El secretario de Bakio reconoce «ilegalidades» en la gestión municipal

el correo COSTA

Declaro el miércoles ante el magistrado que instruye la denuncia por prevaricación de la oposición contra el alcalde, Txomin Renteria

16.07.10 - 02:37 -
 
 
 
El secretario del Ayuntamiento de Bakio, Juan Francisco Egiguren, uno de los testigos citados a declarar tras la denuncia de prevaricación interpuesta por los tres partidos de la oposición -EA, Izquierda Abertzale y Aralar- contra el alcalde de la localidad, Txomin Renteria, ha reconocido «ilegalidades» en la gestión municipal ante el juez que instruye el caso. Entre las irregularidades apuntadas se encuentra la adjudicación directa por parte del primer edil de los dos planes parciales del proyecto urbanístico de Ohija -incluye un campo de golf de ocho hoyos- por sendos importes de más de 200.000 euros, pese a que el máximo mandatario «sabía que no se puede realizar de esa manera cuando la cantidad es superior a 18.000 euros». 
 
En ambos casos, además, la concesión recae en la firma IAZ Estudio, en la que figura el arquitecto municipal, Iskander Atutxa. A otra empresa de este mismo técnico municipal -Arkigest- también se le adjudican «de igual modo» varios trabajos más en la localidad turística. Asimismo, el secretario también admitió, a preguntas del abogado de la acusación, que el Consistorio aprobó modificaciones presupuestarias en las que se asignaba a gastos ordinarios subvenciones públicas otorgadas para proyectos relacionados con programas de eficiencia energética y abastecimiento de agua. La medida se adoptó en pleno con los votos favorables de los ediles del equipo de Gobierno -PNV-. La oposición municipal considera que ese dinero se destinó a «tapar cañones». 
 
Respecto al «incumplimiento» de contrato por parte de la empresa adjudicataria del futuro centro de talasoterapia de la localidad -Kiura S. L.- y la negativa del primer edil a romper el acuerdo, el secretario bakiotarra reconoció que las obras, que todavía no han comenzado, «debían estar terminadas en agosto de 2008» y que, dadas las irregularidades existentes, propuso «la rescisión del contrato». La firma sólo ha abonado «50.000 de los 450.000 euros que debía aportar como canon desde que se realizó la concesión». 
 
Talasoterapia
Se da la circunstancia que el Ayuntamiento bakiotarras debe abonar unos 60.000 euros anuales al Gobierno central por la ocupación del suelo público en el paseo marítimo, que es donde se prevé instalar el centro de talasoterapia. El primer edil remitió, a mediados del pasado año, un requerimiento a los responsables de Kiura S. L. para que acometiesen inmediatamente las obras de acondicionamiento del recinto, ya que, de lo contrario, se procedería a revocar el contrato. Sin embargo, «todo ha quedado en papel mojado, un lavado de imagen», apuntan desde la oposición. 
 
El alcalde bakiotarra, además, «no quiso, aunque era consciente de que debía ser así» pasar por pleno la modificación de las condiciones de un crédito firmado con la BBK para hacer frente los problemas de tesorería del Consistorio y la ejecutó mediante decreto para sufragar «terminadas inversiones». Además del secretario, también estaba citado ante el juez el arquitecto municipal, aunque su declaración se ha pospuesto al encontrase en el extranjero. 
 
En octubre del pasado año ya testificó como imputado el alcalde bakiotarra, aunque únicamente respondió a las preguntas de su defensa y del magistrado. La oposición tiene previsto solicitar la próxima semana que se cite también como imputados a los otros cinco concejales del PNV en el Ayuntamiento «porque respaldan las decisiones del alcalde».
 

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