domingo, 7 de octubre de 2012

Diez motivos para oponerse a la reforma de la Ley de Costas

Diez motivos para oponerse a la reforma de la Ley de Costas

La Ley de Costas aprobada en 1988 garantiza la protección ambiental y el uso público de la costa. Defender nuestras playas, calas, dunas, acantilados, marismas y rías es proteger un bien común.
 
Sin embargo, con la reforma propuesta por el actual gobierno, se favorecen los intereses privados en detrimento del bien público mediante la modificación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la reducción de la servidumbre de protección y la ampliación del plazo de las concesiones.
El anteproyecto de reforma de la Ley de Costas:
  • Da la razón a particulares y empresas que han perdido pleitos contra el Estado en relación a la Ley de Costas.
  • No menciona, y por lo tanto ignora totalmente, los impactos del cambio climático sobre el litoral.
  • Supone la pérdida del dinero público invertido en la delimitación, recuperación y conservación del dominio público marítimo-terrestre que ahora se desprotege.
  • Implica aumentar el gasto de dinero público en nuevos deslindes e indemnizaciones de quienes en su momento sí acataron la Ley.
  • Amplía la concesión y los derechos de explotación de 30 a 75 años postergando el problema de la ocupación privada a las futuras generaciones.
  • Excluye del DPMT ecosistemas importantes como las marismas mediterráneas, salinas, esteros, ciertas zonas inundables y dunas que no estén en movimiento y se pierde la franja de 100 metros de servidumbre de protección asociada a ellos.
  • Excluye aleatoriamente del DPMT diez núcleos urbanos y buena parte del litoral de Formentera sin argumentar ni dar motivos científicos por los cuales son elegidos estos tramos de costa.
  • Desprotege grandes tramos del litoral cantábrico y atlántico al reducir de 100 a 20 metros la franja de servidumbre de protección en las rías.
  • Permite declarar suelo urbano en el frente litoral los dos años posteriores a la aplicación de la reforma, y con ello reducir la franja de servidumbre de protección también a 20 metros en estos tramos.
  • Supone regalar terrenos públicos a manos privadas, tanto por reducir la definición del DPMT como por ampliación de la concesión a 75 años.

Aprobada la privatización de la costa

Todas las versiones de este artículo: [Català] [Castellano] [Galego]
 
Ecologistas en Acción rechaza rotundamente la modificación de la Ley de Costas aprobada en el Consejo de Ministros de hoy. La ley reduce peligrosamente la protección del litoral existente hasta ahora, favorece la privatización y la especulación urbanística incontrolada en buena parte de la costa y establece infinidad de excepciones sin justificación. Se trata de una ley aprobada sin la necesaria participación social, hecha a la medida de intereses particulares, que olvida el cambio climático y su efecto sobre la costa.

El aumento de la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a 75 años supone tener en propiedad una zona pública de por vida, abriendo paso a la especulación. Los intereses privados se ponen por delante de los públicos, de los de toda la ciudadanía.

Además, Ecologistas en Acción critica que se excluyan del DPMT un total de 11 zonas asociadas a la costa sin ningún criterio científico ni justificación técnica. Es una medida que abunda en la privatización del litoral y en su desprotección.
La reducción de la servidumbre de 100 a 20 metros en lugares como las rías es una medida totalmente alejada de la verdadera dinámica de estos ecosistemas y a la previsible subida del nivel del mar derivada del cambio climático. Ignorar esta realidad acarreará grandes perjuicios sociales y económicos a las poblaciones asociadas a las costas y a las rías.

Ecologistas en Acción subraya que la reforma aprobada no trae soluciones, sino que genera nuevos problemas por el cambio de rumbo que supone con respecto a la anterior ley. Tampoco incrementará la seguridad jurídica, pese a lo que argumente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La gran cantidad de excepciones, casuísticas infinitas y desigualdades de tratamiento que recoge tendrá el efecto contrario: la incertidumbre jurídica.

Si el contenido de la reforma es censurable, también lo es el modo en el que se ha llevado a cabo su aprobación, sin la necesaria participación social. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se adquirió hace pocas semanas el compromiso verbal de debatir la reforma con organizaciones ecologistas y dar espacio para recoger sus alegaciones. Esta promesa ha sido incumplida con la inesperada aprobación de hoy en el Consejo de Ministros.

Ecologistas en Acción teme que el Ministerio de Medio Ambiente pretrenda desmantelar la legislación ambiental. El primer paso es la modificación de la Ley de Costas de 1988, privando a la sociedad de un uso público de la costa y de la protección de la misma.

La UE condena a España por la ausencia de planes hidrológicos de cuenca

La UE condena a España por la ausencia de planes hidrológicos de cuenca


Todas las versiones de este artículo: [Català]
 
Ecologistas en Acción ha podido conocer la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión EuropeaVentana nueva (TJUE) por la ausencia de planes de cuenca y la falta de información pública en la práctica totalidad del Estado español. La decisión llega después de que Ecologistas en Acción presentara, en mayo de 2010, una queja por incumplimiento de la directiva ante la Comisión Europea y este organismo recurriera al tribunal comunitario.
Según concluye el TJUE en su sentencia, el Estado español no elaboró a tiempo los planes de cuenca (excepto el de las cuencas internas de Cataluña), que debían haberse entregado a la Comisión Europea en 2010. Ecologistas en Acción espera que esta sentencia sirva para que los planes sean elaborados cuanto antes y que se corrija el rumbo de los borradores que ya se conocen, para evitar así una serie de nuevas condenas.
Hasta ahora el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguraba que los planes no estarán listos hasta 2013. Esto podría provocar una nueva sentencia condenatoria del TJUE en segunda vuelta, esta vez con la correspondiente sanción económica, que dado el volumen de planes que incumplen el plazo, podría ser muy elevada.
La sentencia de hoy, que condena al Estado español a pagar las costas del proceso, le reprende por no haber cumplido con los requisitos de información y consulta al público en una serie de cuencas. En este sentido Ecologistas en Acción también solicita al gobierno que garantice unos periodos de consultas de calidad que permitan que las aportaciones de las distintas partes interesadas sean tomadas en cuenta. Las posturas que defienden hasta el momento algunas Confederaciones Hidrográficas como la del Ebro, no demuestran ninguna disponibilidad a cambiar el borrador del Plan, manteniendo un enfoque que conllevará el incumplimiento sistemático de la Directiva Marco de Agua (DMA), además de muchas directivas anteriores.