Corrupción a la vasca
- Un rápido repaso al año 2014, con un aumento de denuncias por delitos como fraude o tráfico de influencias en los juzgados vascos, echa por tierra definitivamente esa ya lejana creencia de que en Euskadi no hay corrupción.
- Cargos que cobran 210.000 euros de una sociedad pública por no ir a trabajar, el juez Ruz que señala financiación ilegal en la sede del PP en Bilbao y amenazas para acallar una polémica adjudicación con pérdidas millonarias para las arcas públicas son solo algunos de los casos que empañan la gestión de las instituciones vascas.
El 40% de la ciudadanía vasca cree que hay corrupción
en el Gobierno vasco y en las diputaciones forales según los datos del
último sondeo del Deustobarómetro, encuesta elaborada por la Universidad
de Deusto. Esta percepción no es infundada. Es cierto que Euskadi no
encabeza la lista de comunidades más corruptas pero tampoco se salva de
la lacra. Los dirigentes empeñados en seguir alardeando de que sus
formaciones poseen una hoja inmaculada en materia de corrupción han
quedado en evidencia por su impostado mensaje cada vez que se ha
destapado un nuevo caso. Sólo en el último mes del 2014 se acumulan
media docena de denuncias en Fiscalía por actuaciones irregulares. El
año acaba como empezó, con escándalos por corrupción política.
En enero, más que sonrojados se han sentido algunos miembros del PNV al
descubrirse las actuaciones de ciertos de sus dirigentes. Uno de los
casos más sonados fue el destapado por eldiarionorte.es a principios de año, el del ex alto cargo del PNV que cobraba 210.000 euros de una sociedad pública sin ir a trabajar.
Juan Cruz Nieves, quien fue diputado foral de Urbanismo y director
gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia (la entidad que gestiona
las obras del metro), estaba adscrito desde 2011 como adjunto a la
gerencia de la sociedad Ibarzaharra, propiedad de los Gobiernos central,
vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao, creada para regenerar
suelos industriales en este municipio. Cobraba su nómina de cerca de
59.000 euros brutos anuales, más un variable anual de otros casi 12.000,
sin realizar ninguna actividad (ni siquiera externa). Pese a que
cumplió 65 años en agosto de 2012 y podía abandonar ya este cargo
acogiéndose a la jubilación, siguió en el puesto cobrando hasta que,
tras las informaciones de eldiarionorte.es, se difundió su irregular
situación laboral.
El exasesor del presidente del PNV, Andoni Ortuzar
La Inspección de Trabajo de Bizkaia sancionó
tanto a Juan Cruz Nieves como a la empresa pública Ibarzaharra. Meses
más tarde el caso saltó a los tribunales por los delitos de fraude a la
Seguridad Social y malversación. Un juzgado de Barakaldo inició en
septiembre una investigación formal en la que están imputados el exalto cargo Juan Cruz Nieves y también Iñigo Camino, un exasesor del actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar y
asesor ahora del PNV en las Juntas de Bizkaia, por cobrar ambos de una
empresa pública sin ir a trabajar. Iñigo Camino entre abril de 2008 a
septiembre de 2009 estuvo también como adjunto a la gerencia de la
sociedad pública Ibarzaharra sin acudir en ningún momento a su puesto de
trabajo. "A Iñigo Camino no le visto el pelo",contestó
con contundencia el gerente de la sociedad pública Ibarzaharra cuando
el inspector de trabajo le pregunta por las tareas que desarrollaba
Camino miembro en la empresa. Pese a su ausencia continuada cobraba
58.000 euros brutos anuales, lo que supone en ese año y medio, que tuvo
nómina de la sociedad pública Ibarzaharra percibió cerca de 80.000
euros.
En ese periodo
Camino ejerció al mismo tiempo el cargo de asesor del entonces
presidente del PNV de Bizkaia y ahora de Euskadi, Andoni Ortuzar. De
hecho fue el coordinador del foro de reflexión del PNV Think Gaur
Euskadi 2020, que diseñó la ideología de los peneuvistas para esta
década. El contrato que tenía con Ibarzaharra establecía un régimen de
exclusividad. El exdirector de Deia trabaja ahora como asesor del PNV en
las Juntas Generales del territorio.
Entregas en efectivo al gerente del PP en Euskadi
El PP vasco se vió también salpicado por la polémica desde que en octubre no ya Luis Bárcenas, sino el propio juez Ruz, señalase la irregularidad en la financión
de las obras de la sede del PP en Bilbao. Un año antes la documentación
del ex tesorero ya reveló que se pagaron 480.000 euros, el 40% del
coste de las obras, con dinero procedente del PP de Madrid. Los
populares vascos aseguraron entonces que "todo lo había pagado el PP
vasco". Pero el auto de Ruz desmiente su versión. Afirma que un
directivo de una constructora vasca aportó 36.000 euros. Asegura que las
obras se abonaron mediante un método "muy similar en cuanto a
estructura y funcionamiento a la establecida en los conocidos como
papeles de Barcenas". Se pagó mediante transferencias, abonos directos
desde Madrid y entregas en efectivo al gerente del PP en Euskadi.
La investigación da entonces un salto cualitativo. El informe de la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP) de la Policía revela
cómo al menos un empresario de la construcción (Emilio Álvarez López)
financió la compra de la sede del PP en Bilbao y cómo posteriormente su
empresa (Grupo Bruesa, Construcciones Bruesa) se beneficiaba de
adjudicaciones de obra pública de Administraciones controladas por el
PP. El documento apunta que todo eso se hizo siguiendo un plan concebido
por el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien creó una cuenta
específica denominada "Sede Vizcaya" para realizar los pagos de una sede
que costó un millón de euros. Todo ello está reflejado en el extenso informe policial de 145 páginas, al que tuvo acceso eldiarionorte.es. Si la trama acaba ahí o aún hay más es algo que quizás el 2015 revelará, si es que el juez Ruz consigue cerrar las causas pendientes contra el PP.
Un alquiler millonario sangrante para el Ayuntamiento de Vitoria
Otros casos, más o menos sonados, han suscitado la apertura de
investigaciones por parte de la Fiscalía. En Vitoria-Gasteiz dió que
hablar, y mucho, el del polémico alquiler del local de la calle San Antonio que finalmente fue sobreseído en los tribunales pero supuso la primera reprobación en la historia del consistorio vitoriano para un alcalde, el popular Javier Maroto.
La corporación censuró al primer edil por "mentir reiteradamente en
lacomisión de investigación municipal abierta para aclarar la firma del
contrato millonario y de actuar" en contra del interés general por pagar
por el alquiler de un local en la calle San Antonio casi el doble del precio que abonó el propietario por su compra.
El propietario del inmueble desembolsó 2,7 millones de euros por la
adquisición del local en 2006 y el Ayuntamiento debe pagarle en total
por 20 años de arrendamiento casi 6 millones de euros.
Otras situaciones de presunta corrupción en Álava se localizan a nivel
foral, en torno a la entidad encargada de las obras públicas en la
provincia, Arabako Lanak.
Se conoció hace menos de un mes. El irregular desarrollo de la
selección de personal para la contratación de un empleado de forma
indefinida en la sociedad pública suscitó sospechas. Se hizo sin la
publicidad necesaria en estas contrataciones públicas. La Fiscalía ha
abierto diligencias para que el Área de Delitos Económicos de la
Ertzaintza analice la contratación de un trabajador y de dos expedientes
de obra firmados entre los años 2010 y 2011. La Policía vasca por orden
del fiscal deberá investigar otras dos operaciones de obras cuyo coste
total se acerca a los 900.000 euros.
Investigaciones sobre la gestión de las autopistas
El conocimientos de estos hechos coincidía en el tiempo con la admisión
a trámite por parte de la Fiscalía de una denuncia interpuesta por el
grupo de EH Bildu de las Juntas Generales de Álava por un " presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos".
Según los cálculos de la coalición, el contrato con la empresa que
gestiona la autopista AP-1, Bidelan, firmado por el anterior diputado
foral, el peneuvista Xabier Aguirre, y calificado de "gravemente lesivo"
para las arcas forales por los propios informes técnicos y jurídicos de
la Diputación, podría implicar un sobrecoste de tres millones de euros.
Las anomalías en la gestión de las carreteras no es algo exclusivo del territorio alavés. En Gipuzkoa no dejan de abrirse nuevos capítulos, a cada cual más escándaloso, sobre Bidegi Gipuzkoako Azpiegiturak SA,
la entidad pública creada en el año 2002 cuando gobernaba el PNV la
Diputación foral, para gestionar el cobro del canon de la autopista
AP-8, así como la realización de ampliaciones o nuevas construcciones de
vías de alta capacidad. El último sonoro episodio por el que Bidegi ha
saltado a la palestra es la querella criminal presentada por la
Diputación de Gipuzkoa contra tres ex responsables de esta sociedad
pública. Según los análisis realizados, se pagaron 3,4 millones no
ejecutados y se les imputan los delitos de malversación de fondos
públicos y falsificación de documentos. En 2011 Bidegi contaba ya con
una deuda de 900 millones de euros por obras que ya se habían ejecutado y
que habían supuesto unos sobrecostes de alrededor de un 60% en muchos
tramos.
"Me dijo que estuviera con el pico cerrado"
Otras gestión del PNV, esta vez en torno a la adjudicación y construcción de las obras del polideportivo Pinosolo de Leioa,
esta siendo estudiada en los tribunales para dirimir si en su actuación
pueden existir responsabilidades penales. A las puertas del juzgado,
tras presentar la denuncia, el secretario general del PP de Bizkaia,
Javier Ruiz, declaró que "en este caso confluyen concursos amañados con
decisiones teledirigidas que pretendían favorecer a una determinada
empresa aunque ello haya supuesto pérdidas millonarias para las arcas
públicas de 1,6 millones de euros". La historia toma tintes de trama
orquestada tras salir a la luz las amenzadas del gobierno municipal del
PNV en Leioa contra un exgerente de la sociedad que gestionó la polémica
adjudicación. "Me dijo que estuviera con el pico cerrado", denunció Luis Ángel Gómez, exgerente de Leioa Kirolak, en un vídeo difundido en el diario Gara.
Y suma y sigue. Las irregularidades en el proyecto y la construcción de una planta de depuración de residuos animales, conocidos como purines, en Karrantza (Bizkaia) han
sido corroboradas recientemente por un juzgado de Bilbao que ha
derivado a los querellantes, EH Bildu, al juzgado de Balmaseda por una
cuestión competencial. La coalicción interpuso una querella contra 27
miembros de los consejos de administración de las mercantiles Ade Biotec
SL y Karrantza Minda SL por un delito de apropiación de dinero público.
Para EH Bildu, en este caso
hay que hablar de "responsabilidades políticas y penales", ya que "el
fiasco de la planta de purines de Karrantza no hubiese sido posible sin
la colaboración y el protagonismo de Martin Ascacibar, director de
Investigación Agropecuaria del Gobierno vasco dirigido por Juan José
Ibarretxe en el periodo en el que se gestó el proyecto de la planta y
durante la adjudicación del mismo a la empresa Ade Biotec".
Karranza, Muskiz y Bakio
EH Bildu asegura que se trata de un caso de "corrupción política" que
el PNV debe "explicar" ya que "han desaparecido 10 millones de euros de
dinero público y el proyecto ha fracasado". De momento, la formación
presentará sendas iniciativas en el Parlamento vasco y las Juntas
Generales de Bizkaia para solicitar una "auditoría" sobre las
subvenciones públicas concedidas para la construcción de esta planta de
purines, que finalmente no se materializó.
Atrás queda aunque no olvidada la investigación que la Fiscalía de
Bizkaia inició a principios de año sobre el alcalde de Bakio, Aitor
Apraiz (PNV) y cuatro empresas por presuntos delitos de malversación,
fraude, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y
subastas públicas. Las indagaciones se centraban en un proyecto de un
museo del txakoli, Txakoligune, por el que se pagaron más de medio millón de euros por una obra inacabada y de sobrecostes de 100.000 euros en el presupuesto inicial.
Un juzgado de Barakaldo también investiga la gestión del Ayuntamiento de Muskiz por un supuesto perjuicio de más de 200.000 euros para las arcas municipales. El
grupo independiente Muskiz Bai denunció tras casos diferentes: la
contratación a un arquitecto de un proyecto por 17.100 euros pese a que
“no podía ejecutarse” por incumplir el planeamiento urbanístico; la
adjudicación de la comunicación municipal a una empresa por 17.870 euros
(el máximo para que sea un contrato menor y poder realizarse a dedo es
18.000 euros) que luego se aumentó a 21.200 y a los que posteriormente
se añadieron más pagos por 47.700 euros, y la contratación de alumbrado
municipal a una empresa por 23.000 euros, que luego se incrementa hasta
los 27.400 y que posteriormente recibe otros 136.800 euros.
Un alcalde con sobresueldo
También han aflorado prácticas irregulares en la gestión municipal de
ciertos ayuntamientos pero sin mediar denuncia en los tribunales. En
enero del 2014 se destapó uno de ellos, un exalcalde del PNV con un sobresueldo de 50.000 euros.
El Tribunal Vasco de Cuentas constató la ilegalidad del anterior
alcalde del municipio vizcaíno de Orozko, Juan Antonio Ollaguenaga.
Percibió durante tres años y medio más de 50.000 euros de una sociedad
pública municipal cuando también cobraba un sueldo como primer edil. Se
conoció en noviembre de 2011, cuando el actual alcalde, del grupo
independiente Adie, lo hizo público y anunció que renunciaba a dicho
sueldo.
No es de
extrañar que dado el panorama el fiscal superior del País Vasco, Juan
Calparsoro, en una entrevista concedida a eldiarionorte.es declarase
abiertamente que "en Euskadi hay corrupción. Nos merecemos un Fiscal Anticorrupción" .
Mientras desde este órgano judicial solicitaban más medios para luchar
contra la corrupción, otros, por sus comentarios, incendiaron aún más
los ánimos exaltados por el goteo de casos descubiertos en Euskadi. Las palabras de José Luis Bilbao, el exdiputado general de Bizkaia, provocaron gran revuelo. "Pueden
estar tranquilos- en referencia a los presentes en su acto de
despedida- porque nunca escribiré mis memorias" en las que "podrían
aparecer personas con sus grandezas y sus grandes miserias". Y añadía
que su mensaje iba dirigido a "los que hacían pagos con fajos de
billetes sin demostrar su origen, los que tenían grandes sumas de dinero
en paraísos fiscales y cuyos nombres no salen a la luz, los que han
repatriado dinero de origen desconocido y van por la calle como unos
señores e incluso se permiten decirnos a los demás lo que debemos hacer y
lo que está bien o mal". UPyD consideró estas afirmaciones "muy graves y
sospechosas porque parece que está encubriendo determinadas actitudes
fraudulentas o delictivas" y presentó una denuncia contra el diputado general de Bizkaia que finalmente fue archivada.
Las instrucciones van lentas
Los casos que quedan pendientes de sentenciar se suman a otros no resueltos que se arrastran desde ejercicios anteriores como el caso De Miguel en Álava,
cuya instrucciones va lenta. El peneuvista Alfredo De Miguel tuvo que
dimitir en 2010 de su cargo de diputado foral de Álava de Administración
local cuando se destapó el caso que hizo temblar al PNV alavés. Se le
imputa por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras en
el Parque Tecnológico de Álava tras las 24 grabaciones realizadas por
una abogada en una causa en la que se investigan los delitos de cohecho,
tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, malversación, falsedad
documental y alteración de precios en concursos públicos.
Intenso ha sido el año como refleja este repaso en lo referente a
denuncias por delitos como fraude o tráfico de influencias en los
juzgados vascos. ¿En Euskadi no hay corrupción? Nada más lejos de la
realidad. Pasen y vean.
Comentarios
Publicar un comentario
Que para que una publicación tenga legitimidad estén seguros que publicaremos los comentarios, rectificaciones, respuestas y criticas que estén escritas con respeto a las normas de cortesía habituales, aunque sean contrarios a nuestra linea de pensamiento o a alguno de nuestros colaboradores.
Por lo contrario, en caso de que se lleguen a nuestro Blogg esos comentarios ilícitos o falsedades los eliminaremos de oficio en cuanto tengamos conocimiento de los mismos, para evitar del daño que pretende causar el autor de tales comentarios.