Diez motivos para oponerse a la reforma de la Ley de Costas

Diez motivos para oponerse a la reforma de la Ley de Costas

La Ley de Costas aprobada en 1988 garantiza la protección ambiental y el uso público de la costa. Defender nuestras playas, calas, dunas, acantilados, marismas y rías es proteger un bien común.
 
Sin embargo, con la reforma propuesta por el actual gobierno, se favorecen los intereses privados en detrimento del bien público mediante la modificación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la reducción de la servidumbre de protección y la ampliación del plazo de las concesiones.
El anteproyecto de reforma de la Ley de Costas:
  • Da la razón a particulares y empresas que han perdido pleitos contra el Estado en relación a la Ley de Costas.
  • No menciona, y por lo tanto ignora totalmente, los impactos del cambio climático sobre el litoral.
  • Supone la pérdida del dinero público invertido en la delimitación, recuperación y conservación del dominio público marítimo-terrestre que ahora se desprotege.
  • Implica aumentar el gasto de dinero público en nuevos deslindes e indemnizaciones de quienes en su momento sí acataron la Ley.
  • Amplía la concesión y los derechos de explotación de 30 a 75 años postergando el problema de la ocupación privada a las futuras generaciones.
  • Excluye del DPMT ecosistemas importantes como las marismas mediterráneas, salinas, esteros, ciertas zonas inundables y dunas que no estén en movimiento y se pierde la franja de 100 metros de servidumbre de protección asociada a ellos.
  • Excluye aleatoriamente del DPMT diez núcleos urbanos y buena parte del litoral de Formentera sin argumentar ni dar motivos científicos por los cuales son elegidos estos tramos de costa.
  • Desprotege grandes tramos del litoral cantábrico y atlántico al reducir de 100 a 20 metros la franja de servidumbre de protección en las rías.
  • Permite declarar suelo urbano en el frente litoral los dos años posteriores a la aplicación de la reforma, y con ello reducir la franja de servidumbre de protección también a 20 metros en estos tramos.
  • Supone regalar terrenos públicos a manos privadas, tanto por reducir la definición del DPMT como por ampliación de la concesión a 75 años.

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