Un juzgado investigará el rechazo de Lezama a inscribir a un grupo vecinal

El colectivo, crítico con el consistorio, figura desde 2006 en el registro del Gobierno

ALBERTO URIONA - EL PAIS Bilbao - 09/08/2010

La gestión de la alcaldesa de Lezama, Alaitz Etxeandia (PNV), no es investigada únicamente por la Fiscalía. Un juzgado de Bilbao estudiará la demanda de la asociación vecinal Lezama Bizirik, un grupo crítico con el consistorio, por negarle la inscripción en el registro municipal de asociaciones. Este colectivo si aparece desde 2006 en el listado de colectivos del Gobierno.

El Ararteko concluyó en diciembre que "no hay razones" para no registrarle

Lezama Bizirik, que lleva dos años intentando ser reconocida en la localidad, presentó a principios de mes la denuncia, que será tramitada por el juzgado de lo contencioso número 5 de Bilbao. Han acudido a los tribunales tras un decreto de alcaldía del pasado 20 de mayo, que desestima su inscripción en el registro municipal de asociaciones. La alcaldesa denegó, además en el mismo decreto, la petición de que se les abonen subvenciones de los cuatro últimos ejercicios.

La actitud del consistorio municipal ya fue reprochada en diciembre pasado por el Ararteko. "No hay razones para que esta asociación no acceda al registro", concluía el informe. El Defensor del Pueblo en Euskadi se mostraba incluso molesto con la actitud de la regidora de Lezama. Ante la argumentación de que no hay "acreditadas razones" para rechazar la inscripción, "la alcaldesa respondió reiterando lo indicado en la comunicación anterior y señalando, sin ningún tipo de razonamiento o motivación que no está inscrita en el registro municipal".

El Ararteko sostenía que la negativa a la inscripción "supone perjuicios claros" al no poder optar al uso de locales y a las subvenciones. Dice que la única explicación de Etxeandia es que el consistorio de Lezama sólo da subvenciones por actividades culturales y deportivas y que en la web municipal sólo aparecen los grupos con estos fines. "La información recibida no respondía a la principal cuestión sobre la inscripción en el registro", dice el informe del Ararteko, que reprocha que el ayuntamiento ni siquiera haya contestado a la petición de Lezama Bizirik. "Tiene la obligación de resolver", dice citando a la ley de administraciones públicas. "El Ayuntamiento de Lezama, al no adoptar ninguna resolución motivada, coloca a los interesados ante una clara indefensión".

Este asunto fue debatido en un pleno, en febrero, en el que el PSE presentó 15 preguntas. La alcaldesa sólo respondió que el informe existe y, ante el deterioro grave de la imagen que supone, replicó que "era su opinión". Al resto, entre ellas si va a cumplir la recomendación del Ararteko, no dijo nada.

Desde marzo, la Fiscalía de Vizcaya investiga la recalificación de terrenos de la familia de la alcaldesa, Alaitz Etxeandia, del PNV, realizada ocho meses después de que sus parientes firmasen un acuerdo con dos constructoras para cobrar seis millones de euros por el suelo. Un auto del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao -tras un litigio entre la familia de la alcaldesa y las constructoras, que rebajó el pago de 6 a 5,3 millones- destapó el caso. Ambas partes firmaron en febrero de 2007 la venta de un solar urbano de los Etxeandia, que estaba calificado como inundable e impedía cualquier uso residencial, para construir 52 viviendas. Sin embargo, en octubre de ese año, quedó aprobado definitivamente el plan urbanístico de Lezama, que recalificó ese suelo al eliminarse la calificación de inundable, lo que sólo permitía obras de saneamiento o la creación de una zona verde, según fijan los criterios de la Dirección de Aguas del Gobierno. El Ayuntamiento sostiene que no ha habido ningún cambio de uso.

En 2009, se firmó un nuevo acuerdo, por el que los Etxeandia percibieron 2,2 millones, mientras que los 3,1 millones restantes se abonarían a través de pisos y garajes en la futura área residencial. El acuerdo tiene vigencia hasta abril de 2011 -cuando tienen que estar concluidos los trámites urbanísticos para poder edificar en el solar-, pero las constructoras, que han visto como el Tribunal Superior ha anulado todo el plan urbanístico de Lezama, se niegan a abonar esos 3,1 millones y quieren recuperar además los 2,2 millones abonados.

La alcaldesa está imputada además en un delito de prevaricación por la construcción del centro cívico de la localidad, junto a otros cinco ediles peneuvistas, y ya ha declarado ante un juzgado de Bilbao por este asunto. Pese a estos casos, el PNV ha cerrado filas y ha vuelto a presentar a Etxeandia, que lleva tres años en el cargo, como candidata a la alcaldía.

PARA VER LA RESOLUCIÓN COMPLETA DEL ARARTEKO SOBRE EL TEMA HAZ CLIC AQUÍ;
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1769_3.pdf