sábado, 11 de octubre de 2014

Guía sobre la Certificación del Urbanismo Ecológico

Guía sobre la Certificación del Urbanismo Ecológico

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La Agencia de Ecología Urbana en colaboración con el Ministerio de Fomento presenta esta guía para certificar planeamientos y actuaciones urbanísticas.

La Guía sobre la Certificación del Urbanismo Ecológico, elaborada por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona a partir de un convenio con el Ministerio de Fomento, tiene como objetivo la elaboración de un procedimiento instrumental que permita evaluar con criterios de sostenibilidad las actuaciones urbanísticas en municipios con un umbral de población mayor a 50.000 habitantes.

La guía es metodológica en la medida en que establece los requerimientos de información necesarios, los indicadores y los pasos para su cálculo, así como los valores de referencia que se consideran mínimos o deseables. Se parte de un marco conceptual que define el modelo urbano sostenible de referencia: el urbanismo ecológico, del que emanan los criterios para la certificación. Este modelo recoge los criterios de sostenibilidad del Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español.

En forma de fichas de indicadores, se recogen los condicionantes concretos que deben guiar las actuaciones urbanísticas, agrupados en dos grandes bloques:
Indicadores de referencia en el caso de actuaciones de planeamiento de desarrollo, que se divide en dos bloques. El primer apartado está formado por una batería de 30 indicadores y el segundo de 44, con lo que el proceso de certificación de una nueva actuación urbanística se regula mediante el análisis de 74 indicadores:
  • Análisis de las características del contexto en el que se introduce la actuación urbanística.
  • Análisis de la actuación propiamente dicha.
  • Indicadores a aplicar en el caso de un proceso de certificación de tejidos urbanos existentes. Contiene 52 indicadores diseñados para hacer una diagnosis exhaustiva del estado actual de las ciudades.
Cada bloque es independiente del otro, ya que responde a situaciones distintas: nueva actuación y diagnosis de tejido existente. Sin embargo, como no puede ser de otro modo, los criterios de sostenibilidad empleados para definir los indicadores son los mismos, y los ámbitos de evaluación también lo son, ya que parten de un mismo modelo teórico.

Ningún sistema de indicadores puede reducir la realidad de las ciudades a una consideración numérica, por potente que sea el sistema y lo sofisticada que sea la metodología utilizada. Sin embargo, sí puede ofrecer valiosas herramientas interpretativas, que ayuden en el proceso de toma de decisiones y que orienten la configuración de las ciudades hacia un modelo de urbanismo que incorpore en detalle todos los elementos que impulsan, de forma global, las piezas integrantes del modelo de ciudad más sostenible.

Es lo que pretende el sistema de evaluación de indicadores que incorpora la guía, cuyo producto final sería la emisión de un certificado, por parte de la entidad certificadora, y la concesión de una acreditación o certificación a la propuesta específica de ordenación o al gestor público del sistema urbano objeto de certificación.

Enlaces

Documento en PDF aquí

www.bcnecologia.net

viernes, 10 de octubre de 2014

Vivienda: La hora de las buenas cooperativas


La hora de las buenas cooperativas

  • El régimen, más controlado por los entes de financiación que hace un lustro, permite a los propietarios comprar a precios razonables y ajustar la vivienda a sus necesidades
   
Inmaculada de la Vega 5 Octubre 2014 -  elpais.com

    Las ideas que se tienen sobre conseguir una vivienda en cooperativa, no siempre buenas, bien vale la pena revisarlas. Casos como el de PSV en los noventa y, más recientemente, las imágenes de administradores de gestoras en el banquillo y de los cooperativistas en la calle han minado la confianza en el sistema. Sin embargo, el régimen cooperativo tiene historias con final feliz y mantiene sus ventajas como fórmula de acceso a una vivienda más barata porque se hace a precio de coste —más los gastos de gestión— y se ahorra en el beneficio del promotor. También permite un plan de pagos gradual tras una aportación incial.

Tras una época de desatinos, se puede decir que el régimen de cooperativas ha purgado muchos de sus errores. Una vez que la promoción tiene concedida la financiación, es difícil que acabe en estafa porque las entidades financieras atan muy corto a las cooperativas. La barra libre de crédito se cerró hace años. Eso sí, si a una persona le interesa sumarse a un proyecto en cooperativa ya no es suficiente con dar una pequeña señal y pagar unas cómodas cuotas hasta que llegue el momento de firmar la hipoteca. Hoy hay que tener entre el 10% y el 30% del coste final del piso y desembolsar el dinero en los primeros meses de la obra.

En cuanto al porcentaje sobre el coste total que cobra la gestora ha pasado del 12% y 16% durante el pasado boom constructor, al 8% y 9%, una cifra considerada razonable por el fundador de Domo Gestora, Feliciano Conde. El presidente de la Confederación de Cooperativas de Viviendas (Concovi), Alfonso Vázquez Fraile, —que encarna la historia cooperativista española con más de 1,5 millones de viviendas— desaconseja que supere el 10% del coste total.
En cuanto al precio, la vivienda nueva en cooperativa puede no ser más barata en comparación a las usadas que la banca ha sacado al mercado. Sin embargo, en la fórmula cooperativa el futuro propietario, —como autopromotor— va definiendo cómo será su vivienda. Conde explica que “aunque sea la gestora la que organiza todo el proyecto, el espíritu cooperativista permanece porque los socios hacen la vivienda a su medida. Y sin coste adicional”.

Leopoldo Moreno, consejero delegado de la gestora Ibosa, explica que “si se necesita una vivienda inmediatamente, hay oferta de segunda mano. Si es a dos o tres años vista, la cooperativa con una buena gestora es lo más recomendable por la extraordinaria calidad y porque se puede personalizar la vivienda”.
Otra idea a revisar es la de que hacen sobre todo vivienda protegida. “Ha caído la promoción de vivienda protegida, no hay crédito y prácticamente ha desaparecido del plan estatal”, explica el presidente de Concovi. Lo cierto es que, según el Observatorio de la Vivienda, el coste de la vivienda de protección oficial (VPO) ya no es la mitad del de la libre, como hace un lustro. Es más, en un nuevo barrio madrileño como el Ensanche de Vallecas (28.000 viviendas) hay pisos de precio libre más baratos que la protegida.

La capital española es el foco más dinámico para el mundo cooperativo. Por ejemplo, en barrios nuevos como Valdebebas, suponen el 64% de las 5.800 viviendas en marcha.

Y en las grandes urbes los suelos mejor ubicados se han convertido en un bocado costoso que, paradójicamente, pueden masticar mejor las cooperativas. “Los promotores no tienen liquidez. La cooperativa aglutina una demanda específica que puede reunir el precio del suelo, ahora que ya no se dan créditos para comprar terrenos”, explica una experta. Todavía no interesan a los fondos de inversión que buscan rentabilidades de dos dígitos. Así las cosas, la balanza se ha inclinado a favor de la promoción en cooperativa y no porque aumente la adhesión a la economía social, sino porque las entidades financieras descubrieron que el modelo permite reducir los riesgos.

Ni un euro para el suelo y nada de crédito al promotor para edificar hasta que le presentan la promoción cubierta al cien por cien con futuros propietarios solventes. Y ejerce un control exhaustivo antes de liberar los pagos para construir. Así, en cinco años (2009-2013) bajó la promoción un 76% y subió la del régimen cooperativo un 3%.

En el debe cooperativo se puede apuntar los tiempos. Puede pagar suelos muy atractivos pero necesita varios meses, a diferencia de una promotora con fondos. Afortunadamente, en los concursos de suelo público, la Administración fomenta la concurrencia al permitir pagar a plazos los suelos que saca a subasta.

Sin censo sobre las gestoras, Ibosa, con 1.500 viviendas en marcha y 40 personas —ya que incluye arquitectos y aparejadores en plantilla— o Domo Gestora, con más de 500 en marcha y en proyecto y 25 personas en nómina, son un ejemplo de las nuevas empresas: tamaño pequeño y equipo profesional que han pescado en el desguace de todas las gestoras que han desaparecido. Las históricas como Larcovi o Vitra, de mucho mayor tamaño, se han diversificado hacia alquiler y la rehabilitación.

No obstante, sigue siendo fácil registrar una cooperativa y con el señuelo de un buen precio, cobrar a muchos demandantes una escueta señal que no será reclamada en los tribunales.

Consejos para evitar el fraude
  1. Busque información sobre la trayectoria de la gestora y su solvencia. Vea promociones ya ejecutadas y visite las oficinas.
  2. Los foros de Internet sirven de orientación, sin olvidar que son de fácil manipulación. Concovi puede ofrecer información (si bien no todas las cooperativas están asociadas) y también la junta de compensación.
  3. Es importante que la promoción cuente ya con financiación.
  4. Los cooperativistas ingresan el dinero en una cuenta bloqueada a nombre de la sociedad cooperativa.
  5. La gestora no tiene ni firma ni ningún tipo de poderes. No se entrega dinero o cheques a la gestora.
  6. El suelo debe ser comprado directamente por la cooperativa y registrarse a su nombre; a falta de los seguros que la ley prevé y las compañías apenas ofrecen.
  7. La cooperativa tiene que estar en el registro de cooperativas y debe entregar al usuario los estatutos, el número que ocupa en la lista de cooperativista y toda la información sobre la promoción.
  8. Al ser autopromoción, las decisiones importantes se deciden en asamblea: contratos con la gestora y la constructora, mejora de calidades…Hay que asistir.
  9. La asamblea elige al órgano de gobierno, representación y gestión de la cooperativa: el consejo rector. Ningún miembro de la gestora puede estar en él.
  10. Además de la asamblea ordinaria anual obligatoria para aprobar cuentas por un auditor externo, se celebran asambleas extraodinarias.
  11. Quien se incorpora a una promoción en marcha tendrá que regularizar pagos con el resto de los socios. Se puede subrogar la hipoteca con la entidad que ha dado el préstamo promotor o buscar otra.
  12. Es aconsejable que la cooperativa adjudique la obra en concurso, a precio cerrado.
  13. Conviene que la cooperativa no adquiera obligaciones ante terceros hasta que no tenga un nivel de ventas suficiente para asegurar la viabilidad.
  14. Hay dos tipos de aportaciones: al capital social, reembolsable si se da de baja, en torno a los 150 euros, y la entrega y aportaciones a cuenta de la vivienda: para financiar suelo y la construcción.
  15. Cuando el cooperativista se da de baja, se le devuelven las cantidades entregadas, aunque tendrá que esperar hasta que le sustituya otro. La ley permite que se demore la devolución hasta 18 meses. Podría retenerse hasta un 5% en caso de baja injustificada, algo muy inusual.

El Tribunal Constitucional avala en su totalidad la Ley de Suelo de 2007

El Tribunal Constitucional avala en su totalidad la Ley de Suelo de 2007

   
  • Incluida la fórmula prevista en la ley impugnada para calcular el valor del suelo rural a efectos de indemnización por expropiación forzosa
Redacción 26-09-2014 inmodiario.com

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado en su práctica totalidad la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, que fue impugnada por los gobiernos de la Comunidad de Madrid, La Rioja y Canarias, así como por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, declara contrario a la Carta Magna sólo un inciso del art. 22 de la norma recurrida, relativo a la tasación del suelo a efectos de indemnización por expropiación. Han redactado voto particular discrepante los Magistrados Juan José González Rivas y Pedro González Trevijano. A este último se han adherido Andrés Ollero y Encarnación Roca.

El Tribunal recuerda que, según su propia doctrina, “la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquella que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1.1ª CE, en cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material”.

El citado precepto de la Constitución “reconoce al Estado la competencia, también exclusiva, sobre las condiciones básicas de ejercicio de derechos constitucionales o la legislación sobre expropiación forzosa, o el sistema de responsabilidad o el procedimiento administrativo común”.

La sentencia analiza, por lo tanto, si las previsiones de la ley recurrida están amparadas por las competencias que la Constitución atribuye al Estado tanto en el mencionado artículo 149.1.1ª, como en el 149.1.13ª, 18ª y 23ª. Partiendo de una definición según la cual el urbanismo es “la determinación del cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los asentamientos urbanos”, el TC afirma que el Estado “no puede imponer un determinado modelo territorial o urbanístico a las Comunidades Autónomas, pero sí incidir o encauzar el mismo mediante directrices y normas básicas que éstas han de aceptar”.

Así, considera plenamente constitucional la previsión de la norma recurrida según la cual el uso de los recursos económicos y naturales (como es el suelo) debe realizarse “conforme al interés general” y guiarse por el “principio de desarrollo sostenible”.

También encaja en la Constitución el precepto que consagra como principio básico, y por tanto válido por igual en todo el Estado, “el carácter público de la actividad urbanizadora”. Esta regulación implica límites a los derechos de propiedad y libre empresa en relación con el suelo, pero que el Estado puede imponer al amparo del art. 149.1.1ª. A partir de esas líneas básicas, será cada Comunidad Autónoma “la que, en su legislación, concrete tanto los supuestos en los que la Administración deba o pueda realizar la urbanización de forma directa como aquellos otros en los que proceda o pueda ejercerse el derecho de iniciativa de los particulares, sean éstos propietarios o no del suelo”.

El TC avala también la previsión de que se destine a la urbanización sólo el suelo “preciso para la satisfacción de las necesidades que lo justifiquen, impidiendo la especulación”. La preservación del suelo rural de la urbanización como “norma común o directriz de la política de ordenación territorial y urbanística tiene su justificación, afirma la sentencia, en la competencia del Estado en materia de medio ambiente (art. 149.1.23ª CE).

Además, añade, aun cuando “condiciona o limita la política de ordenación territorial y urbanística de las Comunidades Autónomas, no las vacía de contenido”, pues éstas siguen teniendo “un amplio margen para la configuración del modelo concreto de ordenación del territorio y la ciudad”.

Lo mismo ocurre con el establecimiento de una reserva de un 30 por ciento de la “edificabilidad residencial contemplada por la ordenación urbanística del suelo” para vivienda asequible. Según el TC, la competencia en materia de vivienda asumida por las Comunidades Autónomas se encuentra limitada “por las normas que, con fines de dirección general de la economía, establezca para este sector el Estado”. Fijar una reserva mínima del 30 por ciento del suelo de uso residencial para vivienda de protección pública “ni excede del alcance legítimo de las bases del art. 149.1.13ª CE, ni vulnera o vacía de contenido las competencias en materia de vivienda y urbanismo de las CC.AA”.

El TC considera también constitucional el precepto de la norma que exige un informe de impacto medioambiental y otro de sostenibilidad relativos a las actuaciones de urbanización. Respecto del primero, señala el TC que se trata de exigencia básica por cuanto establece “un mínimo de protección medioambiental que admite desarrollo y concreción en la legislación autonómica y que condiciona, de forma parcial pero legítima (…) el ejercicio de las competencias urbanísticas”. En cuanto al segundo, el Pleno afirma que la norma “se limita a establecer una garantía de clara finalidad económica”.

Por último, el TC avala la fórmula prevista en la ley impugnada para calcular el valor del suelo rural a efectos de indemnización por expropiación forzosa. Con el fin de evitar “tensiones especulativas” y de determinar el valor “real” u “objetivo” del suelo, la norma recurrida busca un método de valoración que se aleje de su valor de mercado. Es decir, la ley recurrida pretende que “la valoración se lleve a cabo conforme a lo que haya y no a lo que. dice el plan que puede llegar a haber en un futuro incierto’. Por ello, la ley distingue entre el suelo rural (“aquél que no está funcionalmente integrado en la trama urbana”) y el suelo urbanizado (“el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización”). Es decir, la expectativa urbanística no se tiene en cuenta a efectos de tasación, salvo que se cumplan una serie de circunstancias previstas en la ley.

En cuanto al método para calcular el valor del suelo, la ley adopta el de la “capitalización de rentas”. El TC declara que se trata de un método conforme con la Constitución, con la excepción del inciso que prevé la capacidad del Estado para modificar “hasta un máximo del doble” el tipo normal de capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación en los casos en los que “el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas”.

Según el TC, el tope máximo fijado por la ley “no se halla justificado” y “puede resultar inadecuado para obtener en esos casos una valoración del bien ajustada a su valor real”. El Pleno argumenta que, conforme a su propia doctrina, para realizar la valoración del bien se ha de atender “a la existencia de un proporcional equilibrio entre el valor del bien o derecho expropiado y la cuantía de la indemnización ofrecida”, y el método de capitalización responde a esta exigencia.

En su voto particular, Juan José González Rivas considera que los preceptos que eliminan las expectativas urbanísticas de la tasación “vulneran la garantía esencial del derecho de propiedad (art. 33 CE), incurren en arbitrariedad (art. 9.3 CE) al estar desprovistos de una base razonable y son causantes de desigualdad (art. 14 CE), pues no permiten establecer una indemnización proporcionada al valor real al utilizar un método de capitalización ajeno a éste, que se traduce en una desigual configuración de la propiedad al imponer un notorio sacrificio singular a los titulares de idéntico derecho de propiedad, que no es impuesto a quienes se permite continuar la urbanización”. Los Magistrados González Trevijano, Ollero y Roca entienden, por su parte, que el art. 33.3 de la Constitución garantiza a los particulares el principio de “indemnidad” en caso de expropiación. Cuando se trata de suelos rurales urbanizables, esta garantía exige que el propietario quede en la misma situación en que se hallaría si se le hubiere permitido participar en la actuación urbanizadora. Frente a ello, los preceptos de los que se discrepa establecen un método de valoración del suelo rural –por mera capitalización de rentas- que no tiene en cuenta el rendimiento económico del bien, de acuerdo con el destino que le asigna el planeamiento urbanístico, y en consecuencia, no garantiza la indemnidad del expropiado, produciéndose una vulneración del citado precepto constitucional.

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Sentencia Ley del Suelo 2007 y Texto Refundido de 2008

Pleno. Sentencia 141/2014, de 11 de septiembre de 2014. Recursos de inconstitucionalidad 6963-2007, 6964-2007, 6965-2007 y 6973-2007 (acumulados).

Ver Sentencia Completa aquí

Una pasarela a los tribunales


DEIA KOSTALDEA
  • Un colectivo de minusválidos censura que Gernika incumple la ley de accesibilidad en Urbieta
  • Eleva su reclamación al juzgado para determinar si el Consistorio “ha incurrido en algún delito”
  • El Ayuntamiento argumentó que el acceso a las instalaciones “está garantizado” por la calle Aldape
Viernes, 10 de Octubre de 2014


La pasarela que enlaza Santa Ana y Urbieta, en una imagen tomada mientras los trabajadores ultimaban su puesta a punto y que está pendiente de ser abierta.
La pasarela que enlaza Santa Ana y Urbieta, en una imagen tomada mientras los trabajadores ultimaban su puesta a punto y que está pendiente de ser abierta. (I. Fradua)


DEIA Imanol Fradua

Gernika-Lumo - Asinsoc, el colectivo para la integración social de personas minusválidas de Urdaibai, ha denunciado que la pasarela peatonal que enlaza el parking de Santa Ana con la zona deportiva de Urbieta, en Gernika-Lumo, no cumple las leyes de accesibilidad. La asociación ha registrado una denuncia en el Juzgado de Instrucción de la villa para que sea la justicia la que dirima si los responsables municipales, a los que alertaron de la situación abierta, pudieran haber cometido “un delito de prevaricación o algún otro ilícito penal”.

Fue la asociación la que solicitó en febrero que el Consistorio paralizara el proyecto, ya que la pasarela, que salva las vías de Euskotren, está dotada solo de escaleras para llegar a su plataforma. La contestación de los responsables municipales de Bildu llegó en marzo, asegurando que las personas minusválidas o con movilidad reducida podrían hacer uso del vial de la calle Aldape, que bordeando la ría, para llegar al espacio deportivo. El acceso a las instalaciones públicas “está perfectamente garantizado y resulta adecuado para cualquier usuario”, puntualizaron.

“Se le ha hecho saber al ente municipal de que está incumpliendo flagrantemente la normativa vigente”, apunta la denuncia que ayer hicieron pública desde Asinsoc por la actuación de un Ayuntamiento que “ha hecho caso omiso a nuestras reclamaciones”. Así, y “dada la indefensión que ello produce a nuestros asociados y a otras personas”, el colectivo ha instado a los tribunales a “investigar si los hechos pueden ser constitutivos de delito de prevaricación o de algún otro ilícito penal”.

El Ayuntamiento de Gernika-Lumo “ha incumplido sistemáticamente la normativa de accesibilidad”, apuntaron en una rueda de prensa ofrecida ayer. El colectivo, además, aportó abundante documentación legislativa y contrapuso la actuación realizada en la localidad foral frente a otras pasarelas construidas en los últimos años en Bizkaia “que sí tienen en cuenta esas leyes”. No en vano, “toda obra nueva debe de cumplir con la normativa de accesibilidad sin tener barrera arquitectónica alguna. Y más, si cabe, si quién es responsable de esa infraestructura es una institución pública que debería de velar por los intereses de todos los ciudadanos”, apuntaron. “No estamos en contra de que se construya la pasarela, si no que queremos poder utilizarla como lo hacen el resto de vecinos y vecinas”, concluyeron desde Asinsoc.

jueves, 9 de octubre de 2014

Las playas de Bizkaia cierran la temporada con un descenso de usuarios del 42%

Iosu Madariaga y María Uribe (Diputación de Bizkaia)
  • La "escasez" de días soleados sitúa los visitantes en 2,7 millones
  • La temporada transcurre "con normalidad y ausencia de incidentes" importantes





BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
  
Bizkaia ha concluido su temporada de playas con un total de 2,73 millones de usuarios, un 42% menos que el año pasado debido a "la escasez" de días soleados de este verano, y una valoración general de 7,93 sobre 10. La temporada ha transcurrido con "normalidad y ausencia de incidentes" importantes, según ha destacado el diputado de Medio Ambiente, Iosu Madariaga.

En una rueda de prensa en Bilbao, junto a la directora de Medio Ambiente, María Uribe, el diputado vizcaíno ha realizado un balance "muy positivo" de la temporada de playas, que se inició el 1 de junio y se cerró el 30 de septiembre, y que se ha desarrollado con "normalidad", a pesar de "las dificultades extraordinarias" que hubo que afrontar debido a "los destrozos" que causaron los temporales registrados en los meses de febrero y marzo.

A lo largo de la temporada, visitaron los 28 arenales vizcaínos 2.738.092 personas, lo que supone un 42,16% menos que en el verano de 2013 y ronda una de las cifras "más bajas", si bien no es "nada extraordinario" teniendo en cuenta la climatología vizcaína, ha indicado el responsable de Medio Ambiente. Del conjunto de visitantes, 846.117 han ido a la playa en agosto, 843.273 en julio, 576.979 en septiembre y 471.723 en junio.

El factor "decisivo" de esta caída ha sido, según ha recordado Madariaga, que "el tiempo no ha acompañado", sobre todo en los meses de julio y agosto, aunque también ha afectado el hecho de que las obras por los temporales no pudieron concluirse en algunas playas para el inicio de la temporada y que la temporada anterior se procedió a cambiar la metodología de conteo de usuarios.

En concreto, durante este verano se han dado 37 días nublados, seis lluviosos y otros 32 de tiempo variable. Ha habido 47 jornadas soleadas, si bien en julio y agosto, los meses en los que habitualmente hay mayor afluencia a las playas, sólo han sido 18.

Los arenales con mayor número de usuarios son Bakio, Ereaga, La Arena, Arrietera-Atxabiribil y Gorliz, todas ellas por encima de los 200.000. Las playas que mayor caída han registrado son Plentzia (-77,69%), Gorliz (-69,08%) y Karraspio (-68,87%). Por el contrario, han aumentado la afluencia de visitantes Kanala (+137,16%), Muriola (111,25%) o EA (+28,39%), entre otras.

En función de los datos recogidos por la Diputación, el 36% de las personas que van a la playa lo hacen todos o casi todos los días. Más de la mitad acude en coche, frente a un 24,7% que llega caminando y un 13,2% que utiliza el transporte público. El 30,8% va a los arenales con niños y un 27% permanece en ellos durante cuatro horas.

LA SEGURIDAD

El diputado de Medio Ambiente ha resaltado la satisfacción de los usuarios con las playas vizcaínas ya que, como nota general, le otorgan un 7,93 sobre diez. Las más valoradas son Gorliz (8,88), Plentzia (8,80) y Laga (8,51), mientras que las puntuaciones más críticas corresponden a Ereaga (6,25) y Arrigunaga (6,36).

Esta puntuación más baja se debe principalmente a las opiniones de los usuarios de los arenales de Getxo sobre la limpieza, que, en este municipio, se realiza a través de una contrata municipal con la que "ha habido dificultades". No obstante, según ha indicado Madariaga, el Ayuntamiento de Getxo es "consciente del problema" y va a adoptar las "medidas" pertinentes.

El aspecto más valorado por los usuarios es la seguridad de los arenales de Bizkaia, en la que se incluye la eficacia de los hondartzainas y el servicio de socorristas, que obtiene un 9,77 de puntuación. Todos los indicadores relacionados con la seguridad han aumentado, en general, su valoración, incluso la variable 'hurtos y robos'.

Por su parte, la limpieza y calidad del agua muestra una valoración "muy satisfactoria", con niveles parecidos a años anteriores, ya que sólo un 3% de las personas que han sido encuestadas durante la temporada apuntan a la limpieza como un aspecto que debe mejorar. Destacan Ogella (8,3) y Aritzatxu (7,99), mientras que las peores puntuaciones corresponden a Ereaga (6,5) y Arrigunaga (6,6).

La valoración de los servicios y equipamientos se sitúa en 7,20 puntos, tras un ligero aumento respecto a 2013. La nota más alta se da en Plentzia (8,05) y la más baja en Laga (6,5). En este capítulo, el diputado ha resaltado la "aceptación" de las actuaciones de mejora ambiental, como la eliminación de los pulsadores de agua en las duchas que se encontraban en cotas más bajas para evitar su "uso indebido".

LAS PICADURAS DE MEDUSA BAJAN A 96

Por otro lado, Madariaga ha explicado que la temporada ha transcurrido con "normalidad" y sin incidentes de relevancia. En total, se han atendido 8.750 incidencias y no se ha producido ningún fallecimiento ni herido de gravedad.
La mayoría de personas atendidas, 4.609, han sufrido cortes o heridas y otras 1.371 picaduras de salvario. Destaca el descenso de las picaduras de medusa, que han pasado de las 2.826 registradas en 2013 a las 96 de este pasado verano.

A lo largo del verano, se realizaron en las playas de Bizkaia 36 rescates por cansancio, 140 debidos a corrientes y otros 498 por otras causas.

Una quincena de las playas de Bizkaia han obtenido la certificación ISO 9001 y 14001 de AENOR este año, las de La Arena, Ereaga y Arrigunaga, Arriatera - Atxabiribil, Plentzia, Gorliz, Bakio, Aritzatxu, Laida y Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

Además, Bakio, Arriatera - Atxabiribil y Plentzia cuentan también con la inscripción en el Registro EMAS, "la mayor distinción en materia medioambiental", y Gorliz ha sido distinguida con la Q de calidad turística.

Dimite el concejal de Urbanismo de Bermeo, de EH Bildu, imputado por prevaricación

El exconcejal de Urbanismo de Bermeo Juan Karlos Goienetxea.
El exconcejal de Urbanismo de Bermeo Juan Karlos Goienetxea. /

Un juzgado de Gernika investiga a Juan Karlos Goienetxea por el supuesto trato de favor a un promotor

El concejal de Urbanismo de Bermeo, Juan Karlos Goienetxea (EH Bildu), ha presentado esta mañana su dimisión después de que fuese imputado por "prevaricación urbanística" por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika, que investiga una denuncia por un supuesto "favorecimiento subjetivo" de las autoridades locales a un promotor, que también está imputado. Goienetxea ha comparecido arropado por la alcaldesa , Idurre Bideguren, y ha justificado su decisión por "responsabilidad y por coherencia política". Ha insistido en que tiene la "conciencia tranquila" ya que los hechos que se le imputan "son decisiones urbanísticas del 2008 y 2009" en el barrio de San Miguel aprobadas en primera instancia por el PNV cuando dirigía el Consistorio, y refrendadas definitivamente en 2011, ya con Bildu en el poder.


"Me están convirtiendo en diana para ir contra EH Bildu y el gobierno municipal y yo no lo voy a permitir”, ha afirmado. Goienetxea, el exalcalde de la localidad costera por EA, ha señalado que, a pesar de que el grupo no ha aceptado su dimisión, cree que es algo que debe hacer porque es una persona “responsable y comprometida con la política y con el pueblo de Bermeo".

Por su parte, la alcaldesa de Bermeo ha mostrado todo su apoyo a Goienetxea y ha señalado que su conducta ha sido “ejemplar” y su gestión, “intachable. Bideguren ha recordado que a pesar de contar con la confianza de todo el grupo municipal, el edil ha presentado su dimisión “por coherencia política, algo que no es muy habitual en esta sociedad”. Además, ha acusado al PNV de “limpiarse las manos” y “eludir su responsabilidad” en este tema cuando bien sabe que las decisiones urbanísticas en San Miguel que se investigan en el auto fueron adoptadas por la formación jeltzale en 2008 y 2009. A su juicio, la actitud del PNV es "indigna y deshonrosa

Lehentasunek dirutan dute islada, eta Jaurlaritzak emango duelakoan gaude

“Lehentasunek dirutan dute islada, eta Jaurlaritzak emango duelakoan gaude”

Iratxe Arriola Busturialdeko Ur Partzuergoko presidentea

Iratxe Arriola
Iratxe Arriola


EH Bilduk aurkeztutako legez besteko proposamena onartu zuen eguenean Legebiltzarrak, kolektorearen obrak finantzatzeko; urrian egin behar ditu Jaurlaritzak aurrekontuak, eta Busturialdeko obra amaitzeko partida onartzea espero du Arriolak.

Joan den eguenean Eusko Legebiltzarrak onartu egin zuen EH Bilduk aurkeztutako legez besteko proposamena. Zer zuen oinarri?

Proposamen horren zioa izan zen falta diren tarteetan kolektorearen obrak egiteko finantziazioa lortzea eta obra horiek 2015. urtean hastea. Hasteaz gain, obra horiek amaitzea da helburua. Hau da, gaur egun falta diren konexioak (Busturiatik Gernika-Lumorako eta Gernika-Lumotik Muxikarako tarteak eta Sukarrietako ponpaketa zentroa) amaitzea. Horrela ahalbideratuko Oka ibaiko ezkerraldeko herri guztiak batuta egotea eta Lamiarango araztegiarekin klonektatuta egotea. Modu horretan bakarrik bete ahalko du proiektua diseinatzerakoan eman zioten funtzioa, eta 45.000 biztanleri zerbitzua eman.

Azpiegiturak amaitzeko kolektorea da falta dena?

Lamiarango araztegia gaur egun amaituta dagoen obra bat da, eta Okaren ezkerraldean dauden herri denei zerbitzua emateko diseinatu zuten: Bermeotik Muxikara dauden herriei, eta baita, Arratzu, Kortezubi eta Gautegiz Arteagari ere. Hala ere, zoritxarrez, lehen aipatutako konexioak falta dira; baita Sukarrieta eta Busturiko urentzako ponpaketa gunea amaitzea ere. Izan ere, azpiegitura honetan hainbat erakundek parte hartu dugu. Lamiaran araztegiaren obraren berfinantziazioaz arduratu da Espainiako Estatua, Bizkaiko Foru Aldundiak Bermeo eta Gernika-Lumoko saneamendu sareak egokitu ditu, ehun milioi euro baino gehiago erabiliz horretarako. Busturialdeko Ur Partzuergoak, bere aldetik, kolektorea egiteko lurren desjabetzeak eta obra zuzendaritzak egitea hartu zituen beregain, eta hiru milioi euroko inbertsioa egin du. Baina kolektorearen obren finantziazioa Jaurlaritzaren ardura da.

Orain arte 35 milioi euro jarri ditu Jaurlaritzak. Baina kopuru hori ez-nahikoa dela diozue.

aurlaritzak eta Busturialdeko Ur Partzuergoak hitzarmena sinatu zuten 2003. urtean. Partzuergoak beregain hartu zuen desjabetzea, obraren zuzendaritza eta proiektua idaztea; eta Jaurlaritza kolektorearen obra egiteaz arduratu behar zen. Baina proiektua idatzi barik zegoen 2003an, eta obren zenbatekoa zehaztea ezinezkoa zen. Gero, 2006. urtean proiektua idatzi genuenean jakin genuen zein den kostu erreala, eta 35 milioi horiek obraren zati bat egiteko baino ez luketela emango.

Eta proiektua aurkezterakoan, Jaurlaritzak berak onartu al zuen inbertsio handiagoa behar zela?

Bai.

Eta zein arrazoi eman izan ditu obra finantzatzeko dirurik emango ez duela esaterakoan?


Kolektorearen obrak martxan egon dira 2012. urterarte. Alegia, hasierako 35 milioi euro horiekin obrak egin dituzte orain bi urterarte. Baina diru hori amaitu egin da, eta Lopezen Gobernuaren aitxakia hori berori zen: dirua oraindik bazegoela. Eta hala zen. Baina 2012an amaitu zen diru kopuru hori, eta diru eske joan izan garenean eman diguten arrazoia izan da ez dakitela Busturialdeko Ur Partzuergoa gai izango den azpiegitura osoa kudeatzeko.

Eta horren aurrean, zein erantzun eman duzue?


Gauzak ibilian erakusten dira. 2011. urteko urrian hartu genuen guk Ur partzuergoaren ardura, 3 milioi euroko zorrarekin. 2013ko abendurako zor hori kitatuta zegoen eta aurrekontuetan oreka mantentzen genuen. Horrez gain, lanpostu publikoak sortu ditugu, eta plantilla handitu. Azken batean, azpiegituren ezagutza izan nahi dugu, ardura guztiak partzuergoak beregain hartzeko, kanpoko enpresen beharrik barik. Gainera, azken 10 urteetan ez bezala, inbertsioak egin ditu ur partzuergoak; horretarako dirua badaukagu. Beraz, ur partzuergoa kudeatzeko gaitasuna erakutsi dugu, eta deskonfiantza horren zergatia ez dugu ulertzen.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin bat egitea izan al da EAJren apustua?

Nire ustez, horrekin tematuta dago EAJ, baina ez dugu ulertzen. Azken batean, iaz 350 milioi euro hartu zituen Bilbao Bizkaiak Foru Aldundiaren eskutik. Beraz, dirua tasen bidez lortzen dutelaren argumentua faltsua da. Eusko Jaurlaritzak ere dirua eman zion iaz: 50 milioi euro. Beraz, desberdintasunik ez ematea da eskatzen duguna. Gainera, berezitasun bat ere badugu Busturialdean; aldegia, arro hidrografiko bat kudeatzen dugula, eta hori ez du beste ezein partzuergok egiten gaur egun. Gainera, Europako Uraren kartak hori berori esaten du, tokian tokiko ura kudeatu beharko litzatekeela. Eta hori da guk egiten duguna. Hobetzeko gauza asko izango ditugu, argi dago, baina uste dugu oso garrantzitsua dela zerbitzu hurbila mantentzea, eta horretarako lan egingo dugu.

Lehengo ereduaren aldean, kudeaketa propioa izateak zein onura ekarriko dio partzuergoari berari eta herritarrari?
Gure langileak izateak ekarriko duen lehenengo onura izango da zerbitzuak guk geuk kontrolatuko dugula. Hau da, kontrolatu ahal izango dugu altan ateratzen den ur bolumena zenbat metro kubiko diren; herritarrengana heltzen dena zenbat den eta galerarik dagoen, ur hori zelan potabilizatzen den, ur zikinen prozesua zelan egiten den… Hobekuntzak egiteko ezinbestekoa da prozesua bera ezagutzea. Herritarrek, bestalde, zerbitzu publikoa eta hurbila izango dute. Modu horretan, gainera, herritarrek izango dute kontrola.

Zer esan nahi duzu horrekin?

Ura leku askotan pribatizatu egin izan da; bai Hego Amerikan, baina baita Europan ere (Berlinen edo Parisen, kasurako). Beraz, pribatizazioaren mamua izan badago. Espainian –Madrilen eta Aragoin– pribatizaziorako zantzuan izan dira; baina baita Euskal Herrian ere, Gasteizen. Beraz, arriksua erreala da, eta guk uste dugu zerbitzuak publiko izan behar duela, herritarrei kontrolerako boterea emanez.

Eta Busturialdea Bilbao Bizkaia Partzuergoan sartuz gero, pribatizaziorako ateak zabaldu litezkeela uste duzue?

Mamu hori ikusten dugu; interes batzuk dituztela ikusten dugu, ulertu ezin ditugun interesak. Hori dela eta, posible litzatekeela uste dugu. Hori, edo monopolioa izateko nahia. Baina monopolio horretan aldaketak egitea errazagoa da. Gaur egun Bilbao Bizkaia Partzuergoa publikoa da, azpikontratazioekin funtzionatzen duen arren. Eta pribatizazioaren mamua hor dago. Orain arte ezetz esan izan dute, baina Gasteizen pribatizatzeko proposamena bozkatu zuten eta boto bakarrarengatik ezezkoa atera zen. Beraz, mamua ez dago hain urrun, eta kezkatu egiten gaitu.

Herritarren inplikazioa ere bilatu gura duzue, sentsibilizazio kanpainarekin.

Bai. Iraunkortasuna bultzatzeko eta herritarrak ere parte sentitzeko. Herritarren ahotsak islada izatea da gure nahia, eta gure erabakietan haiek ere kontuan hartzea. Kontseilu guztiak zabalak dira, baina harago joan gura dugu. Eta denen artean konpromisoen karta idatzi nahiko genuke. Azaroan hasi nahi dugu kanpaina hori, eta martxoaren 22an –Uraren Egunean– amaitu. Uste dugulako ditugun arazoen konponbidea denon artean bilatu behar dugula.

Zertan sentsibilizatu beharra dugu?

Ba kontsumoan, eta enpresen kasuan, esaterako, isurketak egiterako orduan ere. Isurketa baimena zehaztuta dago, eta bete beharko da. Izan ere, sarritan isurketek kalte handiak eragin dituzte, diruarekin konpentsatu ezin daitezkeenak ere.

Kolektorea egin ostean, baina, isurketak Lamiaranera helduko dira.

Bai.

Beraz, saneamendu sarea amaitzea, Oka ibaiaren eta itsasadarraren onerako izango da.

Dudarik barik. Aldaketa handia nabarituko dugu itsasadar osoan, hondartzetan. Hala ere, benetan kezkatzen gaituena Gernika-Lumoko araztegiaren egoera da.

Zaharkituta dagoela salatu izan duzue.

2003an egin zuten proiektu horretan araztegi hori desagertzera kondenatu zuten. Eta gaur egun oso zaharkituta dago, ez du behar bezala funtzionatzen eta susto pare bat eman dizkigu. Alarma gorria piztuta dago, eta hori isladatu gura dugu, ezer gertatuz gero inork sorpresarik har ez dezan.

Zer esan nahi duzu alarma gorria aipatzerakoan?

Ba kolapsatuz gero, delitu ekologiko izugarria gerta liteke. Lokatz guztia zuzenean tratamendurik barik isuriko litzateke, eta ondorio larriak izango lituzke itsasadarrean; hondartzak ere seguraski itxi egin beharko lirateke. Faunan eta floran ere kalte handiak sor ditzake. Beraz, saneamendu sarearen azpiegiturak amaitzeko finantziazioa eskatzen dugu; dagoeneko berandu helduko den arren. Izan ere, obrak amaitu orduk lau urte joango dira. Gu, bitartean, inbertsioak egiten ari gara, ahalik eta baldintzarik onenetan mantentzeko, baina hiltzen dagoen araztegi bat da. Horregatik, krisi ekonomikoaren garaia bizi dugun honetan dirurik ez dagoela entzuteak ez gaitu asetzen. Lehentasunak dirutan izan ohi dute islada, eta dirurik jartzen ez badute izango da beraientzat ez delako lehentasuna eta bigarren mailako herritartzat hartzen gaituztelako.

Jaurlaritzak bere aurrekontuetan Busturialdeko saneamendua amaitzeko dirua gordeko duela uste al duzue?

Baikorrak gara, eta uste dugu hala izango dela. Ezin du bestela izan.

miércoles, 8 de octubre de 2014

Busturialderako Hornidura Plana egiteko gai badirela berretsi du BUPk


Iratxe Arriola, BUPeko presidentea
Iratxe Arriola, BUPeko presidentea



Foru Aldundiko bozeramale Unai Rementeriak atzo egindako adierazpenak direla eta, Busturialderako Hornidura Lurralde Egitasmoa egiteko 200.000 euroko inbertsioa behar dela, eta Busturialdeko Ur Partzuergoak diru hori izan baduela esan du Iratxe Arriola presidenteak. Teknikoki ere, egitasmoa garatzeko gai direla esan du: “Kontua da URAk dioela eskumena berea dela”. Beraz, Rementeriak partzuergoak kaudimen teknikorik eta ekonomikorik ez duela dioenean herritarrak “nahasi” ditzakeela ohartarazi du Arriolak. “Aurrekontuetan plan hori garatzeko partida gorde dugu, baina URA agentziak esan digu dirurik ez jartzeko, beraien konpetentzia delako”.

Era berean, Arriolak Unai Rementeriari gogoratu nahi dio bera ere Busturialdeko Ur Partzuergoko presidente izan zela, eta berarengandik hartu zutela erakundea zorpetuta. Dena den, gaitzespenak albo batera uzteko eta elkarlanerako sasoia dela esan du Arriolak. Eta elkarkidetzan, plan horren zuzendaritzaz arduratzeko prest agertu zen Busturialdeko Ur Partzuergoa, baina ez dute proposamena onartu. “Hori bai, prozesuan parte hartuko dugu; azken batean, Busturialdeko Ur Partzuergoaren Kontseilu Orokorrak eman beharko diolako onespena dokumentuari”. Beraz, URA agentziak eta Bizkaiko Foru Aldundiak hartuko dute Hornidura Lurralde Egitasmoaren ardura.

Modu batera edo bestera, ur urritasuneko garaietarako hornidura plana ongi etorria izango dela esan du partzuergoko presidenteak, “beharrezkoa delako”. Hortaz, URAren eta Aldundiaren arteko akordioa epe laburrean sinatzea espero du. Hala ere, helburua ura herriaren ondare izatea dela gogorarazi du: “Hori dela eta, gustatuko litzaiguke herritarrei ere parte hartzeko aukera ematea; plan horrek jasotzen dituen aukera ezberdinen artean egokiena aukeratu ahal izateko” .

Cañete amnistía a miles de edificaciones ilegales y permite saturar las playas de chiringuitos y publicidad

DENUNCIA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SOBRE EL REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS

Cañete amnistía a miles de edificaciones ilegales y permite saturar las playas de chiringuitos y publicidad 

ANíBAL MALVAR | Publicado: - Actualizado: 9/4/2014 18:17
El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en una imagen de archivo. / Efe
El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en una imagen de archivo. / Efe
Actualización del 9-4-14 con la designación de Cañete como cabeza de lista del PP a las europeas
“Con la nueva Ley de Costas, dentro de pocos años todas las playas españolas se van a convertir en un gran centro comercial”. Lo dice Lola Illescas, responsable de Litoral y Costas de Ecologistas en Acción. Y es que el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, con el que se despide del Ministerio Miguel Arias Cañete, designado cabeza de lista del PP a las europeas, va a sonar como una oda romántica en los oídos de los empresarios del cemento, de los salineros y de los hosteleros del turismo zafio.

Por partes. Si usted incumplió la ley y edificó en terreno protegido a pie de mar, ahora tendrá un plazo de dos años para regularizar la situación de su chalet, y verlo recalificado automáticamente como suelo urbano. El Gobierno le regalará el terreno robado al litoral (que era de todos, de titularidad pública), si disfruta usted de “acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie”. El entrecomillado pertenece a la disposición vigésimo quinta del texto presentado por el ministerio que dirige Miguel Arias Cañete, el previsible candidato de los ‘populares’ en las elecciones europas, antes de que se estudien las alegaciones. Solamente Ecologistas en Acción ha presentado 36.

Aunque ya apenas quedan playas naturales en España, en las pocas que sobreviven se podrán instalar chiringuitos de playa, con su reggaetón amplificado sobre el ruido de las olas, tras la presumible entrada en vigor de la nueva ley. En cuanto a las playas urbanas, que en España ya son casi todas, la distancia mínima entre chiringuitos se reduce drásticamente. “En una playa urbana cada 150 metros se puede instalar un establecimiento con un total de 300 m2 (200 m2 de edificación, 70 m2 de terraza y 30 m2 de aseos) Esto puede suponer una perfecta pantalla de hormigón a permanecer en la playa. Con la situación jurídica anterior, la de la Ley de Costas del 88 y su Reglamento, en España se establecieron verdaderos muros de hormigón detrás del dominio público sus servidumbres (a veces dentro de estas últimas), pero con el Reglamento que ahora se analiza, el muro de hormigón puede llegar a situarse en la misma arena de la playa”, escribe en sus alegaciones la organización ecologista.

También se podrán instalar sobre la arena de las playas urbanas establecimientos de venta de material deportivo de hasta 300 metros cuadrados. Y se planea permitir a los chiringuitos la publicidad visual y sonora, con vallas de firmas comerciales, patrocinadores, suministradores… Las noches románticas en la playa perderán cierta intimidad alumbradas por grandes luminosos de la chispa de la vida y de Nike parpadeando sobre el mar.

Para consuelo de los puristas, señalar que los chiringuitos solo estarán instalados en las playas vírgenes durante la temporada turística. Para desconsuelo de los puristas, matizar que el concepto de “temporada turística” queda al albur de lo que decidan ayuntamientos y comunidades autónomas. ¿Cuándo deja de ser “temporada turística” en las playas vírgenes de las Canarias? En la práctica, los chiringuitos se podrán quedar todo el año, o sea.

En el litoral español hay unas 10.000 edificaciones ilegales y 1.700 instalaciones industriales. “Todo lo que se construyó desde 1988 [año de entrada en vigencia de la anterior ley] debería de haber sido destruido. Ahora no solo se amnistía a estos infractores. Se les regalan, además, 80 metros hacia la orilla”, explica Illescas cuando recuerda que la futura ley de Cañete reduce el dominio público de franja costera de 100 a 20 metros desde la orilla del mar.

La última de las 36 alegaciones elevadas por Ecologistas en Acción ante el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente tiene nombre y apellido: Abel Matutes, quien fuera ministro de Exteriores en la primera legislatura de José María Aznar. Según la organización verde, la disposición adicional sexta del borrador de Cañete dota de una singularidad arbitraria a la isla de Formentera. “Aquellas personas que son propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de terrenos que tras el deslinde previsto en el apartado 1 de esta disposición dejen de formar parte del dominio público serán reintegrados en el dominio de aquellos bienes”, señala el texto. Traducido a vulgo, según Illescas, “esto es para Matutes y su familia. Formentera es casi toda de la familia Matutes, y Matutes tiene 42 salinas, que a partir de ahora pasan a ser privadas. O sea, que se las regalan”. Según los ecologistas, además, “Formentera no tiene nada de exclusivo ni especial en cuanto a su configuración geomorfológica” para ser motivo de excepción.

¿Y ahora? La portavoz ecologista dice que “a esperar”. En principio, confían en que buena parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos –incluso los gobernados por el PP–, se opongan a las intenciones de Cañete. La nueva ley interfiere muchísimo con las competencias de ayuntamientos y comunidades, les arrebata muchas de ellas. Empezando por las recalificaciones automáticas. Hay partido. Y, si no, Ecologistas en Acción no descarta mirar hacia Europa -aunque Arias Cañete ya ande por allí- y ver qué se puede denunciar ante la siempre esquiva y veleidosa UE.