CORRUPCION URBANISTICA

Como una mancha de aceite. La 'operación Malaya' convirtió Marbella en el epicentro del terremoto que sacude todos los rincones de la geografía española. Con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina (mayo 2007), alcaldes y concejales de todos los colores empiezan a ver sus nombres a golpe de ladrillo en los medios de comunicación. La corrupción urbanística es el tema estrella de esta precampaña electoral que ya ha empezado y que promete ser larga y acusadora: cualquiera parece culpable mientras no se demuestre lo contrario.

Sólo en 2005 se construyeron 800.000 nuevas viviendas en nuestro país (tantas como en Reino Unido, Alemania y Francia en su conjunto), pero el aumento y exceso del producto no ha abaratado su precio, sino todo lo contrario. El «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» —dice el artículo 47 de la Constitución— queda en una simple declaración de intenciones cuando comprarse una casa no está al alcance de cualquiera.

España es el país de la OCDE donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años. Y es un secreto a voces que el dinero negro se blanquea con ladrillos. Las operaciones 'Avispa', 'Ballena Blanca' y 'Delfín' han destapado que las mafias internacionales han encontrado aquí un nuevo paraíso terrenal y fiscal. El «Spain is different» ha adquirido un doble sentido ahora que el horizonte que presidía el toro de Osborne está sembrado de grúas. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a decir recientemente que no acepta lecciones de democracia de un país —España— en el que muchos alcaldes están encarcelados por corrupción.

Los cimientos

¿Qué pasa aquí que no pasa en ningún otro rincón del Continente? La clave está en el modelo de gestión de suelo, «un error inmenso», según el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, experto en corrupción. «En otros países europeos, la calificación o recalificación de un terreno no implica para el propietario la obtención de plusvalías, porque no aumenta su precio. El terreno vale lo que vale. Es la sociedad la que obtiene el beneficio de que ese suelo se convierta en urbanizable», explica el catedrático. Un segundo factor explica la creciente actividad especulativa en España. «En Europa no se entiende que urbanizar sea un derecho del propietario, como ocurre aquí, sino que es una obligación pública que corresponde a la autoridad local o al Gobiernor».

Estos son los dos 'cimientos' que han permitido que los 'pelotazos' se multipliquen allí donde hay un interés económico real en desarrollar promociones urbanísticas, especialmente en el litoral y en las afueras de las grandes ciudades. Así lo pone de manifiesto un informe elaborado por Villoria para la ONG Transparency Internacional que ofrece una radiografía completa del tema: todos los municipios obtienen ingresos importantes a través de los convenios urbanísticos (acuerdos entre un particular y el Ayuntamiento en los que el primero cede terreno o paga dinero por el cambio de calificación de un suelo); hay poca vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones de los proyectos; las sanciones suelen ser multas, no demoliciones; muchos nuevos partidos se han creado al amparo de intereses urbanísticos para llegar a los Ayuntamientos e influir en planes y decisiones… El informe aboga por la necesaria reforma de la ley de financiación de partidos: «El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos».

El derribo

Desde su blog personal, el propio ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, confiesa su «preocupación» por el tema, aunque insiste en que «no es cierto, ni justo, dar la sensación de que existe corrupción generalizada». En esta web, el ministro también explica que el crecimiento urbanístico desmedido —«rechazable»— se confunde muchas veces con corrupción, cuando son dos cosas distintas que no siempre van parejas.

Sevilla y la dirigente 'popular' Soraya Sáenz de Santamaría intentan desde hace tiempo consensuar el proyecto de ley de Bases de Régimen Local que, entre otras muchas cosas, prevé hacer más transparente la gestión municipal y permitir a los ciudadanos conocer y participar en los planes de recalificación de suelo. Mientras llega, el PSOE ha presentado su propio decálogo contra la corrupción. El PP no ha querido, de momento, llegar a un pacto global con el Gobierno. Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pide la creación de un órgano independiente dedicado en exclusiva a vigilar la especulación urbanística. Ya en el mes de abril, PSOE e IU pedían una Fiscalía especial para delitos urbanísticos…

Ciudadanos y ecologistas aplauden todas estas propuestas, aún no materializadas, mientras se preguntan: ¿Por qué ahora sí?

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