Las Juntas aprueban el dictamen y cierran la investigación sobre los bonos del ferry

Aprueban el dictamen

Las Juntas aprueban el dictamen y cierran la investigación sobre los bonos del ferry

El diputado general se compromete a mejorar la custodia de documentos en los relevos de Gobierno
Aitziber Atxutegi - DEIA Miércoles, 12 de Enero de 201 

Bilbao. Tras un debate bronco y áspero, con acusaciones mutuas de responsabilidades entre el PNV y el PSE, las Juntas Generales mostraron ayer su respaldo al dictamen de la comisión de investigación sobre los bonos del ferry y dieron por válidas sus conclusiones: que no hay responsabilidades políticas que exigir, ya que los cargos forales actuaron de buena fe y no se ha perdido dinero público. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, se comprometió a acatar las recomendaciones de esta comisión para mejorar la custodia de documentos, sobre todo cuando se producen relevos en los departamentos.

Con el pleno de ayer queda zanjada la investigación parlamentaria que se inició el pasado mes de mayo y en la que han declarado más de medio centenar de cargos públicos y personal de la Diputación desde 1995, para esclarecer qué ocurrió con los más de 35.000 bonos del ferry Pride of Bilbao desaparecidos; una desaparición por la que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas llegó a acusar a la Diputación de una pérdida patrimonial de casi diez millones de euros.

El dictamen de la comisión es, en este sentido, claro. Textualmente establece: "Dado que ha quedado claro la inexistencia de actos de mala fe, malversación de caudales públicos o enriquecimiento individual de cargo público alguno, no parece procedente la exigencia de responsabilidades políticas". Además, sitúa el origen del problema en la decisión, por parte de la coalición de gobierno foral entre el PNV y el PSE, para poner en marcha la línea marítima entre Bilbao y Portsmouth. Para ello, la Diputación firmó en 1992 y 1995 acuerdos con P&O para establecer este ferry y adquirir bonos de viaje. La Comisión Europea declaró ayudas de Estado esta compra y obligó a su devolución, que se hizo en metálico -9,7 millones de euros- al no existir físicamente los bonos, "una sentencia bien ejecutada ya que ni de oficio ni de parte se ha planteado un incidente de ejecución". La Diputación, a propuesta de los responsables políticos del departamento de Transportes -en manos de los socialistas hasta 1999-, "entendió políticamente necesario continuar apoyando económicamente la línea marítima", sorteando la sentencia de la UE. Una decisión que fue adoptada "de buena fe", para evitar el cierre de la línea y su repercusión negativa para Bizkaia, sin que "ningún grupo político de las Juntas la cuestionara".

El dictamen también admite que ha sido imposible determinar "en qué fecha concreta, ni por qué dejaron de haber bonos de viaje en la dirección de Transportes", aunque reconoce que esta desaparición no implica una pérdida patrimonial, "porque el derecho a viajar en ferry sigue existiendo". Es más, advierte de que "no de hacerlo así, tendríamos que dar esa misma calificación a todas las iniciativas de financiación pública que se acuerdan desde la Diputación en cada uno de los programas de transporte público u otros de interés social".

Este dictamen fue aprobado ayer con los votos a favor del PNV, EB y EA, la abstención de ANV y Alternatiba, y el rechazo de Aralar, PSE y PP. Estos dos últimos partidos, además, formularon sendos votos particulares para ofrecer su propia versión de lo ocurrido.

En palabras de la portavoz jeltzale, Aizbea Atela, el dictamen de la comisión "se basa en hechos objetivos" y constata la inexistencia de una pérdida patrimonial. Atela arremetió duramente contra la postura del PP, que calificó de "torticera", y le recordó que la Fiscalía archivó su denuncia del caso. "Se han tirado a la piscina y no saben cómo salir de ella", les recriminó. Con más dureza se refirió al PSE y su "cortoplacismo carroñero" por la cercanía de las próximas elecciones forales y municipales, acusándole de intentar eludir su responsabilidad mientras estuvo al frente del departamento de Transportes, hasta 1999. "Ha quedado claro que el PSE y sus responsables forales han podido tener mucho que ver con el asunto", les reprochó. Así, recordó que entre 1995 y 1998, los bonos se entregaron "directamente a Miguel Ángel Fernández -entonces director del área y hoy subdelegado del Gobierno de Bizkaia-", por lo que sospecha que "saben más de lo que cuentan".

Ezker Batua, por su parte, lamentó que no se haya podido llegar a un consenso respecto al dictamen porque "se jugaba a otra cosa", en referencia a los intereses electoralistas. Jose Ferrera fue especialmente duro con el PSE, al que acusó de "intentar eludir sus responsabilidades", y defendió que lo ocurrido fue fruto de una "terrorífica gestión con responsables muy concretos, los gestores del departamento de Transportes, en manos del PSE, y, como máxima autoridad de la Diputación, el señor Pradera". No obstante, recordó que ningún partido se opuso a aquellas decisiones, por lo que "todos debemos ser consecuentes".

El apoderado de EA y presidente de la comisión, Joseba Gezuraga, lamentó la "amnesia colectiva" que parecían sufrir muchos de los comparecientes. Tanto Aralar como ANV arremetieron contra la "mala, nefasta gestión" de los bonos y denunciaron el "linchamiento político" del PP y el PSE al actual Gobierno foral, mientras Alternatiba advirtió de que "el caso no se ha cerrado".

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