal: contratistas desempeñando funciones publicas. Corrupción en el BOP cuando se sacan a concurso.
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