martes, 11 de julio de 2017

Las disensiones en el PNV para cambiar el plan de protección de Urdaibai solo medio año después

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La protección de Urdaibai  vuelve a generar disensiones en el PNV ante el próximo cambio de la ley aprobada solo hace siete meses por el anterior Gobierno vasco. Es la historia que se repite en los 33 años de vida de la única reserva de la biosfera de Euskadi.

Viviendas en el barrio de Kanala, en Urdaibai
Los enfrentamientos internos en la Diputación vizcaína y la dirección del PNV en este territorio han retrasado dos semanas la modificación del llamado Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Urdaibai. El pleno del Patronato (el órgano de gestión de la reserva) se reunirá el próximo 14 de julio tras dejar sobre la mesa este asunto a finales de junio a petición de los peneuvistas.

El plan de protección actual entró en vigor el 28 de noviembre, tras la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, pero se había aprobado por decreto por el Gobierno vasco el 27 de septiembre, solo dos días después de las elecciones autonómicas y con un ejecutivo interino. Y nació cojo. El documento, que era el primer gran cambio del PRUG desde su aprobación en 1993, suscitó el rechazo de casi todos los partidos y colectivos del Patronato de Urdaibai. Tuvo 11 votos a favor y siete en contra. Solo contó con el aval del PNV mientras que el resto de representantes en el Patronato votaron en contra, entre ellos los ayuntamientos gobernados por Bildu, ecologistas, un representante del Parlamento vasco, la Demarcación de Costas del País Vasco (dependiente del Gobierno central), el Consejo de Cooperación (que agrupa a una docena de grupos sociales y culturales de la comarca) y la asociación de forestalistas, un grupo siempre cercano a los peneuvistas. La UPV, que iba a votar en contra, no acudió a la reunión.

Esa merma de apoyo llevó a movilizarse a los colectivos sociales, que se agruparon en la plataforma Urdaibaietz, integrada por Ekologistak Martxan, Taller de Ecología de Gernika, Txipio Bai, Zain Dezagun Urdaibai y ciudadanos particulares. Presentaron a principios de año una denuncia en los tribunales y desde marzo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco investiga la legalidad del plan, que ha mermado claramente la protección de Urdaibai.

Una reserva de la biosfera no es un parque natural en el que casi todo está prohibido. Es una figura de protección que la combina con el desarrollo socioeconómico. Y en los 32 años de vida de Urdaibai como reserva de la biosfera las restricciones han sido importantes: en las zonas rurales no se ha podido construir salvo excepciones y actividades económicas como la forestal tienen grandes limitaciones.

Imagen de Urdaibai, en su parte central.
Así, hasta ahora los vecinos han tenido que solicitar al menos dos permisos (uno a su ayuntamiento y otro al Patronato de Urdaibai) para cualquier actuación, desde una simple chabola o vallado hasta la construcción de una vivienda. Dos informes vinculantes hasta ahora. En el anterior plan de protección, se regulaba en el artículo 130 la necesidad del informe “preceptivo” del Patronato, que, como la práctica lo establecía, era vinculante. En el plan en vigor, se introdujo, en el artículo 5.1.2, la asertación de que esos informes tendrán “la consideración de preceptivos y no vinculantes”. Un sutil cambio que deja en manos de los ayuntamientos la concesión de licencias y que, según denunciado entonces los ecologistas,”es poner al zorro a cuidar el gallinero”. Y es que en estas dos últimas décadas se han detectado una docena de casos de chalets ilegales, construidos a espaldas del Patronato de Urdaibai y con el único amparo de los municipios. Incluso persiste la situación de una vivienda unifamiliar ilegal desde hace 18 años en la localidad de Mendata, que fue el primer caso en que el Gobierno vasco llevó a los tribunales a un ayuntamiento por incumplir la ley de Urdaibai.

Los ecologistas calcularon que se abría la puerta a la recalificación de más de 200 hectáreas de suelo rural y que todo el plan de protección era una suma de los planes urbanísticos existentes y previstos por los ayuntamientos de la reserva. El anterior equipo del Departamento de Medio Ambiente defendió que “todos los actos de construcción y uso del suelo y aprovechamiento de los recursos naturales sean informados por el Pleno” del Patronato y que sus informes no podían en ser vinculantes porque existe una jurisprudencia del Tribunal Superior vasco.

La plataforma Urdaibaietz contactó con Podemos y EH Bildu para presentar una propuesta en el Parlamento que derogase la ley, que se materializó en un acuerdo unánime de todas las formaciones políticas el pasado 22 de junio. “Quisimos derogar de inmediato la ley pero al final se acordó la puesta en marcha del proceso de elaboración de una nueva”, asegura José Ramón Becerra, parlamentario de Equo-Berdeak integrado en Elkarrekin Podemos. Han sido meses de continuas conversaciones en las que una de las claves ha sido que el área de Medio Ambiente, tras el pacto PNV-PSE en el Gobierno vasco, haya pasado a manos socialistas.”En este tema, hay que reconocer que los del PSE se han mantenido firmes frente al PNV”, agrega. Los peneuvistas accedieron a aprobar la propuesta conjunta de iniciar la elaboración de una nueva ley de protección de Urdaibai solo una hora antes del debate en el Parlamento vasco el pasado 22 de junio.
El próximo pleno es este viernes, donde se verá si las disensiones internas en el PNV se han resuelto. Pero las mayorías han cambiado y una hipotética oposición de los peneuvistas no evitará la aprobación del cambio de la ley
La viceconsejera de Medio Ambiente Elena Moreno ha defendido desde el principio la necesidad de modificar la ley aprobada hace poco más de medio año. El PNV ha acabado por aceptar a regañadientes: las presiones en la comarca de Urdaibai de sus ayuntamientos son constantes y no es una imagen edificante modificar un plan, elaborado durante varios años, solo siete meses después de su entrada en vigor. La diputada vizcaína de Medio Ambiente, Elena Unzueta, había aceptado el radical cambio de postura.
Todo parecía atado tras  la aprobación unánime en el Parlamento del 22 de junio pero en la reunión del pleno del Patronato del 28 de junio, los representantes peneuvistas se rebelaron y se acordó un aplazamiento de dos semanas. El próximo pleno es este viernes, donde se verá si las disensiones internas en el PNV se han resuelto. En cualquier caso, con la entrada del PSE en el Gobierno, las mayorías han cambiado y una hipotética oposición de los peneuvistas no evitaría la aprobación del cambio de la ley. La intención del Departamento de Medio Ambiente es que este viernes haya votación, con acuerdo total o sin él. Medio Ambiente podía, además, iniciar el proceso para la nueva ley por iniciativa propia pero ha querido que haya una imagen de consenso mediante su aprobación en el Patronato.

Otra clave es que, como el plan seguirá en vigor (el de 1993 quedó derogado), los ayuntamientos y ciudadanos se mantengan quietos y no acometan ninguna actuación.  Pero el Gobierno vasco. en línea con lo aprobado por el Parlamento, frenará cualquier iniciativa contraria a la protección de la reserva de la biosfera.

Urdaibai bien merece un plan de protección consensuado por todos y desterrar la pésima gestión de estas tres décadas. En los 24 años desde que se aprobó el plan de protección de Urdaibai por parte del Gobierno, no se ha podido desarrollar ningún plan económico, que es el otro pilar fundamental de una reserva de la biosfera. El resultado es que la comarca se ha quedado casi sin tejido industrial, al perder más de 4.000 empleos en estas tres décadas. La bronca entre el Gobierno vasco y la Diputación vizcaína, que históricamente ha defendido a los ayuntamientos en sus planes urbanísticos, llegó a la amenaza de la institución foral en los 90 con romper la ley de Urdaibai en la mayor crisis vivida hasta ahora. Durante cuatro años, entre 2008 y 2012, ni siquiera hubo director-conservador, la figura clave en cualquier reserva de la biosfera. Es la única comarca de toda Euskadi sin un plan integral de saneamiento tras haberse gastado más de 155 millones. Urge dar la vuelta al sinsentido.

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