viernes, 13 de julio de 2012

En defensa de nuestra costa


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En mayo de 2006, en pleno auge inmobiliario, un grupo de ciudadanos dedicados al estudio y la gestión del territorio impulsamos el manifiesto Por una nueva cultura del territorio. En el texto se advertía de los riesgos ambientales, económicos y sociales que entrañaba la depredación del territorio, el abuso de los recursos naturales, la ocupación acelerada del suelo y la degradación del paisaje. Desgraciadamente, buena parte de los riesgos enunciados entonces son hoy evidentes. La sociedad española debe hacer frente ahora a una crisis económica gravísima, cuyo origen se encuentra en buena medida en el desaforado desarrollo urbanístico y, en particular, en la expansión del sector inmobiliario en el período 1996-2007. Los efectos muy negativos que todo ello está teniendo en la evolución del empleo, la estabilidad de la economía española, la confianza en el sistema financiero y la solvencia de las administraciones públicas son incuestionables. Sus secuelas sociales, ambientales, urbanísticas y paisajísticas pesarán durante décadas sobre la sociedad española.
De nuevo, quienes promovimos aquel manifiesto y otros muchos profesionales e investigadores nos creemos en la obligación de reaccionar ante los anuncios del Gobierno de España de cambiar radicalmente lo establecido por la Ley de Costas de 1988. Consideramos que la propuesta gubernamental, lejos de introducir mayor racionalidad en la gestión de los espacios litorales reincidirá, según nuestro criterio, en muchos de los errores ya cometidos. En caso de prosperar, afectaría muy negativamente al conjunto del litoral español y en especial a las áreas costeras que aún conservan valores naturales destacados. El espacio costero es por naturaleza muy frágil y se ha visto sometido en las últimas décadas a una enorme presión, que ha comportado la ocupación y artificialización de áreas muy extensas. Un proceso que, de no domeñarse y corregirse podría venir a hipotecar de forma irreversible la calidad ambiental y el atractivo de nuestro litoral. ¿Podríamos imaginar la situación de nuestras costas tras el proceso urbanizador de las últimas décadas sin este instrumento normativo?

La propuesta de revisión de la ley anunciada por el ministro Miguel Arias Cañete "con el objetivo de hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de las actividades económicas y la seguridad jurídica" parte, a nuestro entender, de un diagnóstico erróneo: la contraposición entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico en los espacios costeros. Como bien sabemos, la realidad nos indica exactamente lo contrario: la competitividad de las actividades turísticas radica de forma cada vez más clara en factores como la calidad paisajística y en la identidad del lugar. La gestión sostenible del territorio costero es ciertamente una obligación social y ambiental, pero resulta también un apremiante imperativo económico.

La reforma podría hipotecar de forma irreversible la calidad ambiental y el atractivo de nuestro litoral

Asimismo, el anuncio de que se procederá a la "recuperación de terrenos degradados para el desarrollo de actividades económicas, mediante el fomento de la desafectación de espacios de dominio público que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características naturales", podría verse como un incentivo a la degradación de los espacios costeros en pos de su privatización. La propuesta no tiene en cuenta ni la fórmula que se ha dado a las zonas de monte incendiadas (prohibición de reclasificación y calificación urbanísticas por un amplio período de tiempo), así como a la alteración o desclasificación de espacios naturales protegidos, que requiere la acreditación, para evitar las acciones espurias, de que la degradación se ha producido por evolución natural.
La privatización de extensas áreas costeras que la modificación de la Ley podría comportar resultaría en una irreparable pérdida colectiva. Con ello el Estado haría dejación de su responsabilidad indeclinable en la preservación de las costas y eventualmente se incurriría en el incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de medio ambiente suscritos por España. Además, debe tener en cuenta que a localización de edificaciones, infraestructuras y actividades económicas con carácter permanente en los espacios costeros supone exponer a personas y bienes a riesgos naturales crecientes, que según las proyecciones a medio y a largo plazo se verán incrementados por los efectos del proceso de cambio climático. Las administraciones públicas no pueden ignorar esta realidad y estos escenarios científicos sin incurrir en graves responsabilidades de carácter económico, social y moral.
Consideramos que la protección del litoral es una obligación moral. No es moralmente defendible favorecer intereses privados a costa de los bienes públicos. No es políticamente sostenible la defensa de intereses particulares en detrimento del interés general. Quienes tienen la obligación constitucional de proteger, preservar e impulsar políticas que respondan a una nueva cultura del territorio, hoy indiscutible en países desarrollados y en sociedades cultas, anuncian iniciativas que van a acentuar la degradación, la fragmentación sectorial, la desregulación y prácticas tan insostenibles como indefendibles en foros cívicos o políticos de cualquier país desarrollado. Avanzar en la línea de la privatización, de hecho o de derecho, es apostar por una política de tierra quemada que, una vez agotada, implicaría enormes costes de reparación que recaerán sobre las espaldas de todos. Los bienes comunes, como el dominio público costero, no pueden quedar a merced de los derechos privados pues su gestión es estratégica y su reparación costosísima.

Oriol Nel.Lo, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, Onofre Rullán, de la Universidad de las Islas  Baleares, y Joan Romero, de la Universidad de Valencia firman este artículo también suscrito por los profesores e investigadores siguientes: Salvador Antón, Eugenio Burriel, Carmen Delgado, Josefina Gómez Mendoza, Josep-María Gili, Javier Martín-Vide, Rafael Mata, Ángel Menéndez Rexach, Guillermo Morales, Oriol Nel·lo, José Ojeda, Luciano Parejo, Joan Romero, Onofre Rullan, Joan Subirats, Fernando Vera y Florencio Zoido.

jueves, 12 de julio de 2012

El Patronato de Urdaibai aprueba el Plan Territorial de Gernika-Markina

Kostaldea

El Patronato de Urdaibai aprueba el Plan Territorial de Gernika-Markina

El ente gestor de la Reserva informa a favor del instrumento urbanístico
Imanol Fradua - Jueves, 12 de Julio de 2012 -

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai vista desde el mirador de Portuondo, en Mundaka.
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai vista desde el mirador de Portuondo, en Mundaka. (Foto: I. Fradua)
Gernika-Lumo. El Plan Territorial Parcial (PTP) Gernika-Markina pasó ayer el filtro del Patronato de Urdaibai. El pleno de la entidad gestora de la Reserva de la Biosfera, reunido ayer en el palacio Udetxea de Gernika-Lumo, dio su aprobación a la hoja de ruta urbanística para Busturialdea y Lea Artibai cuya tramitación impulsa la Diputación Foral de Bizkaia, si bien también efectuó varias recomendaciones en diferentes ámbitos.
De esta forma el PTP del área funcional Gernika-Markina logra salvar un nuevo escollo administrativo, ya que si bien la mayoría de las recomendaciones emitidas por parte del Patronato no tienen carácter vinculante -salvo las que afectaran a suelo clasificado como no urbanizable o en lo tocante al Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Reserva-, los condicionantes esgrimidos por la entidad sí que pueden ser incorporados al texto urbanístico que busca regular los suelos de 32 municipios -con una veintena de localidades de Busturialdea incluidas en el espacio natural protegido- en una extensión de 48.900 hectáreas. Con el plazo de alegaciones -un periodo que fue ampliado para obtener un mayor número de aportaciones- actualmente concluido y la oposición frontal de Bildu, que activó una recogida de firmas contra el PTP, y grupos ecologistas tanto por el fondo como por las formas utilizadas en su elaboración, el texto prosigue su tramitación hacia la aprobación definitiva.
El pleno del Patronato de Urdaibai -en el que participan miembros del Gobierno vasco, de la Diputación, de ayuntamientos y de varios colectivos sociales de la comarca- advirtió ayer sobre diversos aspectos recogidos en el PTP. No obstante, durante la sesión fueron suprimidas varias de las consideraciones que proponía. Fue el caso de la consolidación previa del 75 % de los suelos destinados a actividades económicas propuestos en el polígono comarcal de Muxika para la reserva de suelo industrial en Ajangiz y Mendata, la clasificación de suelo en Kanala o varias argumentaciones sobre el modelo residencial.
Asimismo, la entidad emitió recomendaciones sobre las actividades económicas, con una mención a que el Plan Territorial Parcial contemple mecanismos que permitan la reutilización de los suelos existentes y poder destinarlos a albergar nuevas actividades económicas, como podría ser en el caso del polígono de Gernika-Lumo, o el establecimiento de medidas de flexibilización para la implantación de actividades agrarias. Por último, y en lo que respecta a la movilidad y las infraestructuras, el Patronato aprobó incluir una recomendación para profundizar en las medidas de impulso a la red ferroviaria de Urdaibai, la inclusión del proyecto para la puesta en valor del patrimonio natural y cultural del estuario superior de la ría del Oka, o el desarrollo de la movilidad en la Reserva de la Biosfera.

“La ley de transparencia no está a la altura”


David Cabo y Mar Cabra, de la Fundación Ciudadana Civio. / JESÚS URIARTE

“La ley de transparencia no está a la altura”

Los expertos en apertura de datos David Cabo y Mar Cabra creen no se da respuesta a las preocupaciones de la gente

San Sebastián

“Open data significa que los datos que tienen las administraciones públicas, que han sido pagados por nosotros, deberían ser publicados por defecto”. Así explica David Cabo (Zaragoza, 1976), patrón fundador de la Fundación Ciudadana Civio, en qué consiste la apertura de datos que su fundación promueve. Tanto él como la directora de Civio, Mar Cabra (Madrid, 1983), han participado en el taller de Open data y periodismo de datos que se ha celebrado esta semana en el Palacio de Miramar de San Sebastián dentro de los Cursos de Verano de la UPV-EHU.
Según Cabo, “los datos que tienen las administraciones son de gran valor, y ya que se ha gastado dinero en recopilarlos, deberían publicarse en formatos que faciliten su utilización por parte de los ciudadanos.” El Open data distingue para ellos dos tipos de beneficios. Por un lado, confían en que la apertura de datos permitiría la posibilidad de crear nuevas iniciativas que se servirían de la información liberada para ofrecer diversos servicios, como por ejemplo, una aplicación de móvil que indicase dónde están los autobuses de la ciudad en cualquier momento del día.
Por otro lado, tienen claro que un movimiento de apertura de datos incrementaría la transparencia de las administraciones, lo que permitiría a los ciudadanos hacer un seguimiento de lo que está haciendo su gobierno en todo momento. Cabra asegura que “desde la fundación se lucha por una mayor transparencia y una mejor gobernanza, utilizando la tecnología para hacer comprensibles grandes cantidades de datos.”
 “La gente pregunta por las negociaciones de Eurovegas o los recortes y nadie contesta”
Fruto de ese trabajo, desde Civio han creado la página web dondevanmisimpuestos.es, que permite ver de un plumazo en qué se destinan los Presupuestos Generales del Estado. “Lo que hacemos en Civio es muy importante porque en España es difícil encontrar fundaciones neutrales que además utilicen la tecnología para publicar sus informes; se podría decir que nosotros somos una fundación 2.0”, dice Cabra.
Preguntados por la Ley de Transparencia estatal, ambos coinciden: “La ley es muy débil y no está a la altura de los estándares internacionales”. Creen que el derecho de acceso a la información está subordinado a otros derechos como el de protección de datos. Además, destacan que su proceso de aplicación está siendo muy opaco, y que el gobierno ha hecho lo mínimo para que se diga que hay una ley. Cabo asegura que “hay mucha gente preocupada preguntando por las negociaciones de Eurovegas o por los recortes en sanidad, y nadie contesta. Eso no es transparencia”.
De todos modos, Cabra señala que Euskadi es una de las comunidades que más está avanzando en este terreno, ya que el Gobierno vasco está tramitando su propia ley de Transparencia. “Una cosa es tener un portal de datos y otra cosa es colgarlos. El Gobierno vasco está apostando por hacerlo, incluso con datos que hasta podrían considerarse sensibles. Tú puedes entrar en Open Data Euskadi y saber cuánto cobra el lehendakari”, apunta.
Euskadi está avanzando en este terreno y está tramitando su propia ley de Transparencia
En el panorama internacional, EEUU y Reino Unido destacan en la aplicación del Open data y del gobierno abierto. La llegada de Obama a la presidencia del país estadounidense supuso un impulso a la apertura de datos que no se había dado hasta la fecha. En cuanto al Reino Unido, “podría decirse que está incluso más adelantado que los EEUU en este ámbito, porque tanto el actual gobierno de Cameron, como el anterior de Brown, han apretado mucho el asunto. La administración central del país está obligada a publicar todas las facturas de más de 25.000 libras. Además están publicando muchas estadísticas sobre crímenes, datos sobre educación, sobre sanidad…” según afirma Cabo.
En la fundación tienen claro que por mucho que ellos hagan, “el Open data depende de la voluntad política. Es la administración la que tiene que decidir si libera o no sus datos”. Cabo cree que no se le puede pedir a la gente que participe cuando la gente no sabe lo que está pasando: “Tienes que facilitar la información para que la gente tome sus decisiones. Si yo voy a elegir un colegio para mi hijo, ¿por qué no voy a tener acceso a la nota que se les pone a los colegios? El Open data es una forma más proactiva de que las administraciones publiquen la información que ya tienen y que hemos pagado entre todos. La información es nuestra. La información realmente es de los ciudadanos”.

miércoles, 11 de julio de 2012

Mundakako Larrinaga Jauregia, isiltasun administratibo “arriskutsua”



Mundakako Larrinaga Jauregia, isiltasun administratibo “arriskutsua”
Zain Dezagun Urdaibai Taldeak Mundakako Larrinaga Jauregiak erakusten duen egoera “arriskutsua” salatu nahi du, enegarren aldiz. Ondare historiko-kulturala zaintzearen ardura duen Mundakako Udalak erantzukizunak eskatu beharko lizkioke eraikinaren jabetza duen Umpro enpresari. Mundakako Udalak 2010 urtean, Zain Dezagun Urdaibairen eskariari jarraiki, segurtasun eta mantenu neurriak hartzeko exijitu zien aurreko jabeei, herriko bi enpresa eraikitzaileei, udal aginte baten bidez. Geroago, Umpro enpresak hotel bat eraikitzeko asmotan erosi zuen 2011n, hala ere, bi urteren buruan ez dira neurriok hartu eta eraikina egoera lazgarrian dago.


Mutiko baten istripua San Pedro Jaietan
Izan ere, iragan Mundakako San Pedro Jaietan 12 urteko mutiko batek istripu larria jasan zuen eraikinean bertan Jauregiko esparruan lagun koadrilarekin sartu eta gero. Bost metrotako altuerako zulo batera amildu zen K.R. mutikoa, bertara olgetan sartu eta gero. Zauriak jasan ditu belaunean eta bertaratutako testiguen arabera, “mirariz ez da bertan hil”. Autobus geltokitik oso gertu dagoen eraikinak ez ditu betetzen segurtasun baldintza minimoak. Oso erraz sartu daiteke bertan, eta gazteak zein edozein herritar bertara sartuz gero, erortzeko edo istripu bat jasateko arriskua dute.
2010. urtean Mundakako Udalak eraikinaren oinarrizko mantenua egiteko beharrezkoak diren neurriak hartzera behartu zituen Goiko kalean dagoen XIX. mendeko jauregiko jabeak. Agindu horren bitartez, Udalak eraikinaren babesa bermatu gura zuen. Izan ere, Larrinaga jauregiak estilo errenazentista du eta udalerriko araudi urbanistikoak babesten du. Orduan eraikina hondatuta zegoen, bi urteren buruan antzeko egoeran dagoela salatu nahi dugu. Ordutik hona, ez udalak ez jabetza izan duten enpresa ezberdinek ez dute ezer egin egoera konpontze aldera. Gure ustez, erantzukizun subsidiarioa Mundakako Udalarena da, izan ere, enpresek ez badute ezer egiten berak hartu beharko bailuke obren kargu eta gero enpresei fakturatu lanen kostua.
Zain Dezagun Urdaibai Taldeak behingoz neurriak hartzeko eskatu nahi dio Mundakako Udalari gertatu daitezkeen istripuak larriagotu baino lehen. Honez gain, herritarren eta ondare kulturalaren defentsan beharrezkoak liratekeen mobilizazio eta ekintzak egingo ditugu.
Z.D.U.