Algunas reflexiones ecologistas sobre la Ordenación del territorio de Andalucía

 

Algunas reflexiones ecologistas sobre la  Ordenación del territorio de Andalucía

LOLA YLLESCAS
Ecologistas en Acción-CEPA

Ecologistas en Acción-CEPA somos una organizzación ecologista que considera que el desarrollo humano y la conservación de la naturaleza han de ser compatibles, y debe y puede existir armonía entre nuestra actividad social y un medio ambiente de calidad. Es por esto que entendemos que las normas y planes de ordenación del territorio son importantes y transcendentes en nuestro trabajo.

Participación pública

A los ecologistas nos interesa la conservación del territorio y la calidad de vida de sus habitantes; por esto consideramos necesaria la participación ciudadana en todo lo relacionado con su planeamiento y su ordenación. Sólo así se garantizará la idoneidad del diseño y la satisfacción de todos.

Con frecuencia los ciudadanos somos críticos en nuestros círculos con el diseño de tal plaza, de tal paseo marítimo, con la instalación de tal carretera, con la nueva urbanización que destroza una zona forestal... Otras veces criticamos que "los políticos" no ponen en marcha infraestructuras que consideramos necesarias. Todo queda ahí, no pasamos a exponerlo públicamente, a dirigirnos a los responsables políticos y a solicitar alternativas deseables y beneficiosas.

Y es que en Andalucía tenemos muy escasa "cultura" de participación ciudadana en el diseño de lo público. Pero a nadie parece preocuparle esto, y menos aun a las distintas Administraciones. En este sentido hay dos hechos que nos parecen especialmente censurables:

1. Se hacen anuncios de exposición pública de proyectos que son irreconocibles o inidentificables. Se anuncian escasamente, con lenguaje tecnocrático y poco asequible y con nombre burocráticos o administrativos. Así hemos visto convocatorias de exposiciones públicas de la zona "TR-13 y TR-15 del P.P. RT-46, Loma del Puerto", o bien otro del "P.P. Sector C, promovido por Mugare S.L.". Evidentemente, así los ciudadanos normales no nos enteramos de qué se trata y es difícil que nos movilicemos o participemos. El enunciado de la convocatoria puede ser corresto pero también es pretendidamente incomprensible.
2. La participación pública se debe poder llevar a cabo en cualquiera de las fases de realización de un proyecto: en fase de anteproyecto, aprobación inicial,aprobación definitiva, etc. Sin embargo, desde el año 1994 en que la Junta de Andalucía publicó el Decreto 77/1994 por el que se regula el ejercicio de las competencias en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, esta posibilidad está claramente mermada. El citado decreto establece en cada provincia andaluza la llamada Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU), que sustituye a la antigua Comisión Provincial de Urbanismo (CPU).

Esta nueva CPOTU sigue teniendo competencias tan importantes como la de aprobación de Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de ciudades que no sean Centros Subregionales, de Planes Parciales y Especiales de ciudades de menos de 50.000 habitantes y la de aprobación de construcciones en suelos no urbanizables. En estas nuevas comisiones hemos sido excluidos todos los representantes de organizaciones sociales. En las antiguas Comisiones Provinciales de Urbanismo éramos miemnbros los representantes de los promotores, de los consumidores, de los vecinos y, en algunos casos, de los ecologistas. Ahora los catorce miembros, presididos por el delegado provincial de Gobernación, son todos representantes de las distintas Administraciones.

Los ciudadanos conocemos planificaciones e instalaciones urbanísticas cuando ya han sido aprobadas; quedamos abocados a la protesta o al recurso, complejo y caro, ante los tribunales.

La exclusión de organizaciones ciudadanas en los órganos de decisión urbanística en Andalucía parece encaminada a evitar publicidad en las tramitaciones y transparencia en lo que se planifica y aprueba. El ocultismo y el secretismo no son buenos aliados de la gestión en las sociedades democráticas, por el contrario la información y la transparencia deben guiar la actividad pública, y más en temas de ordenación del territorio y urbanismo que mueven muchos y poderosos intereses y que tan relacionados han estado con numerosos casos de corrupción.

Ayuntamientos

El decreto citado anteriormente también establece la delegación de competencias urbanísticas a los Ayuntamientos. Es cierto que ésta se lleva a cabo con supervisión de las Delegaciones provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, es cierto también que es limitada y que no permite a los Ayuntamientos actuar en lo relativo a recalificaciones del suelo. Sin embargo hemos visto cómo algunos Ayuntamientos, basándose en el diseño de Planes Especiales, han dado el visto bueno a actuaciones que alteran y destruyen el medio natural de espacios calificados como no urbanizables, como es el caso de alguna instalación de golf en lo que era un bosque mediterráneo de alcornocal. Otras veces los Ayuntamientos han permitido instalaciones en terrenos no urbanizables y de valor ecológico por el procedimiento de declararlas de utilidad pública o interés social, siendo esto una competencia que el citado decreto 77/1994 les delega.

Los ecologistas no tenemos ninguna animadversión contra los Ayuntamientos ni pensamos que su gestión sea menos considerada con el entorno, pero sí sabemos que una fuente de ingresos fundamental para ellos es la de las licencias urbanísticas. La gran mayoría de los Ayuntamientos andaluces tiene deudas millonarias, e incluso algunos pequeños tiene problemas para pagar las nóminas de sus funcionarios; de esta forma las licencias de obras son siempre deseadas e incluso vitales.

Los ecologistas pensamos que mientras esto siga así los Ayuntamientos no podrán gestionar el territorio de manera sustentable, sin destruir sus recursos naturales y paisajísticos. O se les solucionan sus fuertes deudas o no nos parecen cualificados para detrminar y cobrar licencias urbanísticas

Pensamos que es más conveniente la vuelta a la existencia de un organismo supramunicipal, amplio, participativo, abierto a la presencia de organizaciones políticas y sociales, que determine en discusión democrática qué tipo de instalaciones queremos, y que tutele de manera distanciada en lo económico la completa ordenación del territorio.

Convenios urbanísticos

Estamos viendo con demasiada frecuencia que los Ayuntamientos presentan planes urbanísticos con propuestas "blindadas" o no revisables, pues se trata de propuestas que ya previamente han acordado bajo convenio con algún particular: Este hecho, en nuestra opinión, es inadmisible por dos motivos:

1. Es un fraude al precepto legal de la exposición pública; ¿para qué se somete a la opinión de los ciudadanos algo que ya está decidido? Es un procedimiento que permite la pura y dura especulación. Los convenios no los proponen los agricultores o pequeños propietarios de tierras cercanas a los pueblos; los proponen iversores que previamente han comprado esas tierras a precios rústicos. 
2. Siempre se convení la recalificación del suelo a cambio de algo que necesite el Ayuntamiento, generalmente algo tan impreciso e irreclamable como la creación de empleo. Estos poderosos económicamente hablando, no sólo especulan con la tierra, también lo hacen con las necesidades de muchos andaluces.  Acaba dirigiendo el crecimiento de las ciudades hacia lugares que sólo se justifican por intereses muy particulares y carecen de sentido desde el punto de vista de la conservación del medio natural; lugares que, de no existir el susodicho convenio, no hubiesen sido propuestos para lo urbano.

Por todo esto, desde ECOLOGISTAS EN ACCION-CEPA proponemos que en la gestión urbanística y del territorio de Andalucía la participación pública sea efectiva y se puede realizar en cualquier fase de un proyecto, que la aprobación de estos proyectos sea distanciada de las necesidades económicas de los Ayuntamientos y tutelada por un organismo supramunicipal, y que se consideren contrarios a la ley los convenios urbanísticos entre particulares y Ayuntamientos.